Panamá reclama celeridad: la justicia que no llega en casos de corrupción

Periodistas y analistas debaten sobre la justicia panama lentitud investigaciones en casos de corrupción. Denuncias archivadas, procesos estancados y preguntas sin respuesta.
Panamá reclama celeridad: la justicia que no llega en casos de corrupción

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | mayo 8, 2026 08:02 UTC-5
PANAMA EN DIRECTO - Panamá reclama celeridad: la justicia que no llega en casos de corrupción

Cuatro años. Eso es lo que ha pasado desde que se presentó una denuncia penal en contra de la rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá por supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Cuatro años en los que la justicia panama lentitud investigaciones se ha convertido en una frase que resume la frustración de periodistas, analistas y ciudadanos que ven cómo los casos de corrupción avanzan a paso de tortuga, si es que avanzan.

El debate que sacudió las ondas de Panamá en Directo este viernes 8 de mayo de 2026 no fue sobre un caso aislado. Fue sobre un patrón. Un patrón que se repite en la Procuraduría, en la Contraloría, en los juzgados. Mientras algunos casos permanecen archivados o dormidos, otros avanzan con velocidades distintas dependiendo de quién esté detrás. Y eso, precisamente eso, es lo que indigna.

La denuncia que no avanza

Guido Alejandro Rodríguez Lugarí, abogado y exfiscal de cuentas, presentó en 2022 una denuncia penal contra la rectora de la Universidad Tecnológica. Estamos en 2026. Nadie sabe qué pasó con esa denuncia. No hay comunicación oficial. No hay un «seguimos investigando». No hay un «desestimamos el caso». Simplemente, silencio.

Ese silencio es el que genera especulación. Y la especulación, como señaló el periodista Gonzalo Martínez en el programa, es lo que abre la puerta a la desconfianza institucional. Si el Ministerio Público no comunica nada, ¿está trabajando o está durmiendo el caso?

La justicia panama lentitud investigaciones no es un problema nuevo. Pero cuando se trata de casos que involucran a funcionarios públicos de alto perfil, la lentitud se convierte en algo más que ineficiencia. Se convierte en una pregunta sobre el Estado de Derecho.

El cuarto puente: 295 millones más

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional se confirmó que el cuarto puente tendrá una deuda adicional de 295 millones de dólares. El cambio en un intercambiador, explicó el viceministro de Obras Públicas, elevó el costo total del proyecto a 2.387 millones de dólares. La finalización pasó de octubre a una fecha indefinida.

Pero aquí viene lo que genera más preguntas: ¿por qué ese cambio? ¿Quién lo autorizó? ¿Hubo negligencia administrativa? Esas preguntas fueron presentadas en una denuncia admitida por el Ministerio Público el 11 de agosto del año pasado. Diez meses después, nada.

El exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, está en el centro de estas interrogantes. Pero mientras pasan los meses, la justicia panama lentitud investigaciones sigue siendo la constante.

Las licitaciones que bajan de precio

Hay otro caso que ilustra bien el problema. La licitación para el mantenimiento de la Cinta Costera y la Calzada Amador. En el gobierno anterior, se otorgó por 33 millones de dólares para tres años. El actual Ministerio de Obras Públicas sacó a licitación el mismo servicio y lo valuó en 23 millones. Diez millones de dólares menos.

¿Cómo es posible que en tres años, el mismo ente ejecutor, el mismo servicio, baje 10 millones de dólares? Eso genera preguntas legítimas. Y esas preguntas merecen respuestas. Pero mientras tanto, hay una impugnación de por medio. La empresa que tenía la concesión anterior no quiere soltar el hueso.

Tres empresas están interesadas: Consorcio Secoxa, Consorcio Cinta Costera y Consorcio S.C. Cinta Costera y Calzada Amador. Los nombres están ahí. Las preguntas también. Pero las respuestas siguen esperando.

La Universidad Tecnológica: un caso de no creer

Volvamos a la Universidad Tecnológica de Panamá. La rectora Etelvina Mora ha sido noticia por años. Primero fue el aumento de salario en pleno COVID. Luego, el nepotismo. Después, la deuda de 12.5 millones de dólares al Seguro Social. Hace poco, conversaciones contrarreloj con el Ministerio de Economía y Finanzas para conseguir fondos.

