PPC cuestiona fallo de la Corte y evalúa acciones legales

Panama Ports Company (PPC) expresó su desacuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, al considerar que la decisión carece de fundamento jurídico y pone en riesgo la estabilidad legal del país.

En un comunicado emitido tras conocerse la decisión del Órgano Judicial, la empresa sostuvo que el fallo es incompatible con el marco jurídico vigente y con la ley que aprobó el contrato que ha servido de base para sus operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas.

Horas antes, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia informó que, durante su sesión ordinaria del 29 de enero de 2026, resolvió declarar inconstitucionales la Ley 5 de 1997, sus adendas y el acto de prórroga relacionados con el contrato de concesión otorgado a PPC. La decisión se produjo tras la deliberación de dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la normativa que regula la concesión portuaria.

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De acuerdo con el comunicado del Órgano Judicial, las leyes anuladas guardan relación directa con el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, carga general, pasajeros, Ro-Ro y carga a granel en Balboa y Cristóbal.

PPC recordó que, en 28 años de operación, la empresa y su inversionista han invertido más de 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, cifra que —según destacó— supera ampliamente la realizada por cualquier otro operador portuario en el país y ha generado miles de empleos directos e indirectos.

La compañía aseguró además que la concesión fue producto de una licitación internacional transparente y que ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el propio Estado.

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En su pronunciamiento, PPC advirtió que el fallo no solo afecta su contrato, sino que compromete el estado de derecho, la seguridad jurídica y la reputación de Panamá como centro logístico confiable a nivel internacional. Asimismo, afirmó que la decisión es contraria a precedentes emitidos por la propia Corte Suprema en contratos de naturaleza similar.

Finalmente, la empresa indicó que se reserva todos los derechos legales, incluyendo la posibilidad de recurrir a instancias nacionales e internacionales, al tiempo que reiteró su disposición a mantener el diálogo y la cooperación con el Estado panameño para evitar disrupciones en la actividad portuaria y proteger la continuidad de los servicios.