Un nuevo conflicto diplomático sacude las ya tensas relaciones entre El Salvador y Venezuela, tras un polémico episodio que involucra la deportación masiva de migrantes venezolanos desde Estados Unidos y una propuesta de intercambio de presos que ha encendido el debate internacional.

Todo comenzó a mediados de marzo, cuando la administración de Donald Trump ejecutó la deportación de más de 200 ciudadanos venezolanos hacia El Salvador. Washington alegó que estos migrantes eran integrantes del temido grupo criminal Tren de Aragua, pero no presentó evidencia concreta, ni proporcionó listas de identificación. A día de hoy, 252 venezolanos permanecen detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la gigantesca y controvertida prisión salvadoreña con capacidad para 40.000 reclusos, célebre por su riguroso régimen de seguridad y por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

La falta de transparencia por parte de las autoridades estadounidenses y salvadoreñas sobre la identidad de los detenidos ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales y por el gobierno de Nicolás Maduro, quien acusa a El Salvador de «secuestrar» a sus ciudadanos y exige su liberación inmediata.

Sin embargo, el presidente Nayib Bukele elevó el tono del conflicto al proponer públicamente, a través de su cuenta en la red social X, un intercambio inédito: devolver a los 252 venezolanos encarcelados en el CECOT a cambio de la liberación de un número equivalente de lo que él denomina “presos políticos” en Venezuela.

“A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito”. “La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”, escribió Bukele.

En su publicación, el mandatario salvadoreño incluyó una lista de nombres que, según él, deberían formar parte del intercambio. Entre ellos figuran:

• Rafael Tudares, yerno del dirigente opositor Edmundo González.
• Rocío San Miguel, reconocida abogada y activista, detenida desde hace varios meses.
• Corina Parisca de Machado, madre de la líder opositora María Corina Machado, cuya casa ha sido intervenida por agentes del régimen, aunque no se ha confirmado su arresto.
• Roland Carreño, periodista venezolano, encarcelado nuevamente desde hace más de seis meses.
• Cuatro líderes opositores refugiados desde hace más de un año en la embajada de Argentina en Caracas.
• Cincuenta presos políticos de distintas nacionalidades, incluyendo ciudadanos de Estados Unidos, Alemania, Francia, México, Irán y otros 20 países.

Maduro, por su parte, ha rechazado la propuesta y la ha calificado de “chantaje diplomático”, mientras insiste en que los venezolanos detenidos en El Salvador deben ser liberados sin condiciones.

El gesto de Bukele, es parte de su estrategia regional de posicionarse como una figura fuerte y desafiante ante lo que considera regímenes autoritarios. No obstante, la viabilidad del intercambio parece lejana, dadas las tensas relaciones entre ambos países y la falta de precedentes diplomáticos para una operación de esta naturaleza.

En tanto, los 252 venezolanos siguen recluidos en una prisión diseñada para albergar a los delincuentes más peligrosos del país. Sus rostros siguen sin aparecer en ninguna lista oficial. Sus historias, aún desconocidas, son ahora fichas de negociación en un pulso político que trasciende fronteras.

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En una inesperada maniobra geopolítica, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha ofrecido al régimen de Nicolás Maduro un canje de prisioneros sin precedentes: repatriar a 252 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos, actualmente recluidos en la megacárcel de máxima seguridad CECOT, a cambio de 252 presos políticos venezolanos. El gesto, que Bukele lanzó públicamente a través de la red social X, ha generado un torbellino de reacciones en América Latina.

“Muchos de los nuestros son asesinos, violadores reincidentes y miembros activos de peligrosas pandillas. Los suyos, en cambio, están encarcelados por pensar distinto, por atreverse a oponerse a usted y a sus fraudes”, escribió Bukele en un mensaje directo al presidente venezolano, evidenciando su intención de exponer lo que considera una represión sistemática en Venezuela.

¿Quiénes están tras las rejas?

