Sancionada ley que redefine la responsabilidad fiscal del Estado hasta 2030

Este lunes, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 445 del 28 de octubre de 2024, que introduce reformas cruciales en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Este cambio legal fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, horas antes de recibir la firma presidencial, y pretende imponer un marco de control estricto sobre el déficit fiscal del país hasta el año 2030.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. El propósito de esta reforma es reducir gradualmente el déficit fiscal, con la meta de mantener el equilibrio en las finanzas públicas sin afectar las funciones esenciales del Estado. De acuerdo con los nuevos parámetros, se establecen límites progresivos que inician con un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 y disminuyen hasta un 1.5% para el año 2030.

En detalle, el déficit permitido en el sector público no financiero deberá ajustarse a un 4% en 2025, bajando a 3.5% en 2026, 3% en 2027, 2.5% en 2028, 2% en 2029 y finalmente 1.5% a partir de 2030. Este enfoque escalonado se diseñó para adaptarse a una proyección fiscal realista y para evitar presiones excesivas en la economía nacional.

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Estas modificaciones también afectan la Ley 34 de 2008 y la Ley 38 de 2012, que regula el Fondo de Ahorro de Panamá. Con la nueva ley, se plantea un manejo fiscal más disciplinado y responsable, una estrategia que las autoridades consideran esencial para estabilizar las finanzas públicas.

Durante el tercer debate en la Asamblea, los viceministros de Economía, Eida Gabriela Saiz, y de Finanzas, Fausto Fernández, destacaron la importancia de esta reforma para evitar incumplimientos legales. En su exposición, mencionaron que el déficit fiscal a mitad de 2024 alcanzó el 4% del PIB, superando el límite anterior de 2%, lo que hacía necesario este ajuste. Señalaron que esta medida no solo tiene como objetivo alinear el déficit con la normativa, sino también reforzar la confianza de los mercados y la ciudadanía en el compromiso del gobierno con la estabilidad fiscal.