La Asamblea Nacional gasta 10,7 millones mensuales: el debate sobre planilla y fiscalización que divide a Panamá

Descubre cómo los diputados asamblea nacional panama enfrentan críticas por gastos de 10,7 millones mensuales. Análisis sobre fiscalización, salarios y transparencia en el Estado.
La Asamblea Nacional gasta 10,7 millones mensuales: el debate sobre planilla y fiscalización que divide a Panamá

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | octubre 7, 2026 07:58 UTC-5
PANAMA EN DIRECTO - La Asamblea Nacional gasta 10,7 millones mensuales: el debate sobre planilla y fiscalización que divide a Panamá

Panamá enfrenta una crisis de confianza institucional que trasciende los números presupuestarios. En el programa de análisis «Panamá en Directo» de este miércoles 7 de octubre de 2026, la conversación giró alrededor de un tema que toca el nervio más sensible de la política nacional: cómo gastan dinero los diputados asamblea nacional panama y si la fiscalización se ha convertido en un espectáculo político que opaca los verdaderos problemas.

El debate comenzó con números que generan vértigo. Según reportes de prensa citados en el programa, la planilla de la Asamblea Nacional alcanza los 10,7 millones de dólares mensuales. Para dimensionar: durante la administración Castañeda, el costo era de 6,8 millones. Con Jorge Herrera como presidente de la Asamblea, subió a 8,5 millones. Ahora, bajo la actual administración, llegó a 10,7 millones en apenas tres meses (julio, agosto, septiembre). La Asamblea cuenta con 6.487 funcionarios registrados, de los cuales 3.500 son permanentes y el resto transitorios, con un costo mensual de nómina de 1,7 millones de dólares.

El traslado de partidas que encendió las alarmas

Lo que más generó polémica fue el anuncio de un traslado interinstitucional de 17,1 millones de dólares desde el Ministerio de Salud hacia la Asamblea Nacional. Según documentos citados en el programa, el movimiento presupuestario permitió trasladar recursos de una institución a otra para atender compromisos de la Asamblea que, según consta en los documentos, no podían ser cubiertos por las partidas disponibles. La mayor parte de estos recursos quedó destinada al pago de personal transitorio.

Aunque técnicamente los traslados interinstitucionales están permitidos dentro del presupuesto general del Estado —y no se puede trasladar de inversión a funcionamiento—, la pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿cómo es posible que una institución de salud, que ya enfrenta crisis de recursos, tenga que ceder dinero para que la Asamblea Nacional pague su planilla?

El show de la fiscalización versus el debate serio

Pero el programa no se limitó a los números. El análisis profundizó en un fenómeno más preocupante: la distorsión de la labor fiscalizadora. El diputado Jonathan Vega fue el centro de la crítica cuando cuestionó los salarios de funcionarios públicos, particularmente del superintendente de Bancos, Milton Ayón. El diputado parecía sugerir que ocupar un cargo público debería avergonzar a quien lo desempeña, especialmente si gana un salario que considera excesivo.

La respuesta del superintendente fue contundente. Ayón mostró sus declaraciones de renta de los últimos cinco años del sector privado, demostrando que ganaba significativamente más antes de entrar al servicio público. «Hoy estoy haciendo un aporte a la patria», respondió, dejando implícita una pregunta incómoda: ¿por qué un profesional de alto nivel debería sacrificar ingresos para servir al Estado si luego será exhibido públicamente por ello?

Los analistas del programa fueron claros: hay una diferencia abismal entre fiscalizar resultados y hacer un show político. Fiscalizar es legítimo. Preguntar si un funcionario cumple sus metas, si justifica su salario con resultados concretos, es correcto. Pero convertir el cargo público en motivo de vergüenza es contraproducente. «Lo que estamos provocando es que nadie quiera ejercer cargos públicos en este país», señalaron.

El caso Enrique Lao: cuando la justicia finalmente actúa

En paralelo, la detención del ex director de la Caja de Ahorros, Enrique Lao Cortés, generó reflexiones sobre la selectividad de la justicia. Lao fue detenido en una operación denominada «A Muralla» con orden de secuestro de bienes hasta 2,9 millones de dólares. Enfrenta dos investigaciones: una por presunto peculado relacionada con medicamentos e insumos médicos quirúrgicos adquiridos durante su gestión, y otra por posible enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, donde la Fiscalía calcula una lesión patrimonial de 500.000 dólares contra el Estado.