La oferta de Bukele no es simbólica. El mandatario nombró casos concretos que desea incluir en el intercambio: Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González, exiliado tras proclamarse vencedor de las elecciones presidenciales de julio de 2024; Corina Parisca de Machado, madre de la líder opositora María Corina Machado; así como el periodista Roland Carreño y la activista de derechos humanos Rocío San Miguel.

También propuso liberar a los cuatro dirigentes políticos que llevan más de un año refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Acusados de terrorismo y traición, estos opositores han denunciado estar sitiados por fuerzas de seguridad que controlan todos los accesos a la sede diplomática.

¿Quiénes son los detenidos en El Salvador?

Los 252 venezolanos que Bukele pone sobre la mesa llegaron recientemente a El Salvador tras ser deportados por la administración estadounidense de Donald Trump. Washington los acusa de estar vinculados al Tren de Aragua —una de las pandillas más temidas del continente—, así como a la Mara Salvatrucha (MS-13). Sin embargo, ni el gobierno estadounidense ni las autoridades salvadoreñas han presentado pruebas concretas de esos vínculos criminales.

Maduro, por su parte, ha denunciado la detención de sus ciudadanos como “un secuestro”, rechazando la narrativa de que se trate de criminales, y exigiendo su repatriación inmediata.

Diplomacia disruptiva en clave Bukele

Bukele ha demostrado una vez más su capacidad para sacudir el tablero político regional con propuestas arriesgadas. Su oferta no sólo apunta a poner presión sobre el gobierno de Maduro en el plano internacional, sino que también busca legitimar su cooperación con Estados Unidos en el control migratorio, en un momento en que se le acusa de actuar como una extensión de las políticas migratorias de Trump.

Con esta jugada, Bukele intenta presentarse ante el mundo como un defensor de los derechos humanos, en contraste con las frecuentes críticas de organismos internacionales por las condiciones en las cárceles salvadoreñas y las denuncias de detenciones arbitrarias durante su “guerra contra las pandillas”.

¿Responderá Maduro?

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido respuesta oficial a la propuesta. La tensión entre ambos países podría escalar si Caracas decide ignorar el gesto de Bukele, que ha sido leído por muchos como un intento de exponer las contradicciones del régimen bolivariano en materia de derechos humanos.

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Durante un recorrido exclusivo concedido a CNN, el director de la prisión, Belarmino García, confirmó que los hombres enviados desde Estados Unidos están recluidos dentro del Cecot y aseguró que no hay trato preferencial: “No hay privilegios”, declaró con firmeza. Y aunque evitó entrar en detalles sobre los casos individuales, dejó claro que su día a día no difiere del de los criminales convictos que comparten esas paredes. “Están bajo las mismas condiciones”, insistió.

Una rutina sin respiro

Eso significa 23 horas y media al día dentro de celdas comunales sin privacidad ni mobiliario, más allá de literas metálicas sin colchones ni almohadas. Espacios austeros, iluminados de forma permanente, donde ni siquiera el sueño ofrece un refugio total. Las celdas, diseñadas para alojar hasta 100 hombres, son patrulladas constantemente desde pasarelas elevadas por guardias armados. No hay pertenencias personales. El aseo se reduce a un lavabo de cemento y una jarra grande para beber agua. Para ir al baño, los reclusos deben usar inodoros abiertos, expuestos a la vista de todos.

Y si necesitan salir de la celda —para un control, una audiencia judicial por videollamada o una revisión médica— el protocolo es inflexible. Son esposados con las manos a la espalda y conducidos a toda velocidad, en fila, formando lo que las autoridades denominan una “espina de pescado humana”, donde cada recluso encaja sus piernas con las del siguiente, apretados y vigilados.

El caso de Kilmar Abrego: deportado por error

Entre los deportados hay casos particularmente desconcertantes. Uno de ellos es el de Kilmar Armando Abrego García, un trabajador del metal residente en Maryland y padre de tres hijos, que fue expulsado de Estados Unidos por un “error administrativo”. A pesar de no tener antecedentes penales ni vínculos con pandillas, fue enviado al Cecot junto con presuntos criminales. Su caso ha llegado ahora a la Corte Suprema de EE.UU., que ya extendió el plazo ordenado por un tribunal inferior para que la administración lo repatríe antes de la medianoche del lunes pasado.

