Flores expresó su preocupación por el incremento de la planilla legislativa. “La dejamos en siete millones de dólares y ahora va por ocho millones, cuando debería estar alrededor de cinco millones”, advirtió.
Choque por transparencia: contralor y diputados se enfrentan por manejo de recursos
REDACCIÓN | Panamá en Directo
Panamá | diciembre 15, 2025Audio generado por AI para Panamá en Directo
Panamá en Directo | Choque por transparencia: contralor y diputados se enfrentan por manejo de recursos
En medio de cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos públicos, el contralor general de la República, Anel Flores, defendió el rol de la Contraloría en el refrendo de partidas municipales y advirtió sobre el aumento sostenido de la planilla legislativa, lo que provocó reacciones en la Asamblea Nacional. Durante una entrevista en el noticiero matutino de TVN, el funcionario defendió el rol de la Contraloría en el refrendo de partidas municipales, al tiempo que lanzó duras críticas al crecimiento sostenido de la planilla de la Asamblea Nacional, que —según dijo— supera actualmente los ocho millones de dólares mensuales.
Flores explicó que las partidas asignadas a municipios y juntas comunales responden a solicitudes específicas que, en su mayoría, no exceden los 200 mil dólares y son refrendadas bajo criterios sectoriales. “La Contraloría no maneja fondos; únicamente refrenda partidas. Si me llega una solicitud de 75 mil dólares y es para un municipio —no para un diputado—, quien decide cómo se gasta ese dinero es la junta comunal, no el gobierno central”, afirmó.
El contralor anunció además el inicio de auditorías sobre el uso de estas partidas, asegurando que se aplicará el mismo rigor que en otros procesos de fiscalización. Según explicó, la decisión se adopta en medio de cuestionamientos públicos sobre la transparencia y el destino de los fondos municipales, especialmente tras denuncias de posibles irregularidades en juntas comunales con presupuestos millonarios.
Adicionalmente Flores expresó su preocupación por el incremento de la planilla legislativa. “La dejamos en siete millones de dólares y ahora va por ocho millones, cuando debería estar alrededor de cinco millones”, advirtió. Señaló que el sistema conocido como “20 y 20”, que permite a cada diputado nombrar hasta 20 personas con un presupuesto de 20 mil dólares, ha generado una nómina paralela que supera los mil funcionarios. “Si se elimina ese esquema, el Estado se ahorraría cerca de dos millones de dólares al mes”, sostuvo.
El contralor también denunció la existencia de oficinas de participación ciudadana en algunas provincias con hasta 55 personas nombradas, aunque —según indicó— solo tres cumplen funciones reales. Asimismo, cuestionó lo que calificó como incoherencias de algunos diputados independientes que, a su juicio, hoy replican prácticas que antes criticaban, como el uso de escoltas, vehículos oficiales y la contratación masiva de personal por compromisos políticos.
Las declaraciones de Flores se producen en un contexto de creciente presión ciudadana por mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La Contraloría ha procesado pagos por más de 65 mil millones de dólares y ha refrendado desembolsos por 33 mil millones en lo que va del periodo, en medio de una carga fiscal heredada que —según el funcionario— incluye más de 150 mil millones de dólares en deuda y presupuesto acumulado. Flores reiteró que su despacho prioriza auditorías donde se detectan mayores daños al Estado y reconoció que la falta de personal limita la capacidad de fiscalización. “Tenemos auditorías de dos laptops y auditorías de dos millones de dólares. Yo creo que todos se inclinan por las de dos millones, independientemente de quiénes sean”, concluyó.
Respuesta de la bancada Vamos
Las declaraciones del contralor generaron una reacción inmediata de la bancada Vamos. El jefe de bancada, Roberto Zúñiga, y el subjefe, Luis Duke, calificaron los señalamientos como “desafortunados”. Zúñiga aseguró que su bancada publica informes mensuales de rendición de cuentas, divulga de manera voluntaria las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de sus diputados y entregó íntegramente el subsidio postelectoral de seis millones de dólares a instituciones públicas.
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“Aquí no hay nada que ocultar. Todo está publicado y a disposición del país”, sostuvo Zúñiga, al subrayar que los fondos públicos deben ser tratados como “sagrados” y administrados con absoluta transparencia.
Por su parte, Duke aclaró que los recursos cuestionados no fueron entregados a diputados, sino transferidos directamente a municipios y juntas comunales. Reconoció que existe una relación política entre algunas de estas entidades y los diputados de las áreas beneficiadas, lo que —dijo— amerita un análisis y una fiscalización más profunda. Afirmó además que toda la información solicitada por la Contraloría ya fue entregada y que las prórrogas solicitadas se ajustan a lo establecido en la normativa vigente.
No obstante, Duke cuestionó la actuación del ente fiscalizador y le exigió cumplir su rol constitucional. “El país necesita saber por qué no se detectaron a tiempo desvíos que superan los 10 millones de dólares hacia municipios y juntas comunales. No basta con anunciar auditorías; se requieren investigaciones reales y consecuencias”, manifestó.
Los diputados insistieron en que las transferencias fueron aprobadas de forma expedita y sin una explicación clara de los criterios utilizados, y reclamaron que se fiscalice a todos los municipios beneficiados sin distinciones políticas. La bancada reiteró su exigencia al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría para que publiquen la documentación que respalda estas transferencias y expliquen por qué se realizaron fuera del procedimiento regular. “Es dinero de todos los panameños y el país tiene derecho a saber cómo se manejó”, señalaron.
Un conflicto institucional en ascenso
La fiscalización del financiamiento político y las polémicas transferencias a municipios han abierto un nuevo frente de tensión institucional entre la Contraloría, los partidos políticos y expertos en materia electoral. La controversia se intensificó el lunes 15 de diciembre, cuando Flores elevó el tono de sus críticas y reveló la existencia de una lista oficial de diputados y partidos morosos en materia de rendición de cuentas.
“Esta es la lista de los diputados que no han cumplido con su obligación legal”, afirmó el contralor durante una entrevista en TVN Noticias, al señalar que la mayoría pertenece al partido o a la coalición Vamos. Extendió el señalamiento a organizaciones políticas y aseguró que solo cuatro partidos han cumplido con la rendición de cuentas exigida por la ley, mencionando entre los incumplidores al PRD, Molirena y MOCA.
Las declaraciones provocaron nuevas reacciones. El exdiputado independiente y fundador de Vamos, Juan Diego Vásquez, rechazó los señalamientos y aseguró que inducen a error a la ciudadanía al presentar las prórrogas como incumplimientos. “De los 18 diputados de la coalición, solo uno está pendiente de entregar el informe. La prórroga no significa incumplimiento”, sostuvo, y cuestionó que el contralor evite explicar decisiones clave de su gestión.
A la polémica se sumó el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, quien advirtió que la Contraloría podría estar incurriendo en una extralimitación de funciones al asumir atribuciones que corresponden al órgano electoral. Recordó que el Tribunal Electoral es el ente competente para supervisar el uso del subsidio electoral, mientras que el rol de la Contraloría debe limitarse a verificar que los fondos se hayan manejado correctamente, sin invadir competencias de otras instituciones.
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