Río de Janeiro enfrenta su hora más oscura tras la operación policial más letal de su historia

Río de Janeiro vive días de incertidumbre y tensión tras la “Operación Contención”, la intervención policial más letal en la historia reciente del país. El operativo, ejecutado el 28 de octubre de 2025 por el gobierno estatal con unos 2.500 agentes, tenía como objetivo capturar a los principales líderes del Comando Vermelho y desmantelar su red criminal en los complejos de favelas de Alemão y Penha, zonas que durante años han sido bastiones del narcotráfico en la capital fluminense.

El saldo de la ofensiva ha sido devastador: al menos 119 muertos, entre ellos cuatro policías, aunque organizaciones de derechos humanos sostienen que la cifra real podría superar los 130. Vecinos de las comunidades reportaron el hallazgo de decenas de cuerpos en áreas boscosas cercanas, algunos con signos de tortura o disparos a corta distancia, lo que ha suscitado acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y ha encendido el debate sobre los límites del uso de la fuerza en las operaciones policiales.

Con la operación concluida, Brasil se enfrenta ahora a un escenario impredecible. Las autoridades temen una respuesta violenta del Comando Vermelho, cuyos líderes más buscados, entre ellos Edgar Alves Andrade —alias “Doca da Penha”—, continúan prófugos. La posibilidad de una venganza masiva recuerda a lo ocurrido en 2006, cuando el Primer Comando da Capital (PCC) paralizó São Paulo durante una semana con ataques coordinados contra comisarías y fuerzas de seguridad.

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El gobierno de Río ha ordenado el traslado de una decena de cabecillas del Comando Vermelho a prisiones de máxima seguridad para cortar la comunicación con sus bases, mientras se evalúa su envío a cárceles federales. Sin embargo, esta medida podría abrir espacio a las milicias —grupos formados por exagentes policiales que controlan amplias zonas de la ciudad— para expandir su influencia en los territorios disputados, aumentando la fragmentación del poder criminal.

En el plano político, la operación ha generado un choque entre el gobierno estatal, encabezado por Cláudio Castro, y el Ejecutivo federal de Luiz Inácio Lula da Silva, que asegura no haber sido informado sobre la magnitud del despliegue. A nivel internacional, la reacción ha sido inmediata: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la violencia del operativo y solicitó una investigación independiente sobre las muertes.

Mientras tanto, las favelas permanecen en un tenso silencio. Comercios cerrados, transporte limitado y familias temerosas definen el clima actual. La población vive pendiente de los rumores sobre posibles represalias, en un ambiente donde la línea entre la seguridad y la venganza parece difuminarse. En Río, el miedo se respira, y la pregunta que todos se hacen —“¿qué pasará ahora?”— sigue sin respuesta.

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