La sección 8 del Cecot, donde se encuentran los deportados, permanece cerrada a la prensa. CNN no pudo ingresar allí durante su visita, aunque sí tuvo acceso a otras áreas donde observó los protocolos que se siguen durante las audiencias judiciales remotas.

Una prisión que simboliza el nuevo rostro del poder

En total, el Cecot se acerca ya a su capacidad máxima de 40.000 reclusos, aunque el número exacto es clasificado. El año pasado, las cifras oficiales hablaban de entre 10.000 y 20.000 detenidos. Hoy, el lugar está más concurrido que nunca, en gran parte por la continuidad de arrestos bajo el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele, que ha suspendido garantías constitucionales y ha permitido detenciones masivas.

Un ejército de más de 1.000 guardias armados patrulla el complejo día y noche. Diecinueve torres de vigilancia y múltiples cercas electrificadas protegen el perímetro. Cada uno de los ocho sectores funciona como un mundo autosuficiente: con salas de audiencias virtuales, clínicas médicas y sistemas de vigilancia independientes. La lógica es clara: los presos no deben salir nunca de su módulo.

“Esta es una de las consecuencias”: el mensaje de EE.UU.

El mes pasado, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, visitó el Cecot y grabó un mensaje directo a los inmigrantes indocumentados. “Esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar”, advirtió. “No vengan a nuestro país ilegalmente. Serán deportados y procesados”. Para muchos, fue una declaración explícita de que esta prisión ya forma parte de la política de disuasión migratoria estadounidense.

Pero el Cecot no está exento de críticas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas y la desaparición efectiva de garantías legales para miles de personas. Bukele ha reconocido que se han producido errores: “Algunos han sido detenidos injustamente”, dijo en una entrevista. Según el gobierno, ya se ha liberado a varios miles tras revisiones.

¿Control o autoritarismo?

Para los detractores del régimen salvadoreño, el Cecot es la prueba viviente de cuánto pueden retroceder los derechos civiles en poco tiempo. Para otros, es el símbolo de la victoria contra el crimen que por décadas convirtió a El Salvador en la “capital del asesinato del mundo”. Mientras tanto, dentro de sus muros, la vida sigue su curso inmutable: luces encendidas, literas de metal, silencio impuesto… y miles de historias esperando ser contadas.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes su agradecimiento al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, por aceptar la recepción de migrantes expulsados por su administración. En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump calificó a estos migrantes como «criminales» y elogió a Bukele por brindarles lo que describió irónicamente como un “lugar maravilloso para vivir”, en referencia a la megacárcel donde han sido confinados.

«Gracias, presidente Bukele, de El Salvador, por aceptar a los criminales que la corrupta Administración de Joe Biden permitió, de manera tan estúpida, entrar en nuestro país, y por darles un lugar tan maravilloso para vivir», escribió el mandatario estadounidense.

El comentario de Trump responde a una publicación previa de Bukele en la red X, donde el presidente salvadoreño informó sobre una reciente operación en la que 17 supuestos miembros de las organizaciones delictivas Tren de Aragua y MS-13 fueron trasladados desde Estados Unidos a El Salvador. La afirmación de que estos deportados pertenecen a grupos criminales no ha sido respaldada con pruebas ni por el gobierno estadounidense ni por las autoridades salvadoreñas.

La mayoría de los migrantes expulsados han sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele y convertida en el principal símbolo de su estrategia de mano dura contra las pandillas. En un video publicado junto a su mensaje, el presidente salvadoreño mostró el momento en que los deportados descendían esposados de un avión militar, bajo una fuerte escolta de soldados con uniformes de camuflaje. En las imágenes, musicalizadas con una banda sonora dramática, se observa a los migrantes siendo trasladados en autobuses, rapados y encadenados de pies y manos antes de ser conducidos a la megacárcel.

