ICE permite entrar a viviendas sin orden judicial y reaviva debate constitucional en E. U.

Una instrucción interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha encendido alertas entre juristas, defensores de derechos civiles y legisladores en Estados Unidos, al autorizar a los agentes federales a ingresar en viviendas sin una orden judicial. Especialistas en derecho constitucional advierten que la medida supone un quiebre frontal con las garantías históricas de la Cuarta Enmienda, pilar central de la protección de la privacidad y las libertades individuales en el país.

El memorando, emitido en mayo de 2025 y conocido recientemente tras una denuncia interna revelada por Associated Press, habilita el uso de órdenes administrativas —emitidas dentro del poder ejecutivo— para entrar por la fuerza a propiedades privadas. Esta facultad, tradicionalmente reservada a órdenes judiciales firmadas por jueces independientes, representa un cambio sustancial en la práctica de la aplicación de las leyes migratorias.

Hasta ahora, las autoridades federales distinguían claramente entre ambos tipos de órdenes. Las judiciales permiten registros y allanamientos en domicilios o áreas no públicas, mientras que las administrativas, de menor umbral legal, solo autorizan arrestos en espacios públicos. Pese a ello, la mayoría de las detenciones migratorias se realizan bajo órdenes administrativas, un mecanismo que durante años ha sido considerado insuficiente para justificar ingresos forzados a viviendas.

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Para expertos consultados por CNN, el nuevo criterio rompe con una línea jurídica que antecede incluso a la fundación de Estados Unidos. “Se trata de uno de los principios más antiguos y fundamentales del derecho estadounidense”, señaló Mark Graber, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Maryland, al cuestionar que se relativicen las primeras diez enmiendas que conforman la Carta de Derechos.

El memorando establece que las órdenes administrativas pueden ser firmadas por agentes de ICE una vez que un juez de inmigración emite una orden final de deportación. Sin embargo, estos jueces forman parte del Departamento de Justicia y dependen jerárquicamente del Ejecutivo, lo que, según especialistas, elimina el control independiente que distingue a una orden judicial. “Es equiparable a permitir que quien investiga y arresta redacte también su propia autorización para registrar una casa”, explicó Emmanuel Mauleón, profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Minnesota.

A diferencia de ajustes graduales observados en el pasado, analistas coinciden en que esta directiva representa una ruptura abrupta. “No es una erosión progresiva; es cruzar un umbral”, sostuvo Mauleón, al advertir que el documento plantea que las protecciones constitucionales no aplican plenamente a las detenciones migratorias ni al Departamento de Seguridad Nacional.

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El DHS defendió la política al señalar que las personas sujetas a órdenes administrativas ya han pasado por un proceso legal y cuentan con una orden final de deportación. No obstante, datos oficiales muestran que cientos de miles de estas órdenes se dictan en ausencia, tras incomparecencias ante tribunales de inmigración, lo que ha reforzado las críticas sobre la solidez del debido proceso.

El alcance del memorando también generó inquietud dentro de la propia agencia. A diferencia de otras modificaciones relevantes, el documento no fue distribuido formalmente a las oficinas de campo de ICE y, en algunos casos, se comunicó solo de manera verbal. Varios funcionarios supieron de su existencia únicamente tras la publicación del informe periodístico.

Tras conocerse la instrucción, legisladores demócratas y organizaciones civiles exigieron explicaciones. El senador Richard Blumenthal solicitó la comparecencia de las máximas autoridades del DHS e ICE ante el Congreso, mientras que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la medida como un ataque directo a la libertad y la privacidad de todos los estadounidenses.

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Desde la administración Trump, un funcionario aseguró que la directriz no autoriza allanamientos indiscriminados. Sin embargo, críticos señalan que la medida se suma a meses de operativos migratorios caracterizados por tácticas agresivas y escaso control externo. Para Kathleen Bush-Joseph, analista del Migration Policy Institute, la política refleja una visión que considera a los inmigrantes como una amenaza, empujando a las agencias federales a probar límites legales que antes no se habían cruzado de esta forma.