Molinar subrayó que el Ministerio de Educación (Meduca) atraviesa un momento crucial, en el que urge recuperar el verdadero propósito del sistema: formar ciudadanos y colocar al estudiante en el centro de toda decisión institucional.

“Durante una década hemos invertido tiempo en aventuras políticas que han desviado la atención de nuestra misión principal, que es formar mejores ciudadanos para Panamá”, expresó la ministra. Afirmó que este es el momento de sentar un precedente en la defensa del derecho a la educación.

En su intervención, Molinar celebró que miles de docentes ya se hayan reincorporado a sus aulas y agradeció a quienes —pese a la tensión actual— han priorizado su vocación educativa. También reconoció que en algunos centros escolares se han abierto procesos administrativos contra docentes que, según indicó, han antepuesto agendas políticas a su responsabilidad como educadores.

“Vamos a respaldar a los directores. Pero también les hemos dicho: si hay alguien que quiere volver, con pasión, compromiso y entrega, que lo reciban con los brazos abiertos”, dijo la titular del Meduca, dejando claro que el objetivo no es castigar, sino restablecer la normalidad y garantizar la continuidad académica.

La huelga docente, que ya supera los 70 días, surgió como rechazo a la Ley 462, que reformó la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Si bien las protestas han generado un debate nacional sobre temas laborales y sociales, el Ministerio insiste en que los estudiantes no pueden seguir siendo los principales perjudicados.

“El estudiante tiene que ser la prioridad”, insistió Molinar, al reiterar que el sistema debe responder a las necesidades educativas del país, y no a presiones externas. El llamado del Meduca apunta a recuperar la estabilidad del calendario escolar y enfocar los esfuerzos en el desarrollo académico y personal de la niñez y juventud panameña.

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Los principales gremios magisteriales del país anunciaron que mantendrán la huelga nacional iniciada el pasado 23 de abril, la cual ya suma 67 días, y que a partir del lunes 30 de junio trasladarán sus protestas a los alrededores de la Asamblea Nacional, con motivo del inicio del nuevo periodo legislativo.

El Frente de Acción Magisterial (FAM), la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP) y la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (UNECEP), reiteraron su rechazo a la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones, y al Decreto Ejecutivo 17 del 24 de junio de 2025, que permite al Ministerio de Educación (Meduca) designar de forma inmediata a docentes interinos para reemplazar a los educadores en huelga.

Fernando Ábrego, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, informó que interpondrán un amparo de garantías contra este decreto, al considerar que viola la Ley Orgánica de Educación y la Constitución de la República. Asimismo, advirtió que reemplazar a los docentes que se mantienen en paro constituye una acción ilegal.

Los gremios también anunciaron la creación de una coordinación jurídica nacional, con equipos de abogados que atenderán denuncias por supuestas persecuciones por parte del Meduca. Advirtieron que interpondrán acciones penales y civiles contra directores u otros funcionarios que violen los derechos laborales de los docentes.

Paralelamente, los educadores solicitaron el respaldo moral, jurídico y económico de la ciudadanía, ante la suspensión de salarios implementada por la Contraloría General de la República. Anel Flores, contralor general, confirmó que esta quincena se mantendrá la retención de pagos a unos 7,500 docentes que no han retornado a sus labores.

Desde el Meduca, por su parte, se insiste en que los estudiantes tienen derecho a recibir clases y que el Decreto 17 permitirá atender las necesidades urgentes del sistema educativo, mediante la designación temporal de personal interino en los planteles donde el personal titular continúa en huelga.

Además de las acciones legales, los gremios magisteriales denunciaron represión policial y acusaron al gobierno de no fomentar el diálogo para resolver la crisis educativa. La falta de consenso mantiene paralizadas miles de aulas en todo el país, en lo que ya es una de las huelgas más prolongadas del sector educativo panameño.