Aunque Estados Unidos no ha revelado detalles sobre la identidad o nacionalidad de los deportados, el gobierno salvadoreño aseguró que entre ellos había ciudadanos de El Salvador y Venezuela. Este es el segundo grupo de migrantes enviado a El Salvador bajo la administración Trump, luego de que el pasado 15 de marzo el mandatario ordenara la expulsión de alrededor de 200 personas, en su mayoría venezolanos.

Para justificar estas deportaciones, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que solo ha sido utilizada tres veces en la historia de Estados Unidos: durante la Guerra de 1812 y en ambas guerras mundiales. La aplicación de esta ley ha generado controversia y actualmente enfrenta impugnaciones legales por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Mientras tanto, el gobierno de Bukele continúa reforzando su política de seguridad con medidas extremas que han sido elogiadas por algunos sectores y cuestionadas por organismos internacionales debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles salvadoreñas.

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En la madrugada de este lunes, un avión con casi 200 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos aterrizó en un aeropuerto al norte de Caracas. Este vuelo marca la reanudación de las deportaciones tras un acuerdo entre ambos gobiernos, facilitando el regreso de ciudadanos sin base legal para permanecer en territorio estadounidense.

El vuelo partió de Estados Unidos e hizo una escala en Honduras, donde se realizó un cambio de aeronave antes de su destino final en Venezuela. Según datos proporcionados por el gobierno hondureño, 199 venezolanos formaban parte de este traslado, que se llevó a cabo en condiciones seguras y ordenadas.

Al aterrizar, algunos pasajeros fueron captados celebrando con las manos en alto, mientras que otros se persignaban al descender del avión. La llegada estuvo acompañada por un fuerte despliegue de seguridad en la pista de aterrizaje.

Un proceso reanudado tras tensiones políticas

Las deportaciones directas desde Estados Unidos a Venezuela se habían detenido previamente debido a restricciones impuestas por la administración de Donald Trump en 2024. La decisión de revocar una licencia a la petrolera Chevron dificultó los vuelos entre ambos países, lo que llevó a Venezuela a suspender la recepción de migrantes deportados.

Sin embargo, la reciente crisis generada por el traslado de 238 venezolanos a El Salvador—acusados por E.U. de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua—provocó indignación en Venezuela y reavivó las negociaciones. Parte de los deportados fueron enviados a la prisión salvadoreña Cecot, una de las cárceles más grandes y de mayor seguridad del continente.

En este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro decidió retomar las repatriaciones y aumentar la frecuencia de vuelos para recibir a los migrantes venezolanos en Estados Unidos.

Compromiso con la repatriación

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, confirmó el nuevo acuerdo en un comunicado el sábado. Rodríguez reiteró que la migración «no es un delito» y aseguró que el gobierno venezolano trabajará por el retorno de todos aquellos ciudadanos que lo necesiten.

A pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales entre Caracas y Washington, los datos de rastreo de vuelos sugieren que el traslado de migrantes seguirá operando bajo esta modalidad, con escalas en terceros países como Honduras.

Por su parte, la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre la reanudación de estos vuelos ni sobre el caso de los venezolanos enviados a El Salvador. Entretanto, Venezuela se prepara para recibir más vuelos con deportados en las próximas semanas, consolidando un proceso de repatriación que, hasta hace poco, estaba en pausa.

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La administración de Donald Trump ha decidido cancelar el estatus legal de más de 500.000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que habían sido beneficiados por programas de libertad condicional implementados bajo la gestión de Joe Biden. Esta medida ha sido anunciada a través de un aviso publicado en el Registro Federal, estableciendo que los afectados deben abandonar el país antes del 24 de abril, es decir, 30 días después de la publicación del aviso.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya había anticipado en enero que estos programas de libertad condicional serían eliminados gradualmente. Según el DHS, la administración Biden amplió de manera excesiva el uso de la libertad condicional humanitaria, permitiendo la entrada de aproximadamente 1,5 millones de migrantes al país.

