Alvarado detalló que hasta altas horas de la noche del lunes 28 de julio se habían consensuado 11 comisiones, y que minutos después se sumó una más al acuerdo. Se espera que, para el viernes, se complete la estructura de las 15 comisiones permanentes.

No obstante, aún se mantienen pendientes las negociaciones en torno a las comisiones de Presupuesto, Credenciales y Economía, consideradas estratégicas por las fuerzas políticas dentro del hemiciclo.

«Esperaremos los consensos que hacen falta, porque todos están positivos de que se pueda acordar la bajada del bloque para posteriormente votar», expresó Alvarado, quien también aclaró que todavía no se revelarán los nombres de los diputados que integrarán cada comisión, ya que podrían registrarse ajustes de última hora.

“El reparto de espacios es dinámico y está sujeto a las concesiones entre bancadas. Los diputados tienen la potestad de ceder o recibir espacios según los acuerdos que se alcancen”, explicó.

Sobre los reclamos de representación presentados por la bancada de la Coalición Vamos, Alvarado indicó que se trata de una discusión basada en la cantidad de espacios que proporcionalmente les corresponden.

“Ellos pueden colocar tres diputados en una comisión y dos en otra, pero el debate gira en torno a cuál comisión será, ya que eso no quedó especificado en el acuerdo”, puntualizó.

El secretario general también recalcó que el sistema usual de la Asamblea para conformar las comisiones es mediante consensos y no por votación directa, lo que considera parte del procedimiento parlamentario habitual.

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En la reunión participaron el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, junto a sus vicepresidentes Eduardo Vásquez y Eliécer Castrellón. También estuvieron presentes los jefes de bancada: Roberto Zúñiga (Vamos), Ernesto Cedeño (Seguimos), Yuzaida Marín (Realizando Metas – RM), Jairo Salazar (PRD), Medin Jiménez (Partido Panameñista) y Johan Guevara, en representación de la bancada mixta. Algunos subjefes de bancada y otros diputados también asistieron.

Pese a las expectativas de avances concretos, los diputados se limitaron a indicar que las conversaciones continúan. “Seguimos en conversaciones”, declaró escuetamente el diputado panameñista Medin Jiménez. Por su parte, su copartidario José Luis “Popi” Varela advirtió que el proceso será largo y que las comisiones podrían instalarse recién a finales de julio.

Uno de los temas que genera mayor atención es la integración de la influyente Comisión de Credenciales, encargada de evaluar los nombramientos de altos funcionarios del Estado. Según fuentes legislativas, los partidos Realizando Metas (RM) y el PRD estarían impulsando la designación de la diputada Dana Castañeda —quien ya presidió la Asamblea Nacional en el pasado— como nueva presidenta de dicha comisión.

Consultado al respecto en el programa Eco 360 de Eco TV, el diputado Luis Eduardo Camacho confirmó que Castañeda figura entre los postulados para ese cargo, aunque no precisó si su elección es definitiva.

Hasta ahora, no se ha anunciado un cronograma oficial para la instalación de las comisiones, mientras los distintos bloques legislativos continúan las negociaciones en privado.

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“La independencia no es un concepto abstracto. Es la garantía de que nuestras decisiones están guiadas únicamente por los intereses del pueblo”, expresó el diputado, quien enfatizó que su deber es fiscalizar sin reservas y legislar con conciencia y por el bienestar ciudadano.

El diputado también explicó que tras las elecciones aceptó la invitación de integrar la bancada Vamos —conformada por otros diputados independientes— con la intención de aportar a una nueva forma de hacer política. Sin embargo, ahora ha decidido tomar distancia del grupo, convencido de que la independencia plena es el camino correcto para honrar la confianza depositada en él por sus electores.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la transparencia, la lucha anticorrupción y el respeto a las leyes, asegurando que continuará defendiendo con firmeza y responsabilidad la voz de los ciudadanos.

“Agradezco a mis 19 colegas diputados independientes por su respaldo y amistad durante este tiempo. Siempre tendrán mis respetos”, concluyó el comunicado.

