Familia de Fernando Villavicencio demanda al gobierno ecuatoriano por omisión dolosa en su asesinato

Familia de Fernando Villavicencio demanda al gobierno ecuatoriano por omisión dolosa en su asesinato

Los familiares de Fernando Villavicencio, candidato presidencial víctima de un atentado en Ecuador, han emprendido una demanda legal contra el gobierno y altos mandos policiales acusándolos de «asesinato por omisión dolosa». Según el abogado Marco Yaulema, quien representa a la familia, las instituciones no garantizaron la protección adecuada del experiodista, a pesar de que había sido amenazado en múltiples ocasiones debido a sus denuncias periodísticas incómodas.

El abogado señaló que el candidato había recibido amenazas por sus investigaciones y debió haber tenido un esquema de seguridad más robusto el día del atentado, el 9 de agosto, cuando fue baleado por un sicario colombiano. Yaulema responsabiliza directamente al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, al ministro del Interior, Juan Zapata, al comandante de la Policía, general Fausto Salinas, y al jefe de inteligencia, Manuel Samaniego, por no brindar la protección adecuada.

El abogado afirma que fallas en el operativo de seguridad facilitaron el asesinato. Un video muestra cómo el candidato sube a una camioneta sin blindaje por el lado derecho, mientras que un pistolero -identificado como colombiano- dispara tres veces, asesinando a Villavicencio. Aunque el sicario intentó escapar, fue abatido por los guardaespaldas del político.

La familia denuncia que el candidato no tenía suficientes custodios y que el conductor del vehículo no estaba en su lugar. Yaulema insiste en que el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato presidencial y rechaza las denuncias del Ministerio de Gobierno, que pidió evitar politizar el caso y permitir avanzar en las investigaciones.

Villavicencio y su colega Christian Zurita, periodista y amigo cercano, destaparon numerosos casos de corrupción y vínculos entre la fuerza pública y grupos delictivos en Ecuador. La pesquisa más destacada involucró al expresidente Rafael Correa y su presunta vinculación con empresarios para financiar su campaña presidencial a cambio de contratos estatales. Correa, quien se encuentra en el exilio, niega las acusaciones.

Zurita, quien reemplazará a Villavicencio en la fórmula presidencial para las elecciones, ha señalado que sospecha que el crimen organizado transnacional está detrás del asesinato. Antes de su muerte, Villavicencio había denunciado amenazas por parte de «Fito» Macías, líder del grupo criminal «Los Choneros», vinculado al cartel narcotraficante de Sinaloa y disidentes de las FARC colombianas.