A pocos días del inicio del juicio a 25 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales en el caso de sobornos de Odebrecht, el proceso enfrenta un obstáculo importante: el Juzgado Primero Liquidador
Juicio del caso Odebrecht arrancará con pruebas claves pendientes de asistencia judicial
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | enero 14, 2025A pocos días del inicio del juicio a 25 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales en el caso de sobornos de Odebrecht, el proceso enfrenta un obstáculo importante: el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales aún no ha recibido una asistencia judicial esencial desde Brasil. Este documento incluye declaraciones de exdirectivos de la constructora brasileña sobre los movimientos de fondos que fueron utilizados para sobornar a funcionarios panameños.
La jueza Baloisa Marquínez, quien lidera el juicio, ha aceptado como pruebas diversas asistencias judiciales enviadas a países como Andorra, Suiza, México, Estados Unidos y Brasil. Estas forman parte del arsenal probatorio de la Fiscalía Anticorrupción, que busca establecer la conexión de los imputados con los pagos corruptos realizados por Odebrecht, que ascendieron a más de $59 millones entre 2010 y 2014, según un acuerdo firmado en 2016 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El juicio, originalmente fijado para el 12 de diciembre, fue reprogramado para el 20 de enero debido a demoras en la recepción de respuestas a solicitudes judiciales dirigidas a México y Estados Unidos. Además, el tribunal continúa evacuando oficios y diligencias relacionadas con el proceso.
En paralelo al juicio penal, el Estado panameño ha presentado una demanda civil contra los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), señalándolos como responsables de daños materiales y morales al país. La demanda también abarca a los hijos de Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, quienes confesaron en Estados Unidos haber recibido sobornos de Odebrecht. Sin embargo, debido a su estatus de suplentes en el Parlamento Centroamericano, solo la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de procesarlos.
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