Corte de Guatemala ratifica toma de posesión de autoridades electas en Enero

Corte de Guatemala ratifica toma de posesión de autoridades electas en Enero

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máxima instancia judicial del país centroamericano, confirmó hoy que los funcionarios elegidos en las recientes elecciones deben asumir sus cargos en enero, según lo estipulado por la ley. Esta determinación surge en respuesta a una solicitud legal presentada por abogados para salvaguardar la democracia, contrarrestando los intentos del Ministerio Público por revertir el triunfo del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

En un comunicado oficial, el tribunal respaldó su decisión en aras de preservar el Estado de Derecho y garantizar el orden constitucional en el país. Esta resolución se produce tras una solicitud presentada por abogados particulares, y la sentencia final se oficializó este jueves.

A pesar de ello, la Corte estableció que su dictamen no obstaculiza cualquier investigación que la Fiscalía pretenda llevar a cabo o las facultades del Tribunal Supremo Electoral para investigar posibles irregularidades durante los comicios. Esta decisión aparentemente pone fin a los esfuerzos del Ministerio Público por revertir el resultado de las elecciones que llevaron a Arévalo de León a la presidencia.

Además, la Corte de Constitucionalidad instó al Congreso a garantizar la toma de posesión programada para el 14 de enero, que había sido puesta en peligro después de la solicitud del Ministerio Público de anular los comicios por presuntas irregularidades administrativas. También hizo un llamado al presidente actual, Alejandro Giammattei, para promover la unidad nacional.

La votación de la Corte fue de cuatro magistrados a favor del dictamen emitido y uno en contra. Desde julio pasado, la Fiscalía ha estado intentando anular el triunfo de Arévalo de León, quien, a pesar de haber sido colocado en octavo lugar en las encuestas, emerge con un fuerte discurso anticorrupción. En septiembre pasado, Arévalo de León denunció un supuesto «golpe de Estado» llevado a cabo por la fiscal general y otros actores corruptos en su contra.