Resistencia republicana a monitores electorales del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos enfrenta nuevos obstáculos para desplegar sus monitores en centros de votación, una práctica establecida desde hace décadas para proteger los derechos de los votantes.

Algunos líderes republicanos de estados como Missouri y Florida han intensificado su oposición, impidiendo el acceso de estos observadores en sus respectivas jurisdicciones.

Tradicionalmente, el gobierno federal ha enviado monitores a lugares de votación en diferentes estados, con el objetivo de garantizar el acceso libre al voto y mitigar cualquier influencia indebida de partidos políticos. Sin embargo, en el contexto actual de creciente polarización, líderes republicanos han argumentado que los monitores representan una intromisión partidista del gobierno de Biden, especialmente en estados con leyes de identificación de votantes más estrictas.

En Missouri, el Secretario de Estado Jay Ashcroft ha criticado duramente al Departamento de Justicia, acusándolo de intentar “intimidar” a estados conservadores y de actuar bajo motivos políticos. Según Ashcroft, la ley estatal no permite explícitamente el acceso de estos monitores federales a los centros de votación, y considera que sus intenciones son más bien una maniobra para influir en las políticas estatales.

En 2022, en Missouri, los monitores federales fueron rechazados y obligados a permanecer fuera de los recintos electorales después de que el Departamento de Justicia solicitara acceso a ciertos centros en respuesta a quejas sobre la falta de máquinas de votación accesibles para personas con discapacidades. De manera similar, en Florida, el Secretario de Estado Cord Byrd y el gobernador Ron DeSantis denegaron el acceso a los monitores en condados como Broward y Miami-Dade, aludiendo que la ley estatal tampoco permite su presencia.

Exfuncionarios del Departamento de Justicia y defensores de los derechos electorales consideran que esta resistencia por parte de los estados controlados por el Partido Republicano es un intento de desacreditar una práctica histórica y no partidista que ha servido para proteger el acceso al voto de minorías y otros grupos vulnerables. A pesar de estos desafíos, el Departamento de Justicia ha reafirmado su compromiso de continuar utilizando todos los recursos disponibles para hacer cumplir las leyes federales de derechos electorales y garantizar que todos los votantes elegibles puedan ejercer su derecho de manera segura y libre.

En otros estados como Texas y Arkansas, las autoridades locales también han expresado reticencias, aumentando la vigilancia en los centros de votación con personal estatal o voluntarios. En Texas, se desplegarán un número récord de monitores estatales en jurisdicciones como el condado de Harris, donde en el pasado se han registrado quejas de intimidación a votantes y problemas en la administración electoral.

Este enfrentamiento entre las autoridades federales y estatales resalta la tensión creciente en torno a la supervisión de las elecciones en Estados Unidos, donde la transparencia y la confianza en el proceso electoral se han visto cuestionadas en los últimos años.