Elecciones presidenciales en Guatemala marcadas por la exclusión de candidatos y llamados a combatir la delincuencia

Elecciones presidenciales en Guatemala marcadas por la exclusión de candidatos y llamados a combatir la delincuencia

Las elecciones presidenciales en Guatemala, la nación más poblada de América Central, se llevaron a cabo medio de la exclusión de importantes candidatos y llamados a tomar medidas enérgicas contra la delincuencia. La contienda, que contó con más de 20 candidatos, se espera que se defina en una segunda vuelta el próximo 20 de agosto entre los dos primeros lugares.

Desde el inicio de la campaña electoral, estas elecciones han estado marcadas por la exclusión de varios candidatos presidenciales importantes, percibidos como amenazas a la clase política y económica dominante. Esta decisión ha sido vista como otro ataque a la debilitada democracia guatemalteca. Bajo un gobierno cada vez más autoritario, el poder judicial ha forzado al exilio a decenas de fiscales y jueces dedicados a combatir la corrupción. Además, la libertad de prensa ha sido atacada, como lo demuestra el reciente caso del fundador de un periódico líder condenado a seis años de prisión por lavado de dinero, luego de exponer casos de corrupción.

Durante la campaña electoral, la carrera se redujo a tres candidatos principales que se adhieren al statu quo conservador. Sandra Torres, de 67 años, ex primera dama arrestada previamente por acusaciones de violaciones de financiación de campaña; Zury Ríos, de 55 años, hija de un dictador condenado por genocidio contra indígenas guatemaltecos; y Edmond Mulet, de 72 años, un exdiplomático que enfrenta cuestionamientos por su trabajo en la organización de adopciones de niños guatemaltecos por parte de familias canadienses.

A pesar de la exclusión de importantes candidatos y las preocupaciones sobre la erosión del Estado de derecho, las autoridades informaron que la jornada electoral transcurrió en su mayoría de manera tranquila. Sin embargo, hubo informes de violencia en el municipio de San José del Golfo, donde trabajadores de mesas electorales fueron detenidos, rociados con gasolina y amenazados con prenderles fuego antes de la intervención policial.

Además de los incidentes violentos, se reportaron otras irregularidades durante las elecciones. Observadores electorales denunciaron casos aislados de compra de votos y denuncias de amenazas y coerción. Las autoridades recibieron 208 denuncias en total, y al menos 31 personas fueron detenidas por violación a las leyes electorales.

La problemática de la delincuencia y la migración ha sido un tema central en la campaña electoral. Guatemala ha experimentado un aumento en los crímenes violentos, impulsados en parte por poderosas pandillas, y un alto costo de vida, lo que ha llevado a un incremento en el número de guatemaltecos que deciden abandonar el país. Los principales candidatos han propuesto emular las políticas de represión a las pandillas implementadas en El Salvador, buscando así combatir la delincuencia en Guatemala.

Además de las cuestiones de seguridad, cada uno de los candidatos también ha presentado propuestas para abordar las dificultades económicas en Guatemala, donde más del 59% de la población vive en la pobreza. La falta de oportunidades económicas es uno de los principales factores que impulsan la migración. En este sentido, Sandra Torres ha prometido ampliar las transferencias de efectivo y la asistencia alimentaria a las familias de bajos recursos.

Aunque las elecciones en Guatemala han sido elogiadas en la última década por sus esfuerzos para frenar la corrupción, la desmantelación de iniciativas anticorrupción en los últimos años ha generado preocupación. Además, a pesar de la impopularidad del actual presidente Alejandro Giammattei debido al aumento de los crímenes violentos y el alto costo de vida, los candidatos líderes en la contienda son en su mayoría conservadores, lo que sugiere una continuidad con la clase política dominante del país.

Con el país sumido en una crisis política y social, los votantes guatemaltecos esperan que el próximo presidente tome medidas enérgicas para fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción y abordar los problemas de seguridad y pobreza que afectan al país.