La justicia en Panamá: entre reclamos de celeridad y tecnicismos que paralizan

Analiza por qué la justicia en Panamá no avanza en casos de corrupción. Expertos debaten sobre la capacidad del ministerio público, recursos y presiones políticas que frenan investigaciones.
La justicia en Panamá: entre reclamos de celeridad y tecnicismos que paralizan

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | mayo 8, 2026 08:04 UTC-5
PANAMA EN DIRECTO - La justicia en Panamá: entre reclamos de celeridad y tecnicismos que paralizan

En Panamá, la pregunta que resuena cada viernes en las cabinas de radio es la misma: ¿cuándo actuará el Ministerio Público? No es una pregunta nueva. Tampoco es ingenua. Es el reflejo de una frustración que atraviesa la sociedad panameña cuando ve cómo investigaciones abiertas hace años siguen dormidas en expedientes, mientras funcionarios públicos acusados de corrupción continúan en sus cargos como si nada hubiera pasado.

Este viernes, en el programa matutino de Arcamidia, el debate sobre justicia panama ministerio publico llegó a su punto más álgido. Los conductores y sus invitados no hablaban de teoría. Hablaban de casos concretos, números que no cierran, y silencios institucionales que gritan más que cualquier sentencia.

El cuarto puente: 295 millones de deuda nueva sin respuestas

El viceministro de Obras Públicas confirmó lo que muchos sospechaban: el cuarto puente, ese proyecto que debería conectar la ciudad, tiene una deuda adicional de 295 millones de dólares. El costo total alcanza 2.387 millones. La razón: un cambio en un intercambiador que nadie explica con claridad a los ciudadanos.

Pero aquí viene lo que importa: ¿por qué una modificación de esa magnitud no fue detectada antes? ¿Quién autorizó ese cambio? ¿Hubo negligencia administrativa? El exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, enfrenta una denuncia admitida por el Ministerio Público desde agosto del año pasado. Estamos en mayo de 2026. Diez meses después, el silencio es ensordecedor.

«Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Vamos a 10 meses. ¿Eso es el tiempo que se tiene que tomar? ¿Hay que esperar más?»

La pregunta es legítima. En Panamá, cuando un particular no paga el seguro social, la ley actúa rápido. Las cuentas bancarias se cautela. Pero cuando se trata de funcionarios públicos y deudas de cientos de millones, los tiempos se estiran como chicle.

La Universidad de Panamá y sus 12.5 millones sin explicación

Mientras tanto, la Universidad de Panamá (UNHC) mantiene conversaciones «contrarreloj» con el Ministerio de Economía y Finanzas para conseguir fondos que cubran una deuda de 12.5 millones de dólares al Seguro Social. Esto ocurre una semana antes de pagar la quincena del personal.

¿Cómo una institución del Estado llega a acumular semejante deuda? ¿Cómo es posible que la rectora Etelvina Mora siga en su cargo después de escándalos que van desde nepotismo hasta malversación de fondos? Las denuncias existen. Las investigaciones periodísticas existen. Pero la justicia panama ministerio publico no se mueve.

Un oyente escribió algo que resume el sentimiento: «A lo largo de la historia republicana, con excepción del período de Chinchorro Carles, la Contraloría jamás ha parado la corrupción, sino todo lo contrario. El control previo se ha convertido en una fuente de corrupción donde los contralores cobran por refrendar.»

¿Capacidad o voluntad política?

Los expertos en la cabina debatieron si el problema es de capacidad o de voluntad. La Procuraduría recibe denuncias a diario. El Ministerio Público tiene múltiples investigaciones abiertas. Pero, ¿cuántos procuradores han cumplido sus 10 años de mandato en los últimos 30 años de democracia? Uno. Solo uno: José Antonio Sosa.

Los demás han sido fugaces. Anabel Salas, Ayuprado, y otros cuya permanencia fue tan breve que pareciera que alguien los removía cuando comenzaban a tocar temas incómodos. Durante la administración Martinelli, hubo como cinco procuradores en cinco años.

La Contraloría, por su parte, ha entregado nueve casos de enriquecimiento ilícito ante el Ministerio Público. Nombres de alto perfil: directivos de Panama Ports, miembros de juntas directivas de empresas estatales. Pero mientras eso ocurre, el Ministerio Público anda «detrás de los representantes de corregimiento», como señaló un oyente con sarcasmo.

El dilema entre celeridad y justicia

Aquí es donde el debate se pone complejo. Algunos argumentan que presionar por celeridad en la justicia puede llevar a injusticias. Que los procesos son técnicos, que se necesita evidencia robusta, que no se pueden ventilar carpetas judiciales por presión mediática.

Es válido. Pero también es cierto que en Panamá hemos visto casos donde la justicia se acelera cuando conviene políticamente, y se paraliza cuando no. Ricardo Martinelli fue absuelto en juicio ante la Corte Suprema después de que se le cancelaran múltiples procesos. ¿Fue justicia o fue política?

La pregunta que nadie responde es: ¿cuál es el tiempo razonable? ¿Diez meses para una denuncia de negligencia administrativa en un proyecto de 2.387 millones de dólares es aceptable? ¿Cuatro años para una denuncia contra la rectora de una universidad es normal?

El modelo de la ACP como referencia

En el programa mencionaron repetidamente a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como modelo de gobernanza. ¿Por qué funciona la ACP? Porque tiene personas correctas, contratadas de manera correcta, con instituciones de gobernanza internas que el Estado panameño no tiene. Porque no está sujeta al control previo de la Contraloría, que en Panamá se ha convertido en un cuello de botella que atrasa proyectos y genera corrupción.

Pero cuando se sugiere aplicar ese modelo a otras instituciones, la respuesta es siempre la misma: «Eso es muy complicado. La burocracia no lo permite. Los tiempos de la justicia no son los tiempos de los medios.»

Lo que falta: comunicación institucional

Uno de los puntos más interesantes del debate fue la falta de comunicación del Ministerio Público. No se pide que ventile carpetas judicales. Se pide, simplemente, que levante la mano y diga: «Seguimos investigando. Hemos recibido documentación. Se han llevado tales diligencias. Declaramos la causa compleja por los tiempos procesales.»

Eso no es ventilar un caso. Es ser transparente. Es decirle a la ciudadanía que el Estado está trabajando, aunque sea lentamente. Porque cuando no hay comunicación, la especulación llena el vacío. Y cuando la especulación llena el vacío, la gente pierde fe en las instituciones.

El costo de la inacción

Mientras tanto, Panamá sigue adelante. El aeropuerto Tocumén movió 41 millones de turistas en tres meses. Las finanzas públicas se han tomado en serio bajo el liderazgo del ministro Chapman. Hay cosas que funcionan. Pero hay un costo invisible: la desconfianza.

Cuando un ciudadano ve que la justicia no actúa contra funcionarios públicos acusados de corrupción, pero sí actúa rápido contra un particular que no paga el seguro social, algo se quiebra en la fe democrática. Cuando ve que una rectora universitaria acumula deudas de millones y sigue en su cargo, mientras otros pierden sus empleos por deudas menores, la pregunta ya no es si hay corrupción. La pregunta es si hay Estado de Derecho.

Y esa pregunta, en Panamá, sigue sin respuesta clara. La justicia panama ministerio publico continúa su marcha lenta, mientras los ciudadanos esperan, como dijo uno de los conductores, «sentados con una piña colada» a que alguien, en algún momento, haga su trabajo.


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