Investigación penal tras interrupción de entrevistas en caso de enriquecimiento contra exvicepresidente Carrizo

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación penal tras un incidente ocurrido durante una diligencia clave en el proceso que se sigue contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo por presunto enriquecimiento injustificado.

El hecho, reportado la noche del jueves 9 de abril, fue puesto en conocimiento del Ministerio Público por una fiscal superior Anticorrupción. Según la denuncia, funcionarios de la Contraloría General de la República habrían ingresado de forma inesperada a un despacho donde se desarrollaban entrevistas a auditores, lo que habría provocado la interrupción del procedimiento.

De acuerdo con la información oficial, los auditores estaban siendo entrevistados en calidad de testigos dentro de una investigación en curso. La diligencia formaba parte de las actuaciones que adelanta la Fiscalía Anticorrupción en torno al presunto incremento patrimonial no justificado del exvicepresidente.

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La intervención denunciada, según el comunicado, impidió que las entrevistas pudieran completarse. Hasta ahora, no se han dado detalles sobre el nivel o cargo de los funcionarios de la Contraloría señalados en este episodio.

Este nuevo capítulo se suma al proceso judicial que enfrenta Carrizo desde finales de enero, cuando una juez de garantías le imputó cargos y le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario.

Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que, durante su gestión entre 2019 y 2024, el exvicepresidente habría reportado ingresos por 7.1 millones de dólares. No obstante, al cierre de su mandato, sus bienes declarados superaban los 9 millones, lo que representa una diferencia de 1.9 millones que no ha sido justificada.

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Este señalamiento se sustenta en un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, documento que constituye una de las principales piezas dentro del expediente que lleva la Fiscalía.

La nueva investigación busca ahora determinar si hubo interferencia indebida en el desarrollo de las diligencias y establecer las responsabilidades correspondientes.