Ultimátum de Musk es derogado por la administración federal

La Oficina de Gestión de Personal (OPM), que se encarga de administrar el personal federal en Estados Unidos, ha dado marcha atrás ante el ultimátum emitido por Elon Musk, el magnate detrás de la iniciativa de reducción de costos conocida como “Doge”. En un comunicado reciente, la OPM aclaró que no se considerará la falta de respuesta al correo electrónico enviado por Musk como una renuncia, contrariamente a lo que se había indicado inicialmente.

Durante el pasado fin de semana, Musk envió un correo a más de dos millones de empleados del gobierno en el que se exigía que, en un plazo de 48 horas, cada trabajador enviara una lista en viñetas con cinco logros de la última semana. La advertencia era contundente: no responder implicaría renunciar a su puesto. Esta medida, que pretendía identificar a quienes realmente estaban cumpliendo con sus funciones, fue recibida con alarma y descontento por parte de numerosos empleados y sindicatos.

La decisión de Musk se produjo en medio de una campaña de recortes y cambios estructurales iniciada tras la administración Trump. El presidente había mostrado, incluso, su apoyo público a esta exigencia, argumentando que se trataba de identificar a quienes realmente estaban trabajando en el sector público. Sin embargo, este enfoque provocó respuestas encontradas en diversas áreas gubernamentales.

La reacción interna fue inmediata:

• En agencias relacionadas con la seguridad nacional y la ley, como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, se recomendó a los empleados no responder al correo.
• El Departamento de Defensa, ahora bajo la supervisión del expresentador de Fox News Pete Hegseth, también indicó que sus trabajadores debían abstenerse de contestar.
• En contraste, otras dependencias, como la Administración del Seguro Social y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pidieron cumplir con la solicitud, y el Departamento de Transporte ordenó a sus empleados, incluidos controladores de tráfico aéreo, responder antes de la fecha límite.

Impacto en el Personal y Reacciones Sindicales

La polémica ha generado un clima de incertidumbre y estrés entre los empleados federales. Varios trabajadores, que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, manifestaron que la avalancha de mensajes y las instrucciones contradictorias dificultan el desempeño de sus funciones esenciales. Algunos señalaron que esta situación desvió su atención de tareas críticas, poniendo en riesgo, por ejemplo, la seguridad en las salas de operaciones o en la gestión del tráfico aéreo.

Los sindicatos y grupos de defensa laboral han reaccionado rápidamente. Entre ellos, la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) criticó la medida, calificándola de “intimidatoria” y “disruptiva”. Asimismo, ya se ha añadido este último mandato a las demandas legales que buscan prevenir represalias contra los empleados afectados por despidos masivos durante la administración Trump.

Mientras el gobierno se enfrenta a la tarea de equilibrar eficiencia y estabilidad laboral, la incertidumbre persiste entre los empleados, quienes temen que futuras acciones similares puedan poner en riesgo tanto su seguridad laboral como la calidad de los servicios públicos esenciales.