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La Asamblea Nacional vivió una jornada cargada de tensión este 22 de abril, en la que no se logró discutir el polémico proyecto de ley 235, que propone una amnistía política para los implicados en algunos de los casos más emblemáticos de corrupción en el país, como Blue Apple, New Business y Odebrecht. La propuesta, impulsada por sectores afines al expresidente Ricardo Martinelli, ha encendido el debate político nacional y generado una fractura profunda entre los partidos representados en el hemiciclo.

A pesar de que Martinelli había calificado la fecha como “un día de vital importancia” para el avance del proyecto, el tema no fue incluido en la agenda del pleno, revelando el nivel de incertidumbre y resistencia que existe entre los diputados.

División dentro y fuera de los partidos

La propuesta, presentada por el diputado Jairo “Bolota” Salazar, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), ha sido rechazada incluso por figuras prominentes dentro de su propia bancada. Entre ellos se encuentra Crispiano Adames, quien votó en contra durante el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. La postura de Adames no es aislada: varios legisladores del PRD han preferido mantener silencio, mientras crece la presión desde distintos sectores para frenar la medida.

El diputado Betserai Richards, del bloque opositor Vamos, fue uno de los más contundentes en su rechazo. “No podemos premiar la corrupción”, declaró con firmeza, anticipando su voto negativo una vez que el proyecto llegue al pleno. Su posición representa a un grupo creciente de diputados que consideran que la amnistía sería un paso atrás en la lucha contra la impunidad.

Informe de minoría en espera

Para que el proyecto vuelva a la vida legislativa, debe primero ser aprobado un informe de minoría respaldado por los diputados Luis Eduardo Camacho y Ariel Vallarino, ambos del partido Realizando Metas (RM), cercano a Martinelli. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, la votación del informe sigue pendiente. Las demoras y la falta de consenso sugieren un ambiente de incertidumbre dentro del órgano legislativo.

Silencios estratégicos y presiones internas

La falta de una postura unificada es notoria en bancadas como la del Partido Panameñista. Aunque su presidente, José Isabel Blandón, ha instado públicamente a sus diputados a no apoyar el proyecto —calificándolo como “una aberración” y una “rendición ante la corrupción”—, varios miembros de la bancada han optado por no revelar sus intenciones de voto.

Entre los diputados panameñistas figuran nombres como José Luis “Popi” Varela, Jorge Herrera, Ariana Coba, Ricardo Vigil López, Medin Jiménez Pittí, Francisco Brea, Roberto Archibold y Edwin Vergara. Aunque algunos mantienen una postura crítica hacia la amnistía, el silencio de otros deja abierta la posibilidad de sorpresas en una eventual votación.

Aún más incierta es la situación en Cambio Democrático (CD), partido presidido por Yanibel Ábrego. Esta bancada cuenta con figuras abiertamente alineadas con Martinelli, como Manuel Cohen y Orlando Carrasquilla, quienes incluso lo han visitado durante su asilo en la embajada de Nicaragua. Otros seis diputados de CD —Didiano Pinilla, Carlos “Tito” Afú, Eduardo Vásquez, Gertrudis Rodríguez, Julio De la Guardia y Yessica Romero— son considerados votos indecisos o en disputa.

Choque frontal entre aliados y detractores de Martinelli

En medio del debate, no han faltado los enfrentamientos verbales. El propio Salazar arremetió contra sus colegas: “El miedo de todos ustedes es que Ricardo Martinelli esté en la calle porque no se lo ganan”, lanzó este martes, avivando el fuego político y dejando claro que, más allá de un proyecto de ley, lo que está en juego es el futuro político de una de las figuras más controvertidas del país.

Con el destino del proyecto aún incierto, y las posiciones dentro de la Asamblea Nacional cada vez más polarizadas, lo único claro es que la discusión sobre la amnistía no terminará pronto. Lo que debía ser una propuesta de reconciliación política ha terminado por convertirse en un nuevo frente de batalla en la ya fragmentada política panameña.

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La sesión para revisar estas denuncias se llevó a cabo el lunes 24 de marzo, luego de varios días de análisis por parte de los diputados. Con una votación unánime de siete votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, se determinó el cierre de los procesos.

