Judicializan a 114 detenidos por vandalismo en protestas de Bocas del Toro

Más de medio centenar de personas permanecerán bajo detención preventiva tras ser señaladas por su presunta implicación en actos violentos ocurridos durante las recientes protestas sociales en la provincia de Bocas del Toro.

Las medidas cautelares se dictaron luego de que las autoridades imputaran a los detenidos por delitos vinculados con agresiones a funcionarios públicos y manejo de bienes de origen ilícito. La información fue confirmada por el Órgano Judicial, que reportó un total de 114 personas judicializadas, como parte de los procedimientos derivados de la Operación Omega.

Durante dicho operativo, desplegado tras varios días de tensión social, los estamentos de seguridad capturaron a 376 personas, trasladadas posteriormente a centros penitenciarios en Bocas del Toro y Veraguas. Del grupo procesado judicialmente, 64 recibieron detención preventiva, mientras que a otros se les impusieron medidas como arresto domiciliario, reporte periódico ante el Ministerio Público y restricciones de comunicación y movilidad.

La intervención estatal respondió a una serie de saqueos, bloqueos y enfrentamientos ocurridos en medio del descontento social en la provincia. Ante la escalada de violencia, el Gobierno decretó un estado de urgencia del 20 al 29 de junio, durante el cual se prohibieron reuniones y se impuso toque de queda. Un contingente de 1,500 unidades de seguridad, entre policías, agentes fronterizos y personal aeronaval, fue movilizado para controlar la situación.

Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que un 88.5% de los detenidos entrevistados reportó haber sido golpeado, esposado con fuerza excesiva o víctima de trato inadecuado. Además, 104 personas alegaron haber sido arrestadas sin orden judicial ni justificación clara.

Para enfrentar la alta carga de procesos, el sistema judicial destinó a cuatro jueces de garantías y el Ministerio Público desplazó a fiscales a la región para avanzar con las audiencias y diligencias investigativas.

Mientras las autoridades aseguran que continuarán con las labores para desarticular redes delictivas involucradas en los disturbios, organismos defensores de derechos civiles exigen transparencia en los procesos y el esclarecimiento de las denuncias por presunto abuso de poder.