Crónica de un juicio que no empieza: el caso Odebrecht vuelve a aplazarse

La jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, decidió posponer la audiencia del caso Odebrecht prevista para el 11 de noviembre de 2025. Esta vez, la nueva fecha se extenderá del 12 de enero al 13 de febrero de 2026, una prórroga que se justifica —otra vez— por un mismo protagonista: el expresidente Ricardo Martinelli, aún sin notificar.

El documento oficial, señala que han pasado más de cuatro meses desde que Panamá solicitó a Colombia ayuda para localizar a Martinelli, asilado en ese país desde mayo. La asistencia judicial internacional enviada el 4 de junio sigue sin respuesta.
El exmandatario, que gobernó entre 2009 y 2014, salió de la Embajada de Nicaragua en Panamá rumbo a Bogotá el 10 de mayo, dejando atrás un año de refugio diplomático y una larga sombra judicial.

Mientras tanto, la jueza Marquínez aguarda también noticias de Brasil y Perú, países a los que se pidió tomar declaración a testigos clave del escándalo de las coimas. La falta de esas diligencias no es nueva: ya en enero de 2025 se había suspendido otra audiencia por la misma razón. Entonces, tanto los abogados defensores como la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo coincidieron en que era imposible avanzar sin la presencia —aunque fuese virtual— de nueve testigos que viven en el extranjero.

El expediente del caso es un espejo de aplazamientos. Tres veces ha fijado Marquínez fecha de inicio: primero en julio de 2024, luego en noviembre de ese año, y después en noviembre de 2025, que debía celebrarse en pocos días. Cada intento ha terminado en papeles, autos y nuevas esperas.
La fiscalía, que remitió su vista fiscal en abril de 2021 con 50 imputados, logró llevar a juicio a 35; para esta audiencia comparecerían 26, ya que otros permanecen prófugos o amparados por fueros, como el expresidente Juan Carlos Varela, actual diputado del Parlacen.

Uno de los nombres que sigue orbitando en el expediente es Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli. Aunque un tribunal superior anuló los cargos de blanqueo en su contra, la fiscalía apeló. Según los fiscales, Mizrachi habría sido beneficiario final de Caribbean Holding Services Ltd., sociedad usada para recibir millones en sobornos de la constructora. En su defensa, alegó que el dinero eran “donaciones” de campaña en 2009.

La trama de Odebrecht, reconocida por la propia empresa ante la justicia de Estados Unidos, tejió una red continental de corrupción: 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de doce países. En Panamá, la constructora se comprometió a pagar 220 millones de multa, pero hasta hoy solo ha entregado 76 millones.
En diciembre, la compañía deberá comparecer ante un juez de cumplimiento para justificar su morosidad. En febrero, el juez James Corro ya había ordenado al Ministerio de Economía y Finanzas retener los pagos del Estado a la empresa. Odebrecht insiste en que no tiene fondos; el Estado, en que no tiene más paciencia.

Así, entre papeles que cruzan fronteras y notificaciones que nunca llegan, el juicio más emblemático de corrupción en Panamá sigue suspendido en el aire. Cada aplazamiento alimenta la sensación de que el caso Odebrecht —símbolo del poder y la impunidad— es también una historia de tiempo detenido.