Denuncias contra magistrados desestimadas

Entre las denuncias archivadas destacan:

• Luis Rodríguez presentó una querella contra el magistrado Olmedo Arrocha por presunto abuso de autoridad.
• Nelson Robles Medina denunció a las magistradas Ariadne García, María Cristina Chen, María Eugenia López y Miriam Chen, así como a los magistrados Carlos Alberto Vásquez y Olmedo Arrocha, sin que su querella prosperara.
• Zulay Rodríguez, exdiputada, presentó una denuncia por abuso de autoridad contra las magistradas María Cristina Chen y María Eugenia López, pero la misma fue desestimada.
• Alejandro Pérez, actuando en representación de Ricardo Martinelli, interpuso una querella contra la magistrada y presidenta de la CSJ, María Eugenia López, alegando abuso de autoridad. Esta denuncia tampoco fue admitida.

Querellas contra el presidente Mulino también fueron rechazadas

Además de los casos contra los magistrados, la Comisión de Credenciales también archivó cuatro denuncias dirigidas al presidente José Raúl Mulino:

1. Enrique «Chito» Montenegro presentó tres denuncias: dos por supuesto abuso de autoridad y una por faltas a la ética y presunto nepotismo. Ninguna fue admitida.
2. Abdiel González Tejeira presentó una querella contra Mulino por presunto abuso de autoridad en temas relacionados con el Canal de Panamá, argumentando que el presidente no tiene facultades para intervenir en asuntos de la vía interoceánica. Sin embargo, la comisión rechazó la denuncia.

Pendiente una decisión sobre la última querella

Antes de finalizar la sesión, alrededor de las 7:00 p.m., la diputada Shirley Castañeda, presidenta de la comisión, informó que aún no se ha tomado una decisión sobre la denuncia identificada bajo la carpeta 005. Esta querella fue presentada por Hernán Otero, en representación de Gustavo Vásquez Pérez, contra el magistrado Olmedo Arrocha. Según Castañeda, aún se está elaborando el proyecto de resolución que determinará si se admite o no, y se concedió un plazo de 10 días hábiles para concluir este proceso y retomar el análisis en una próxima sesión.

Con esta decisión, la Asamblea Nacional cierra momentáneamente el debate sobre las denuncias contra altos funcionarios, en medio de un clima de expectativa política y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

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El magistrado presidente del TE, Narciso Arellano, destacó la importancia de este proceso, recordando que desde hace 34 años se ha trabajado en mejorar la legislación electoral bajo el principio de reglas claras y equitativas. «No fue fácil llegar hasta aquí, pero hemos logrado construir un mecanismo de debate amplio y representativo», afirmó.

¿Cuál es el rol de la CNRE?

Aunque las decisiones de la CNRE no son vinculantes, sus recomendaciones sirven como insumos fundamentales para los diputados de la Asamblea Nacional, quienes tienen la potestad de aprobar las reformas. Arellano subrayó que el objetivo es facilitar la toma de decisiones y garantizar una discusión abierta e inclusiva.

«Tenemos el deber de explicar y sustentar estas propuestas ante los diputados. Nos comprometemos a hacerlo con claridad y docencia», señaló el magistrado, destacando que esta es la octava comisión electoral en la historia del país.

Temas clave en la mesa de discusión

Si bien Arellano no especificó qué artículos del Código Electoral serán revisados, distintos sectores han señalado la necesidad de modificar aspectos como:

• El mecanismo de asignación de curules en circuitos plurinominales
• El voto plancha
• La transparencia en el financiamiento político
• El uso de redes sociales en campañas electorales

La CNRE está conformada por más de 14 miembros con derecho a voz y voto, incluyendo representantes del Tribunal Electoral, partidos políticos, candidatos por libre postulación y el Foro Pro Reformas Electorales. También participan actores clave con derecho a voz, como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Desafíos y tendencias de la reforma electoral

Durante la instalación de la CNRE, el politólogo Daniel Zovatto, experto en democracia y procesos electorales, ofreció una conferencia sobre los principales retos de la reforma electoral en América Latina. Entre los puntos que destacó se encuentran:

• Fortalecer la integridad del proceso electoral
• Mejorar la regulación del financiamiento de campañas
• Adaptar la legislación al impacto de las redes sociales y la propaganda digital
• Fortalecer la autonomía y transparencia de los organismos electorales

Un camino largo por recorrer

El proceso de reforma electoral recién comienza y se espera que en los próximos meses se lleven a cabo intensos debates sobre los cambios que Panamá necesita para garantizar elecciones justas y transparentes en 2029. El desafío ahora es lograr consensos que permitan modernizar el sistema sin comprometer la estabilidad democrática del país.

