Hermano de la presidenta Dina Boluarte enfrenta pedido de prisión preventiva por 36 meses

Hermano de la presidenta Dina Boluarte enfrenta pedido de prisión preventiva por 36 meses

La Fiscalía de Perú ha solicitado una medida de prisión preventiva de 36 meses para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, así como para Mateo Castañeda, abogado de la mandataria. Esta solicitud surge en el marco de una investigación que involucra a ambos en una presunta red de tráfico de influencias y otras actividades delictivas.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público es el encargado de llevar adelante esta investigación, la cual ha señalado a Nicanor Boluarte como el supuesto líder de una organización criminal que habría utilizado su influencia para beneficiarse y favorecer al partido político Ciudadanos por el Perú, en particular mediante la designación de prefectos y subprefectos en diversas regiones del país.

Nicanor Boluarte ya había sido detenido el pasado mes de mayo, junto con otros implicados, pero fue liberado después de una semana tras no encontrarse evidencias suficientes que justificaran un riesgo de fuga o de obstaculización del proceso judicial en curso. No obstante, la Fiscalía ha continuado con la investigación y ahora ha presentado nuevas pruebas que han motivado la solicitud de prisión preventiva.

El abogado de Boluarte, Luis Vivanco, ha calificado la solicitud del Ministerio Público como una «obsesión procesal» y ha defendido que su cliente ha demostrado arraigo familiar y laboral, por lo que no existe riesgo de fuga. Además, insistió en que no hay fundamentos sólidos para imponer una medida tan severa como la prisión preventiva.

La audiencia judicial en la que se evaluará esta solicitud está programada para este viernes a las 14:30 horas, momento en el que se determinará si Boluarte y Castañeda deberán enfrentar su proceso judicial desde la cárcel o en libertad.

El caso, denominado «waykis en la sombra» (en referencia a la palabra quechua que significa «amigos»), ha generado gran atención mediática debido a la implicación de personas cercanas al entorno de la presidenta Dina Boluarte, lo que ha añadido una dimensión política a la ya delicada situación judicial.

Nicanor Boluarte, por su parte, ha negado categóricamente las acusaciones en su contra, afirmando que no pertenece a ninguna organización criminal y que el tiempo demostrará su inocencia. En su declaración, resaltó que es el principal sostén de su hogar y que su actividad económica es completamente legítima y verificable.

La decisión de la Justicia peruana en este caso será determinante, no solo para el futuro de los involucrados, sino también para la estabilidad del entorno político de la actual administración, que enfrenta este escándalo en medio de un clima de creciente tensión social y política en el país.