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Petro recordó que la edición anterior de la consulta incluía doce preguntas relacionadas con la reforma laboral, pero fue vetada en el Legislativo. Para esta nueva convocatoria, el Gobierno ha añadido cuatro interrogantes concretas sobre salud pública: la adquisición de medicamentos sin escasez ni acaparamiento; el fortalecimiento de un sistema de medicina preventiva con médicos en todos los territorios; la formalización laboral del personal sanitario; y la eliminación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como intermediarias, para que no retengan recursos de la salud pública.

Consciente del rechazo parlamentario, el presidente no escatimó en palabras: “Si toca ir a una huelga indefinida, el presidente nunca tocará al pueblo, se pondrá a su lado (…) si me van a echar por eso, entonces estalla la revolución, porque no nos vamos a arrodillar”. Aseveró que las movilizaciones deben ser “masivas, pero siempre respetuosas de la fuerza pública y los bienes del Estado” y advirtió a “la oligarquía de Colombia” que ahora se encuentra “enfrentada” con el pueblo por no haber querido dialogar ni alcanzar un acuerdo.

En el cabildo, Petro instó a los congresistas a asumir su rol de servidores públicos. “Todo congresista debe darle la cara al pueblo y explicar por qué vota como lo hace. Quien ha sido elegido debe entender que es un servidor del pueblo. Si su voto va en contra de los intereses populares, el pueblo tiene derecho a revocarlo”, enfatizó. Para cerrar clamó: “A partir de hoy, el pueblo de Colombia se levanta. Que se acaben los cien años de soledad”.

Con este mensaje, el presidente Petro busca revitalizar la participación ciudadana y presionar al Legislativo para que abra espacio al mecanismo de consulta popular. El nuevo formato, que combina asuntos laborales y de salud, espera superar el escollo inicial y sentar un precedente en la práctica democrática del país.

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El juez Álvaro Jiménez, a cargo del fallo, consideró que la paralización de actividades iniciada el lunes 28 de abril, y que se mantuvo durante los días siguientes en al menos 21 fincas bananeras, no cumple con los requisitos legales para ser considerada una huelga legítima, de acuerdo con la legislación laboral panameña. Esta decisión fue tomada tras una solicitud presentada por la propia empresa Chiquita Panamá, en la que se cuestionaba la legalidad de la acción sindical emprendida por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana).

En su fallo, el juez citó explícitamente el artículo 507 del Código de Trabajo, el cual establece los pasos a seguir una vez que se ha declarado ilegal una huelga. Entre las disposiciones obligatorias, se indica que los trabajadores deben retornar a sus labores en un plazo máximo de 24 horas tras la notificación. En caso de incumplimiento, los empleados se exponen a la pérdida de sus derechos laborales, pudiendo ser despedidos sin responsabilidad alguna por parte del empleador. Además, el empleador queda exento de toda responsabilidad y se le otorga plena libertad para contratar nuevos trabajadores y reanudar sus operaciones de inmediato.

El juez también hizo referencia al ordinal 2 del artículo 498 del Código de Trabajo, lo que implica que aquellos trabajadores que hayan incurrido en actos que exceden los márgenes de una protesta laboral pacífica, también pueden ser despedidos sin derecho a indemnización.

Mientras tanto, la situación en la provincia continúa siendo crítica. El conflicto laboral ha escalado más allá de los predios de las fincas bananeras, derivando en más de 20 bloqueos de vías en distintos puntos de Changuinola y otras zonas de Bocas del Toro. Estos cierres han causado un severo desabastecimiento de productos esenciales, incluyendo alimentos, medicamentos y combustible, afectando gravemente a la población local.

En respuesta a esta emergencia humanitaria, el Gobierno Nacional ha intervenido a través del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), estableciendo un puente aéreo de carácter humanitario con el fin de garantizar el suministro mínimo indispensable de medicinas y alimentos a las comunidades afectadas.