¿Cuántas denuncias hay en contra de la rectora? ¿Cuántas investigaciones periodísticas? ¿Cuántos reportes de la Contraloría? Y sin embargo, la señora sigue sentada en la silla. Eso no es solo un problema de justicia panama lentitud investigaciones. Es un problema de gobernanza institucional.

La pregunta que nadie puede responder es: ¿qué poder tiene la rectora para que esto sea escándalo tras escándalo, gobierno tras gobierno, y nada cambie?

El debate sobre los tiempos de la justicia

Durante el programa, la abogada y analista María Cristina Ramírez hizo un punto válido: los tiempos de la justicia no son los tiempos de los medios. Los procesos son complejos. La evidencia debe ser robusta. No se puede acelerar la justicia solo porque la sociedad lo pide, porque eso también genera injusticias.

Pero Gonzalo Martínez contraargumentó: no se trata de pedir que metan preso a alguien inmediatamente. Se trata de pedir comunicación. Un «seguimos investigando». Un «hemos recibido tal documentación». Algo que indique que el caso no está dormido.

El profesor Edwin Cabrera añadió un dato inquietante: en treinta y tantos años de democracia, solo un procurador ha cumplido cabalmente sus diez años. Uno. Los otros han sido fugaces, reemplazados constantemente. Eso no dice bien.

El modelo de la ACP como referencia

¿Cómo se construye una justicia que funcione? El programa mencionó el modelo de la Autoridad del Canal de Panamá. La ACP no tiene control previo de la Contraloría. Tiene control posterior. Y funciona mejor. ¿Por qué? Porque tiene a las personas correctas, porque hace la contratación de manera correcta, porque tiene instituciones de gobernanza internas que el Estado panameño no tiene.

Pero cuando se habla de reformar el modelo de control en el Estado, la gente se queja. Porque sabe que eso significa cambiar nombramientos políticos, cambiar la manera en que se eligen los funcionarios públicos. Y eso es incómodo para muchos.

La especulación que genera el silencio

Lo que quedó claro en el debate es que la justicia panama lentitud investigaciones no solo es un problema de capacidad o de recursos. Es un problema de comunicación institucional. Cuando el Ministerio Público no dice nada, cuando la Contraloría no dice nada, cuando los juzgados no dicen nada, la gente especula. Y la especulación es lo que mata la confianza en las instituciones.

Porque si no hay comunicación, ¿cómo sabe la ciudadanía si el caso está siendo investigado o si está siendo enterrado? ¿Cómo sabe si hay presiones políticas detrás o si simplemente hay incapacidad institucional?

El periodista Icar Reyes fue claro: «Yo no estoy pidiendo que ventilen los casos. Yo estoy pidiendo que comuniquen algo. Así sea: se hizo una solicitud de declarar causa compleja por los tiempos procesales. Se han llevado cuantas diligencias. Ya hemos recibido tal documentación. Eso se puede entender».

La sanción social y el Estado de Derecho

Hubo otro debate interesante: ¿quién es el juez de la sanción social? Si una persona es investigada por corrupción pero luego es exonerada, ¿tiene derecho a que se borre el estigma? ¿O la sociedad tiene derecho a juzgarla eternamente?

Eso es complejo. Porque en Panamá ha habido casos donde se ha jugado con la justicia. Donde se han cancelado juicios. Donde se han cometido injusticias en nombre de la «celeridad».

Pero también es cierto que hay casos donde la justicia simplemente no llega. Donde pasan años y no hay respuestas. Donde la corrupción queda impune porque el sistema no funciona.

El reclamo de una justicia que funcione

Al final, el debate de este viernes fue sobre eso: sobre la necesidad de una justicia que funcione. No una justicia expedita que cometa injusticias. Pero tampoco una justicia que se duerma en los casos de corrupción.

Porque cuando la justicia panama lentitud investigaciones se convierte en la norma, cuando los casos avanzan a paso de tortuga o no avanzan, cuando hay silencio institucional, entonces la pregunta que surge es: ¿tenemos realmente Estado de Derecho?

Esa es la pregunta que quedó flotando en el aire. Y es una pregunta que merece respuesta.


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