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La propuesta, impulsada por los diputados Dana Castañeda, Orlando Carrasquilla, Alain Cedeño, Janine Prado y otros, presentaba un problema en la fecha de entrada en vigor de la ley. Para corregirlo, el pleno votó la modificación con 40 votos a favor y 18 en contra, estableciendo que la normativa regirá desde su promulgación, salvo en los casos donde se indique lo contrario.

El error no pasó desapercibido. El diputado Luis Eduardo Camacho expresó su descontento, señalando que la acumulación de fallos en la redacción del proyecto refleja deficiencias en el proceso legislativo. “Voté a favor porque quiero que la Asamblea y el país avancen, pero este tipo de errores se están volviendo demasiado frecuentes”, advirtió.

Camacho también subrayó la inusual cantidad de modificaciones que ha tenido el proyecto. “Nunca había visto una iniciativa con más de 300 cambios. Esto deja una mala impresión en la ciudadanía, que está observando todo lo que hacemos”, añadió.

Con esta corrección, el proyecto 163 vuelve al tercer debate, pero la constante necesidad de ajustes deja en evidencia las dificultades para lograr un texto definitivo que satisfaga a todas las partes involucradas.

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Disputa dentro de la bancada

El conflicto surgió durante una reunión de los diputados de Vamos en la Asamblea Nacional, donde se discutieron temas de interés nacional, incluyendo reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) y posibles modificaciones al Código Electoral. Durante el debate, el diputado Betserai Richards tuvo un enfrentamiento verbal con las diputadas Yamireliz Chong y Alexandra Brenes.

Según denunció Chong, Richards las increpó por haber votado en contra de un proyecto de ley que, a su juicio, afectaba sus intereses personales. La diputada describió el episodio como un ataque verbal que no debía ocurrir dentro de un equipo político que se presentó al electorado con la promesa de hacer política de manera diferente.

Por su parte, Richards acusó a varias de sus compañeras de bancada de estar infiltradas por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de actuar en beneficio de su líder, Benicio Robinson. “Quedó al descubierto quiénes son los infiltrados de Benicio Robinson en la bancada de Vamos. Lamentablemente, el populismo del PRD contagió a nuestras colegas comunistas Walkiria Chandler, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong. Aliarse con un partido que saqueó al país por tanto tiempo es un error que les pasará factura”, afirmó Richards, encendiendo aún más la controversia.

Reacción de Juan Diego Vásquez

Tras la difusión del incidente, Juan Diego Vásquez lamentó lo sucedido y ofreció disculpas públicas en nombre de la coalición. “Es una pena que un equipo político que surgió para hacer buena política sea el centro de una discusión de dimes y diretes. Al país le ofrezco mis disculpas y además les doy mi palabra que tomaremos acción para trabajar de la forma seria y honesta que nos comprometimos”, expresó Vásquez en su cuenta de X.

División interna y futuro de la coalición

El episodio ha evidenciado profundas divisiones dentro de Vamos, especialmente en torno a su postura frente a las reformas de la CSS y su relación con otros partidos políticos. Mientras algunos miembros, como Richards, buscan mantener una línea firme contra el PRD y cualquier vinculación con sus dirigentes, otros diputados han adoptado posturas más pragmáticas, considerando alianzas estratégicas en función de los proyectos que se discuten en la Asamblea.

Analistas políticos han señalado que este conflicto podría afectar la estabilidad de la coalición, que hasta ahora se había presentado como una alternativa de cambio en el panorama político panameño. La falta de cohesión interna y los ataques entre sus propios miembros generan dudas sobre su capacidad para mantenerse como un bloque sólido y cumplir con sus promesas de campaña.