En un comunicado oficial, la administración Trump justificó esta medida asegurando que se busca devolver la libertad condicional humanitaria a su propósito original: la evaluación de cada caso de manera individual. «La administración de Biden-Harris abusó del programa de permisos humanitarios, permitiendo indiscriminadamente la entrada masiva de migrantes. Esta decisión pone fin a esa práctica desde el primer día del nuevo gobierno», indica el comunicado.

La cancelación de estos programas representa un giro significativo en la política migratoria de E.U., alineándose con las promesas de Trump de endurecer las restricciones en la frontera y limitar las vías de ingreso para los migrantes. Con la fecha límite acercándose, miles de personas ahora enfrentan la incertidumbre sobre su futuro en el país.

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Un aeropuerto convertido en refugio

Las cuatro terminales del aeropuerto, que permanece abierto las 24 horas del día, se han convertido en un refugio improvisado. Durante la noche, hombres y mujeres se acomodan en los pasillos cercanos a los mostradores de equipaje, durmiendo sobre colchas, sacos de dormir o cartones. Sin embargo, en la madrugada, deben levantarse cuando el personal de limpieza comienza su trabajo.

La empresa pública AENA, encargada de la gestión de los aeropuertos en España, ha solicitado en varias ocasiones a las administraciones públicas que tomen medidas para reubicar a estas personas. Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a una solución, mientras que los afectados viven con la incertidumbre de un posible desalojo.

Sueños truncados y realidades difíciles

Entre los sintecho se encuentran muchas personas que llegaron a España con la esperanza de una vida mejor. Andrés, un colombiano de 25 años, duerme en la Terminal 4 desde hace dos meses. Afirma que el “sueño europeo” no es para todos y que sin papeles, los inmigrantes no tienen oportunidades. Aunque ha buscado ayuda para regularizar su situación, le han dicho que debe esperar a que expire su visado de turista para comenzar el proceso. Mientras tanto, sobrevive vendiendo caramelos y trabajando en la construcción con la esperanza de reunir el dinero suficiente para comprar un billete de regreso.

Héctor Porras, un exmilitar venezolano de 40 años, ha logrado obtener su número de identidad de extranjero (NIE) gracias a la ayuda de una organización. Llegó a España en octubre de 2024 tras pasar por Ecuador, pero sus primeros días en Madrid los pasó durmiendo en la calle. Desde hace cuatro meses se refugia en el aeropuerto, aunque denuncia que los sin hogar son tratados con desprecio por parte de algunos vigilantes de seguridad.

Cristian Roldán, un argentino de 30 años, lleva cinco meses durmiendo en Barajas. Llegó a España hace más de un año y, aunque aún no ha podido regularizar su situación, se resiste a abandonar el país porque quiere construir un futuro para sus tres hijos, que aún están en Argentina. Trabaja vendiendo accesorios para teléfonos en el aeropuerto, pero teme ser desalojado y no encontrar otro sitio donde dormir.

Un problema que se repite

La crisis de los sintecho en los aeropuertos de España no es nueva. En febrero de este año, en vísperas del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, unas 200 personas fueron desalojadas del aeropuerto de El Prat, generando fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.

En Madrid, la falta de refugios y de soluciones efectivas deja a cientos de personas en una situación límite, mientras las autoridades aún no han alcanzado un acuerdo para brindarles una alternativa digna.

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A la llegada, el titular del Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se encontraba presente para recibir a los repatriados y expresó su gratitud hacia el Gobierno hondureño por facilitar el proceso. Durante su intervención, Cabello calificó las condiciones en Guantánamo como un “infierno” y destacó que “el mundo entero sabe las condiciones que imperan en ese recinto carcelario”. Según sus declaraciones, estos migrantes están siendo tratados con dignidad, independientemente de cualquier situación judicial en la que puedan encontrarse.