El origen del malestar obrero se relaciona, además de con demandas laborales puntuales, con el rechazo a la reciente Ley 45, que introduce cambios en el sistema de pensiones del sector bananero, y la controvertida Ley 462, que reforma la estructura de la Caja de Seguro Social. Estas reformas han sido calificadas por los trabajadores como lesivas a sus derechos adquiridos y al futuro de su seguridad social.

Actualmente, representantes del sindicato Sitraibana sostienen conversaciones con una comisión del gobierno en busca de un acuerdo que permita desactivar el conflicto. No obstante, con la nueva resolución judicial en firme, los dirigentes sindicales enfrentan ahora una presión legal inmediata para poner fin a la huelga y ordenar el retorno de sus afiliados a sus puestos de trabajo.

La resolución del juzgado pone a prueba la capacidad de las partes para resolver un conflicto que no solo ha interrumpido la producción bananera de una de las principales empresas del país, sino que también ha generado un impacto directo en la vida cotidiana de miles de habitantes de Bocas del Toro.

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La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) hizo un enérgico llamado este domingo a todos los trabajadores del sector para que reanuden sus labores a partir del lunes 5 de mayo, en medio de una paralización que, según el gremio, pone en riesgo el avance de proyectos claves para el país y compromete el futuro del sector construcción en Panamá.

En un comunicado oficial emitido durante el fin de semana, la organización expresó su profunda preocupación por las consecuencias que podría acarrear la suspensión de actividades que, según indicó, está afectando el ritmo de ejecución de obras ya iniciadas y comprometiendo la viabilidad de futuras inversiones.

“Esta situación no solo retrasa significativamente los proyectos en marcha, sino que también pone en riesgo futuras oportunidades laborales en el sector, afectando el sustento de miles de familias panameñas”, advirtió la Capac, al subrayar el impacto económico y social de la paralización.

La organización señaló además que la huelga responde, a su juicio, a motivaciones ajenas al verdadero interés de los trabajadores y vinculadas más bien a agendas políticas externas. “Esta paralización responde a intereses políticos que buscan desestabilizar al país, promovida por un grupo que se aleja de los principios de desarrollo, sostenibilidad y crecimiento que tanto valoramos y necesitamos”, afirmó el gremio.

A pesar del conflicto, la Capac reiteró su compromiso con los trabajadores y con la continuidad de las obras. Indicó que los proyectos permanecen abiertos y listos para retomar su ritmo normal, e hizo un llamado a la unidad entre trabajadores y empleadores para mantener vivo el motor económico que representa la construcción.

“Las obras permanecen abiertas para que juntos podamos continuar construyendo un mejor futuro para nuestras familias, nuestro sector y nuestro país”, concluyó el comunicado, apelando a la responsabilidad colectiva frente a un contexto que consideran delicado para la estabilidad del país.

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El Ministerio de Educación (Meduca) anunció este lunes que las clases presenciales se reanudarán en todo el país a partir de este martes, 29 de abril. El anuncio fue realizado por la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien, acompañada por representantes de la sociedad civil, hizo un llamado enérgico a toda la ciudadanía para respaldar este regreso a las aulas.

Durante su intervención, Molinar reconoció los desafíos que enfrenta el sistema educativo, pero advirtió que no se puede seguir perdiendo tiempo. “La educación de nuestros estudiantes es una prioridad que no puede ser interrumpida indefinidamente”, declaró con firmeza. Aseguró que, aunque existen proyectos en curso para mejorar las condiciones escolares, la urgencia de la situación exige actuar de inmediato.

Un llamado a la acción nacional

“La historia reciente ya está documentada y será evaluada en su momento”, dijo la ministra, refiriéndose a las causas y consecuencias de las interrupciones educativas. Sin embargo, remarcó que ahora la prioridad es proteger el futuro de los estudiantes, garantizando su derecho a una educación continua y de calidad.

Como parte del plan para fortalecer el sistema, Molinar anunció que la Contraloría General de la República desplegará auditorías en los centros educativos a partir de este mismo martes. Estas inspecciones buscarán verificar el uso correcto de los recursos destinados a la educación y asegurar que los funcionarios y docentes cumplan con sus responsabilidades.