La ciudadanía y diversos sectores políticos estarán atentos a los próximos movimientos de la bancada, que deberá encontrar mecanismos de conciliación si quiere preservar su credibilidad y efectividad en el ámbito legislativo.

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A través de un comunicado difundido horas después del suceso, Martinelli se disculpó públicamente por lo ocurrido. En su declaración, expresó que fue un error haberse presentado a la cita en un momento en el que no se encontraba en su mejor estado de salud. El embajador reconoció que debió haber solicitado una reprogramación de la sesión o haber pedido un receso para poder recuperarse, en lugar de continuar con la comparecencia.

En su mensaje, Martinelli subrayó su profesionalismo y preparación, asegurando que no padece ninguna condición que le impida ejercer sus funciones como embajador. Además, afirmó estar dispuesto a someterse a todas las pruebas médicas necesarias para demostrar su buen estado físico y mental.

«Entiendo la sorpresa de los diputados y las burlas que pudieron haberse generado debido a la situación, las cuales son fruto del desconocimiento y la dinámica de descalificación que actualmente atraviesa nuestro país», comentó el diplomático, quien también expresó su pesar por cualquier inconveniente causado.

Este incidente ha suscitado un amplio debate en Panamá, donde algunos han señalado la necesidad de revisar los protocolos para las comparecencias ante la Asamblea Nacional, mientras que otros piden mayor empatía y comprensión ante situaciones de salud imprevistas.

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El primero en causar preocupación fue Guido Martinelli Mérida, designado como embajador de Panamá en el Reino Unido, quien presentó un comportamiento errático durante su intervención. Martinelli tuvo dificultades para articular sus ideas, pausaba constantemente y dio señales de confusión, lo que llevó al diputado independiente Augusto Palacios a preguntarle:
—¿Usted se siente bien? Aunque Martinelli afirmó que estaba bien, poco después admitió tener un problema y justificó su desempeño como producto de los nervios respondiendo:
—Capaz estoy un poco nervioso… no ha sido la mejor presentación.

Ante la insistencia de los diputados en que sus expresiones no eran claras, se sugirió un receso para que retomara su exposición. Sin embargo, su estado seguía generando inquietud. El diputado Jhonathan Vega, del partido Vamos, incluso preguntó si la Cancillería realiza pruebas antidopaje a los diplomáticos designados, sugiriendo que Martinelli tenía características de alguien intoxicado.

La situación culminó con Martinelli respondiendo de manera grosera, lo que aumentó las críticas hacia su comportamiento. Algunos diputados, como Roberto Zúñiga, también de Vamos, pidieron reconsiderar su nombramiento, señalando que su estado «da pena» y podría representar un riesgo para la imagen del país en el exterior.

Por otro lado, el embajador designado en India, Alonso Correa, también generó preocupación durante su comparecencia. Correa demostró desconocer aspectos clave de sus responsabilidades diplomáticas y consulares. Al ser interrogado sobre su rol adicional como Cónsul Privativo de Marina Mercante, admitió que desconocía que esa función formaba parte de su cargo.

Además, Correa mostró falta de claridad sobre los procedimientos relacionados con la distribución de ingresos consulares, una gestión fundamental en su próximo puesto. Ante estas deficiencias, diputados como Augusto Palacios expresaron su preocupación sobre la preparación de Correa para el cargo.

La Asociación de Estudiantes de Relaciones Exteriores de Panamá expresó su preocupación por la situación ocurrida en la comisión, afirmando que esta ha puesto “en duda la seriedad y el profesionalismo de quienes ejercen cargos diplomáticos”.

“Hacemos un llamado a las autoridades a fortalecer los criterios de selección en el servicio exterior, con el objetivo de preservar la dignidad e integridad de nuestra diplomacia”, subrayaron.

Ambas intervenciones fueron objeto de críticas tanto en la Asamblea como en redes sociales, donde se viralizaron fragmentos de las comparecencias, generando un debate sobre la necesidad de procesos más rigurosos para la selección de diplomáticos que representen al país en el extranjero.

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