El funcionario también indicó que se realizará una revisión exhaustiva para determinar si entre los recién repatriados hay personas vinculadas a la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua, grupo que ha sido señalado como terrorista por Estados Unidos. “Si hay uno, diremos uno; si hay dos, diremos dos, y si no hay ninguno, lo confirmaremos, porque aquí no hay chantaje”, afirmó.

Imágenes difundidas por el canal estatal VTV mostraron a los migrantes, portando mascarillas rojas, entonando el himno nacional a bordo del avión.

Previamente, la Administración del presidente Nicolás Maduro –quien fue investido para un tercer mandato en enero tras una reelección cuestionada en 2024– anunció que había solicitado la repatriación de aquellos venezolanos que, según sus palabras, habían sido llevados “injustamente” a Guantánamo. Esta operación se suma a otros esfuerzos del gobierno, como el caso de finales de enero cuando Caracas aceptó la llegada de deportados tras la reunión entre el representante especial de Donald Trump, Richard Grenell, y el mandatario venezolano.

Durante el operativo, Maduro subrayó que la decisión de repatriar a los 177 “muchachos” se produjo por una “petición directa del Gobierno venezolano al Gobierno de Estados Unidos”, lo que permitió “rescatar” a los migrantes de las duras condiciones de la base militar. El presidente afirmó que estos ciudadanos no son delincuentes, sino víctimas de las sanciones impuestas por lo que él denomina “la ultraderecha”.

Finalmente, el mandatario destacó que desde 2018 se ha venido impulsando el plan “Vuelta a la Patria”, con el cual más de 900,000 venezolanos que se encontraban en el exterior han regresado a la nación. Según las autoridades, este esfuerzo totaliza cerca de 1.3 millones de migrantes que han regresado, mientras que aún quedaría un millón y algo de compatriotas con muchas ganas de volver a casa.

Esta operación es la segunda en la que se ha recibido un grupo de repatriados en un corto lapso de tiempo, luego de la llegada de 190 migrantes el pasado 10 de febrero, en la que las autoridades afirmaron que ninguno de ellos estaba vinculado al Tren de Aragua. Desde el 4 de febrero, se había iniciado el traslado de migrantes venezolanos detenidos en diferentes centros hacia la base militar en Cuba, marcando así un nuevo capítulo en la política migratoria del país.

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Aunque no se especificaron todos los programas afectados, la orden instruye a las agencias gubernamentales a identificar aquellos beneficios que recibían los migrantes sin documentos, especialmente los que eran financiados con fondos federales.

Históricamente, los migrantes indocumentados no son elegibles para recibir prestaciones federales, excepto en situaciones de emergencia. Sin embargo, muchos de ellos, aunque cumplan con los requisitos, evitan inscribirse en los programas disponibles por temor a ser deportados.

Esta orden es parte de una serie de medidas que Trump ha tomado durante su segundo mandato para controlar la migración. A su vez, la Casa Blanca aseguró que no permitirá que los fondos federales sean utilizados para políticas de «santuario», un término que se refiere a las jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades federales para la deportación de inmigrantes indocumentados.

Además, el gobierno de Trump ha criticado la administración de Biden por, según ellos, permitir que los migrantes reciban asistencia social financiada con fondos públicos. A pesar de esto, un informe reciente indicó que los migrantes indocumentados han contribuido significativamente al sistema del Seguro Social a lo largo de los años.

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Los migrantes, de diversas nacionalidades asiáticas, serán trasladados al Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) en cuanto lleguen. Allí, deberán esperar hasta que se realice su repatriación, bajo la supervisión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Chaves explicó que la decisión de aceptar a estos migrantes fue influenciada por la presencia de niños entre los deportados, destacando que alrededor de 50 de ellos son menores de edad. También mencionó que esta acción fortalecería la colaboración entre Costa Rica y Estados Unidos, particularmente en un contexto de intensificación de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

El acuerdo se formalizó a través de la Presidencia de Costa Rica, en el marco de la lucha de Estados Unidos contra la inmigración ilegal, que incluye medidas como redadas y deportaciones masivas. La repatriación de los deportados será organizada por las autoridades estadounidenses.

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