Esquema de malversación en la Asamblea Nacional llevaría a prisión a exdiputado Miller y otros seis implicados

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá sentenció a siete personas, incluyendo al exdiputado Mario Miller, por los delitos de peculado y falsedad documental en perjuicio de la Asamblea Nacional.

La jueza Agueda Rentería emitió la sentencia número 105, en la cual se dictaminan penas de hasta 13 años de prisión y se detalla un esquema de corrupción que comprometió los fondos públicos destinados a ayudas sociales.

Miller, quien había sido separado de su partido político Cambio Democrático para enfrentar el proceso judicial, fue condenado a 13 años de cárcel junto a una cómplice, Erendira González Fuentes. Otro implicado, Edith Isolina Navarro, recibió una pena de ocho años como cómplice primaria. Los restantes acusados, Maricela Araúz Acosta, Isabel María Araúz, María del Carmen Araúz e Ismael Ovidio Frías, deberán cumplir sentencias de siete años cada uno.

La condena también contempla la inhabilitación de los implicados para ocupar cargos públicos por un periodo igual a la duración de sus penas, que comenzará una vez que completen su tiempo en prisión.

La investigación, que se originó en 2014 tras una denuncia pública, expuso cómo Miller y sus colaboradores crearon contratos falsos de servicios profesionales a nombre de personas fallecidas o analfabetas, quienes supuestamente recibían los fondos. Estos contratos, que no cumplían con los requisitos del Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea, permitieron la emisión de cheques de altas sumas de dinero, los cuales eran depositados en cuentas sin relación con la entidad gubernamental.

El caso desató un proceso de auditoría en varias juntas comunales y municipios, revelando el uso irregular de fondos asignados a programas sociales. Según informes de la Contraloría General, se identificaron facturas falsas y la ausencia de justificaciones fiscales para millones de dólares. En total, el entonces contralor Federico Humbert señaló que entre 2009 y 2014 se manejaron irregularmente más de 247 millones de dólares a través de las planillas 080 y 172 de la Asamblea Nacional.