“No habrá espacio para la impunidad. Quienes no estén cumpliendo su deber enfrentarán las consecuencias correspondientes”, advirtió.

La presencialidad como única vía

La ministra descartó cualquier alternativa que no implique el regreso físico a las aulas, subrayando que los módulos educativos o clases virtuales no están contemplados como soluciones en esta etapa. “La enseñanza presencial es esencial para el desarrollo integral de nuestros estudiantes”, afirmó, enfatizando que mañana “todos debemos volver a las escuelas”.

En este esfuerzo, Molinar apeló a la colaboración activa de todos los sectores sociales: autoridades, padres de familia, maestros y estudiantes. “La educación no es un asunto exclusivo del Gobierno, es un compromiso colectivo que debe unirnos como país”, insistió.

El apoyo de la sociedad civil

Aldo Bazán, representante de la Federación de Padres de Familia, acompañó a la ministra en su llamado. Reconociendo las tensiones actuales, Bazán pidió a todos los padres y madres que envíen a sus hijos a las escuelas. “Respetamos el derecho a la protesta, pero no podemos permitir que el derecho a la educación de nuestros niños siga siendo vulnerado”, dijo.

Bazán destacó que numerosos docentes han seguido atendiendo a sus alumnos a pesar de las dificultades, y que es momento de fortalecer ese esfuerzo colectivo.

Recuperar la confianza en el sistema educativo

La ministra concluyó su mensaje apelando a la unidad nacional: “Mañana, todos debemos acompañar a nuestros hijos a la escuela. No podemos permitir que el miedo y la incertidumbre sigan afectando su futuro”.

Molinar subrayó que la educación no solo es el medio para el desarrollo personal, sino también la base para un país próspero y estable. Enfatizó que garantizar el acceso a la educación es una responsabilidad compartida que beneficiará a toda la sociedad a largo plazo.

Así, en medio de un contexto desafiante, el Gobierno apuesta por la acción inmediata, apostando a que la vuelta a las aulas marque el inicio de una recuperación sostenida del sistema educativo nacional.

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La protesta, impulsada por el Frente de Acción Magisterial (FAM), la Unión Nacional de Educadores de Panamá (Unep) y la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (Unecep), tiene como telón de fondo un abanico de demandas sociales que van desde la oposición a la controvertida Ley 462, que reforma la Caja del Seguro Social, hasta el deterioro de los centros educativos y el rechazo a la minería.

En Ciudad de Panamá, el foco del conflicto se encendió cuando un grupo de docentes bloqueó la vía España, a la altura de la iglesia del Carmen. La tensión escaló rápidamente con la intervención de la Policía Nacional, provocando enfrentamientos que marcaron la jornada. Escenas similares se vivieron frente a la sede regional del Ministerio de Educación (Meduca) en David, Chiriquí, donde los disturbios interrumpieron el tráfico y generaron preocupación entre la población local.

En las provincias de Colón y Veraguas, los docentes optaron por piquetes y caminatas, exigiendo una respuesta del gobierno a sus demandas acumuladas por años. Las imágenes de maestros con pancartas, megáfonos y rostros cubiertos de sudor se multiplicaron en redes sociales, amplificando el eco de una protesta que, más allá del aula, reclama justicia social.

“El que pierde es el estudiante”

Desde el Ministerio de Educación, la respuesta no se hizo esperar. La ministra Lucy Molinar calificó la huelga como carente de sentido y lamentó profundamente sus efectos sobre los estudiantes. “Si un estudiante pierde clases, pierde el país”, declaró. Molinar celebró que gran parte del cuerpo docente sí se presentara a sus labores, como en el caso del Instituto Rubiano, donde el 95% de los maestros acudió a dar clases. Sin embargo, admitió que en otras escuelas, como el Instituto Nacional y el Instituto Fermín Naudeau, la asistencia fue escasa.

