MOP presenta denuncia penal por sobrecostos en el Cuarto Puente y el túnel del Metro

Una cifra escalofriante sacudió este miércoles la sede del Ministerio Público: $1,840 millones. Ese es el monto que, según el actual ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, podría costarle al Estado panameño una cadena de decisiones técnicas, administrativas y políticas que afectaron dos de los megaproyectos de infraestructura más ambiciosos del país: el Cuarto Puente sobre el Canal y el túnel de la Línea 3 del Metro.

Andrade llegó al Ministerio Público con una denuncia penal en mano. En ella, acusa a la pasada administración —específicamente a los exministros Rafael Sabonge (MOP) y Héctor Alexander (Economía y Finanzas)— de incurrir en actos que habrían derivado en un «manejo negligente» de ambos proyectos.

En su comparecencia ante los medios, Andrade no ahorró señalamientos: sostuvo que la modificación unilateral del diseño del Cuarto Puente, que inicialmente debía incorporar el monorriel de la Línea 3, generó una cadena de consecuencias costosas. Al excluir ese componente, dijo, se obligó al Metro de Panamá a buscar una nueva solución: la construcción de un túnel bajo el Canal. Una obra de enorme complejidad, cuya factura preliminar asciende a $1,145 millones.

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Pero el golpe al erario público no terminó allí. Según Andrade, solo el Cuarto Puente —cuyo diseño original se licitó por alrededor de $1,300 millones— aumentó $128 millones adicionales por rediseños, a los que se suman otros $566 millones en concepto de financiamiento.

“Con los $1,840 millones que costará esta reestructuración podríamos construir 36 mil viviendas de interés social o más de seis mil kilómetros de carreteras”, afirmó el ministro, en un intento por dimensionar el impacto económico del desajuste.

La denuncia del MOP también solicita a la Contraloría General de la República una auditoría técnica y financiera completa. El objetivo: establecer responsabilidades, cuantificar las pérdidas y esclarecer por qué se tomaron decisiones que, a juicio del gobierno actual, no solo fueron innecesarias, sino contraproducentes.

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Aunque los señalados aún no han emitido una respuesta oficial, el caso abre un nuevo capítulo en la disputa política sobre el manejo de obras públicas durante el gobierno anterior. El túnel y el puente, dos infraestructuras que aún no se concluyen, podrían convertirse en símbolos de lo que no se debe hacer —o, al menos, de lo que se debe explicar mejor.