El caso ha generado polémica en el sector educativo, y para el próximo 17 de octubre se ha convocado una marcha por parte de dirigentes del gremio, en protesta contra lo que consideran una persecución.
Una condena y seis imputaciones por casos de nombramientos irregulares en el Meduca
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | octubre 14, 2024La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ha imputado a seis personas y condenado a otra en relación con el caso de supuestos nombramientos irregulares en el Ministerio de Educación (Meduca), como resultado de la operación Capibara, llevada a cabo el pasado 11 de octubre.
Durante las audiencias simultáneas realizadas en distintas provincias del país, una persona aceptó un acuerdo de pena y fue condenada a 60 meses de prisión, mientras que las demás enfrentan cargos por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.
📹El Fiscal contra la Delincuencia Organizada, Efraín Gálvez informa los resultados de audiencias para las personas aprehendidas en #OperaciónCapibara, relacionado a supuestos negociados en nombramientos de docentes. .👇 pic.twitter.com/JT8w8mQIoP
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 13, 2024
En la audiencia de Panamá Oeste, una mujer fue imputada con cargos similares y se le impuso la detención provisional. Mientras tanto, en la provincia de Panamá, un educador de 63 años, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, fue imputado por tráfico de influencias, pero el juez decidió no aplicar medidas cautelares debido a su edad, lo que provocó la apelación del Ministerio Público.
Las audiencias en Bocas del Toro también resultaron en imputaciones por tráfico de influencias a dos personas, a quienes se les impuso la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. En otro caso, una persona fue acusada de actos libidinosos y acoso, y también se le aplicó una medida de reporte periódico, decisión que la Fiscalía ha apelado.
Finalmente, en Chiriquí, otra persona fue imputada por tráfico de influencias y separada de su cargo. Adicionalmente, se confirmó una condena de cinco años de prisión, con una inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 36 meses, como parte de un acuerdo de pena.
El caso ha generado polémica en el sector educativo, y para el próximo 17 de octubre se ha convocado una marcha por parte de dirigentes del gremio, en protesta contra lo que consideran una persecución.
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