Renuncia de directiva del CNE en Venezuela evidencia radicalización institucional de cara a las elecciones de 2024

Renuncia de directiva del CNE en Venezuela evidencia radicalización institucional de cara a las elecciones de 2024

En Venezuela, el Parlamento, controlado por el chavismo gobernante, ha anunciado la designación de una nueva autoridad electoral tras la renuncia de la directiva actual. Este hecho ha llevado a los analistas a reafirmar la afirmación de que Nicolás Maduro no tiene intenciones de abandonar pacíficamente el poder, lo que evidencia una radicalización institucional de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

El presidente del Congreso, Jorge Rodríguez, en una sesión legislativa, enfatizó la urgencia de que el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) sea conformado por parte de la Asamblea Nacional. Además, se nombró una comisión encargada de iniciar el proceso de postulaciones para el CNE, en la cual figura Cilia Flores, esposa de Maduro y quien ha sido vinculada con la supuesta toma hostil del régimen sobre el órgano electoral.

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El actual directorio del CNE, conformado por cinco rectores, fue nombrado en 2021 como resultado de una negociación política que fue bien recibida a nivel internacional. Sin embargo, dos de esos rectores, Pedro Calzadilla y Alexis Corredor, cercanos al chavismo, anunciaron su renuncia recientemente. La tercera ficha oficialista, Tania D’Amelio, dejó su cargo anteriormente para convertirse en magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Rodríguez propuso elegir en el Parlamento a cinco nuevos rectores principales y diez suplentes. Calzadilla argumentó que la decisión de poner sus cargos a disposición buscaba la designación de un CNE que represente un consenso. Sin embargo, analistas como el consultor político Pablo Andrés Quintero señalan que el gobierno busca rectores más leales y subordinados a las decisiones del poder ejecutivo.

En este contexto, sectores disidentes de la oposición tradicional, acusados de favorecer al chavismo, buscarán tener representación en el nuevo CNE, que será responsable de organizar las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro buscará un nuevo mandato de seis años.

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El CNE saliente organizó las elecciones regionales de noviembre de 2021, en las que la Unión Europea, en calidad de observadora después de 15 años, reportó irregularidades a pesar de encontrar «mejores condiciones». Aunque el chavismo ganó la mayoría de las alcaldías y gobernaciones, perdió el estado Barinas, región natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, que había estado en manos del chavismo desde que Chávez llegó al poder.

La designación de una nueva autoridad electoral ha generado preocupación y críticas por parte de la oposición y de organismos internacionales. Algunos analistas consideran que esta medida busca dilatar el proceso de las primarias y dividir aún más a la opinión pública. Se busca desmoralizar a la gente y promover un escenario de abstención y desilusión frente al voto.

En otro contexto, la Fundación Clooney para la Justicia ha presentado una denuncia ante un tribunal federal argentino para investigar supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. La denuncia argumenta la posible responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas a la oposición política del gobierno de Nicolás Maduro. La presentación se basa en el principio de justicia universal, que permite enjuiciar crímenes de lesa humanidad en tribunales de otros países.

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