La UE revisa su lista de blanqueo e incluye Panamá entre los países que podrían ser excluidos

La Comisión Europea plantea sacar a Panamá y otras siete jurisdicciones de su listado de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La Comisión Europea ha recomendado este martes la exclusión de Panamá de su lista de jurisdicciones con alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La propuesta, que también afecta positivamente a territorios como Gibraltar, Barbados y los Emiratos Árabes Unidos, deberá ser revisada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de su entrada en vigor.

El listado, que se actualiza periódicamente, identifica a países cuya regulación presenta fallos estructurales en la prevención de delitos financieros internacionales. Aunque no implica sanciones automáticas, la inclusión supone que bancos y entidades europeas deben aplicar controles reforzados a cualquier transacción con contrapartes ubicadas en dichos territorios.

Además de Panamá, la Comisión plantea retirar de la lista a Jamaica, Filipinas, Senegal y Uganda. En contraste, propone incluir a once nuevos países: entre ellos Venezuela, Argelia, Líbano, Mónaco y Kenia, por considerar que sus sistemas actuales no ofrecen suficientes garantías para prevenir operaciones ilícitas.

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La recomendación se sustenta en un riguroso examen técnico, nutrido por datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), visitas de evaluación y consultas bilaterales. Este nuevo enfoque responde también a las preocupaciones que había expresado el Parlamento Europeo en 2024, cuando se opuso a una propuesta previa que ya planteaba retirar a Panamá y otros países de la lista.

En aquel entonces, los eurodiputados cuestionaron que algunos de los países propuestos no mostraban avances concretos en impedir la evasión de sanciones relacionadas con la guerra en Ucrania. En el caso de Panamá, se destacaron dudas sobre la aplicación efectiva de medidas contra estructuras opacas y jurisdicciones de conveniencia.

Ahora, con un panorama diferente y tras nuevas evaluaciones, la Comisión considera que Panamá ha hecho progresos significativos en su marco normativo y operativo, por lo que sugiere que ya no requiere ser sometido al escrutinio reforzado.

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La propuesta no será definitiva hasta que se cumpla un plazo de revisión parlamentaria de al menos un mes, prorrogable a dos. Si no hay objeciones, la nueva lista se adoptará de forma automática.

Para Panamá, la medida representa un avance en su proceso de normalización ante los organismos internacionales y podría allanar el camino para mejorar su reputación en los mercados financieros y reforzar su posición en tratados bilaterales y multilaterales.