Lo que sorprendió a los analistas fue la rareza del evento: en 15 años, no recordaban la detención de un banquero o funcionario de tan alto perfil. Esto encendió las alarmas sobre si el caso es «mucho más grande de lo que realmente nos están pintando», como sugirió uno de los participantes. El caso Pandora, los créditos fiscales y cómo se utilizaron, quedaron como interrogantes pendientes.

Educación: 7% del PIB presupuestado, 3,7% ejecutado

Otro tema que ilustró la brecha entre intención y realidad fue el de educación. La ley obliga a destinar el 7% del Producto Interno Bruto a educación desde 2024. En 2025, se llegó al 6,2% presupuestado, pero solo se ejecutó el 3,7%. Los analistas fueron enfáticos: no todo es dinero. El problema educativo en Panamá no se resuelve solo aumentando presupuesto. Requiere capacidad de ejecución, calidad de educadores, compromiso de la comunidad educativa y políticas públicas que trasciendan los ciclos electorales.

«Cuando hacemos esas normativas solo para lograr aplausos de la tribuna, la justicia social al final no es así», señalaron. La educación es un ejemplo perfecto de cómo Panamá legisla con buenas intenciones pero ejecuta con deficiencias estructurales.

Las multinacionales que llegaron: una nota positiva

No todo fue pesimismo. Desde enero de 2025 hasta abril de 2026, 16 multinacionales con licencia SEM (Sociedades Mercantiles Especiales) se han establecido en Panamá. Entre ellas: Medline, BD, Grupo Poteca, Trimarín, PSA, Deloitte, China National Petroleum, Grupo Fresco, Polaris Energía, Grupo Target Overseas, Damon Shipyards, A Marine Group y BTS Group. Este flujo de inversión extranjera es positivo para la economía, el empleo y el posicionamiento de Panamá como hub regional.

Pero incluso esta noticia fue matizada: mientras hay dinero para atraer multinacionales, hay déficit de 21 millones de dólares en educación y gastos descontrolados en la Asamblea Nacional.

Los polígonos heredados: municiones sin detonar

El diputado Betzeray Richards, periodista de profesión, sacó a la luz un tema que ha permanecido en la sombra: los polígonos de tiro contaminados con municiones sin detonar heredados de la época estadounidense. El Emperador, Piña, Escobal, Río Ato, Isla de San José, Archipiélago de las Perlas, Nuevo Emperador y Balboa Oeste están contaminados. Los gringos se fueron dejando el problema: «Ese problema es de ustedes».

Ahora el Estado solicita 25 millones de dólares para limpiar estos polígonos. El diputado cuestionó por qué la misma empresa. Los analistas respondieron: ¿cuántas empresas en Panamá tienen la especialidad y el equipamiento para limpiar polígonos de municiones sin detonar? Es un trabajo de altísimo riesgo. La fiscalización es válida, pero el show político mata el debate.

La fatiga del análisis político

Lo que quedó claro al final del programa es que hay una fatiga generalizada. Los analistas, los oyentes, la ciudadanía, todos parecen cansados de la misma narrativa: todo el que entra al gobierno roba. No es cierto. Hay funcionarios que cumplen, que vienen del sector privado con altos pergaminos y que hacen aportes reales. Pero la falta de justicia sobre los que sí roban abre la puerta a que todos sean sospechosos.

La pregunta que quedó sin respuesta fue la más importante: ¿cómo construimos una sociedad donde la fiscalización sea seria, donde los diputados asamblea nacional panama hagan su trabajo sin convertirlo en espectáculo, donde se premie a los que sirven y se castigue a los que roban, sin que todo el mundo termine avergonzado de ocupar un cargo público?

Mientras tanto, los 10,7 millones mensuales de la Asamblea Nacional seguirán siendo un símbolo de una máquina estatal que gasta sin control, de una fiscalización que a veces es show, y de una sociedad que necesita desesperadamente separar el debate legítimo de la demagogia barata.


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