Molinar denunció también el cierre intencional de escuelas en el interior del país, incluyendo la Escuela Bilingüe Changuinola en Bocas del Toro, cuyos portones amanecieron asegurados con candados y cadenas, impidiendo el ingreso de estudiantes y personal. La Policía fue llamada para intervenir y restablecer el acceso. Casos similares se reportaron en otras instituciones de la provincia.

“Tenemos nombres y pruebas. Se abrirán investigaciones y se aplicará la ley”, advirtió la ministra, al tiempo que criticó la politización de la educación pública, un fenómeno que, según dijo, ha estancado el progreso del sector durante más de una década.

Empresariado y padres de familia reaccionan

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se pronunció con dureza contra el paro, argumentando que las interrupciones en el sistema educativo no solo afectan la formación de los jóvenes, sino también la estabilidad económica del país. En un comunicado, el Conep hizo un llamado a la “responsabilidad y sensatez”, y advirtió que este tipo de acciones generan más incertidumbre y frenan la recuperación nacional.

La Confederación de Padres de Familia también pidió a los padres que no mantengan a sus hijos en casa por temor o desinformación, subrayando la importancia de la continuidad educativa.

El magisterio responde: “No fuimos violentos”

Desde el otro lado de la confrontación, los líderes magisteriales defienden sus acciones. Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores (Asoprof), acusó a la Policía de agredir una marcha que, según él, fue completamente pacífica. “No vamos a permitir la violencia por parte de la policía, porque los docentes siempre realizamos marchas pacíficas”, afirmó.

Sánchez reiteró que los gremios están dispuestos a dialogar, pero solo después de que se derogue la Ley 462, cuya implementación consideran una amenaza directa a los derechos adquiridos del sector trabajador.

¿Educación o política?

El conflicto abre nuevamente un debate de fondo: ¿puede la educación en Panamá desligarse de las luchas políticas? ¿Es posible enseñar en un sistema que, según muchos, sigue desmoronándose? El paro apenas comienza, pero ya deja en evidencia las profundas fisuras entre gobierno, docentes, estudiantes y sociedad civil.

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La resolución, que surge tras un paro nacional de advertencia de 48 horas llevado a cabo el pasado jueves y viernes, pone de manifiesto la creciente tensión entre los educadores y el Ejecutivo, particularmente tras la reciente sanción de la controvertida Ley 462, la cual reforma aspectos clave del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social.

“Esta ley representa una amenaza directa al futuro de los trabajadores panameños. No vamos a regresar a las aulas hasta que se derogue por completo. No luchamos solo por nosotros, sino también por nuestros hijos y los estudiantes de este país”, declaró el profesor Fernando Ábrego, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF).

Gobierno minimiza el impacto; docentes lo desmienten

La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. El presidente José Raúl Mulino calificó la convocatoria docente como un “fracaso” y, en declaraciones que han generado polémica, expresó que aquellos inconformes con la ley podían “mudarse a Venezuela, Nicaragua o Cuba”, desatando fuertes críticas en redes sociales y sectores de la oposición.

Por su parte, el Ministerio de Educación (MEDUCA) intentó proyectar normalidad, informando que el 85 % de los docentes asistieron a sus centros educativos durante los días del paro, y que las escuelas permanecieron abiertas en las 16 zonas educativas del país. Sin embargo, los gremios aseguran que la cifra oficial no refleja la realidad vivida en muchas regiones, donde hubo aulas vacías y estudiantes sin clases.

División de opiniones entre padres de familia

El anuncio de una huelga indefinida a solo un mes del inicio del año escolar ha generado preocupación entre los padres de familia. Mientras algunos apoyan las demandas del magisterio, otros expresan su frustración ante la paralización de las clases, señalando que la medida perjudica directamente el proceso de aprendizaje de sus hijos, especialmente en un año ya marcado por incertidumbres económicas.

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En un contundente mensaje, la ministra Molinar subrayó que el derecho a la educación de los estudiantes debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, incluyendo las protestas políticas.

