División en Perú ante la posibilidad de imitar el modelo de seguridad de Bukele

División en Perú ante la posibilidad de imitar el modelo de seguridad de Bukele

El debate sobre cómo abordar la creciente inseguridad en Perú ha ganado urgencia en el país, con figuras políticas divididas en torno a la posibilidad de adoptar el modelo de seguridad implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Mientras algunos congresistas, ministros y alcaldes han expresado su apoyo a la implementación de este modelo, otros advierten sobre sus costos y cuestionan su aplicabilidad en el contexto peruano.

Según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 75 % de los ciudadanos peruanos se siente inseguro en las calles y el 42 % afirma haber sido víctima de la delincuencia desde 2020. Estas preocupantes cifras han impulsado la búsqueda de soluciones efectivas para abordar la crisis de seguridad en el país.

Uno de los enfoques propuestos para enfrentar la inseguridad proviene del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien sugiere imitar el modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele en El Salvador. Bajo el «Plan de Control Territorial» de Bukele, se ha decretado un estado de excepción y se ha encarcelado a miles de personas supuestamente vinculadas a pandillas, lo que ha llevado a una disminución de la tasa de homicidios en el país.

Sin embargo, críticos de esta propuesta argumentan que los resultados obtenidos por Bukele vienen acompañados de un alto costo en términos de derechos humanos y libertades individuales. Bajo su régimen, se han suspendido derechos como la libertad de asociación y el derecho a la defensa ante detenciones arbitrarias. Además, se han documentado desapariciones forzadas, torturas y más de 150 muertes bajo custodia estatal en El Salvador.

Mientras algunos políticos peruanos elogian el modelo de Bukele, otros han expresado dudas sobre su aplicabilidad en el contexto peruano. El exministro del Interior, Gino Costa, considera que el modelo de El Salvador es inaplicable debido a las diferencias en el tamaño y las dinámicas de la criminalidad entre ambos países. Argumenta que Perú no enfrenta la misma magnitud de organizaciones criminales que se encuentran en El Salvador y aboga por abordar la inseguridad desde otras perspectivas, como la persecución de mercados criminales y la inteligencia policial.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, también ha rechazado la idea de adoptar el modelo de Bukele y en su lugar propone un paquete de 30 normas para enfrentar el crimen en el país. Estas medidas incluyen la penalización del uso de celulares robados y la mejora de la eficiencia policial.

El debate en Perú sobre la adopción del modelo de seguridad de Bukele refleja tensiones entre la necesidad de abordar la inseguridad de manera efectiva y la importancia de respetar los derechos humanos y las libertades individuales. Mientras el país busca soluciones para su crisis de seguridad, la decisión sobre qué enfoque adoptar sigue siendo objeto de discusión en las esferas políticas y públicas.