“El derecho a la educación del estudiante está por encima de las voluntades mías y de cualquiera. Tenemos que hacer cumplir la norma, y el derecho a la educación está primero», enfatizó.

La ministra también hizo hincapié en que no se puede permitir que este derecho fundamental sea vulnerado por decisiones ajenas al ámbito educativo.

Molinar agregó que es crucial que no se caiga en lo que calificó como una “trampa” planteada por los grupos docentes que están promoviendo esta paralización, a los cuales acusó de intentar generar pánico y confusión. “Si quieren hacer política, que lo hagan fuera del sistema educativo”, declaró con firmeza.

Los gremios magisteriales, agrupados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, ratificaron su decisión de paralizar las labores el pasado 29 de marzo. Esta alianza incluye al Frente de Acción Magisterial (FAM), la Unión Nacional de Educadores de Panamá (Unep) y la Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (Unecep), entre otros. Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), dejó claro que los sindicatos no descartan la posibilidad de convocar una huelga indefinida tras la Semana Santa, si el Gobierno no modifica la Ley 462, la cual, según los educadores, precariza las condiciones de trabajo de los docentes y empobrece a las familias panameñas.

Este paro de 48 horas es el segundo que se lleva a cabo en menos de dos semanas, después de la primera paralización el 21 de marzo. Frente a este panorama, el Ministerio de Educación (Meduca) ha advertido que se aplicarán sanciones a los educadores que participen en el paro, incluidos descuentos salariales, en cumplimiento con la normativa vigente.

Además, el Meduca ha denunciado que algunos docentes han utilizado espacios educativos, como los actos cívicos, para adoctrinar a los estudiantes con consignas políticas, lo que constituye una clara violación a la Ley Orgánica de Educación. La ministra Molinar también informó que varios directores de escuelas han sido amenazados por algunos gremios, quienes buscan imponer su control sobre el sistema educativo.

En respuesta a esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por las posibles acciones de adoctrinamiento político en las aulas. La institución defendió el derecho de los estudiantes a recibir una educación libre de influencias ideológicas, en un ambiente que fomente el pensamiento crítico, el respeto a la diversidad de ideas y el acceso a conocimientos basados en la formación integral.

Este conflicto llega en un momento clave, cuando la Ley 285 de Panamá, que establece el marco de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, subraya la importancia de garantizar un entorno educativo seguro y libre de presiones ideológicas, centrado en el desarrollo académico y personal de los estudiantes.

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Desde octubre de 2024, el consorcio HPH Joint Venture ha sostenido negociaciones con SUNTRACS para atender el pliego de peticiones que abarca el período de septiembre de 2021 a junio de 2023. Con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Código de Trabajo panameño, el consorcio contrató una auditoría externa que confirmó la validez de los cálculos y pagos realizados, incluyendo recargos y prestaciones legales.

A pesar de estos esfuerzos, la huelga ha afectado el avance del proyecto, que hasta ahora registra un progreso del 73% en la construcción del viaducto principal y el inicio de la excavación del túnel bajo el Canal de Panamá. La paralización de las actividades pone en riesgo el cronograma establecido para la entrega de la obra.

En este contexto, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha intervenido como mediador. Mediante la resolución No. 001-DRTPO-2025, la institución ha ordenado la suspensión inmediata de la huelga y el sometimiento del conflicto a un proceso de arbitraje. Este fallo también exige la reactivación de los frentes de trabajo, con el fin de garantizar la continuidad del proyecto y el respeto a los derechos laborales.

El consorcio HPH Joint Venture reafirma su compromiso con el diálogo, la legislación laboral y los acuerdos establecidos con SUNTRACS, confiando en que las partes involucradas llegarán a una solución que permita retomar el desarrollo de esta importante obra de infraestructura.

Es importante resaltar que la Línea 3 del Metro una obra diseñada para transformar la movilidad de más de 500 mil residentes de la provincia de Panamá Oeste.

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