
Panamá tiene derecho a protestar. Ese derecho no se discute. Lo que sí debemos discutir, con la misma firmeza, es cuándo una protesta deja de representar una causa ciudadana y se convierte en una plataforma política disfrazada de indignación.
En las últimas semanas hemos visto nuevamente marchas contra la minería y contra cualquier intento de analizar el futuro productivo del país. Respeto al ciudadano que marcha con preocupación sincera. Pero no puedo quedarme callado frente a quienes usan las necesidades del pueblo como escalera para llegar a una papeleta en 2029. Hay dirigentes que hoy se presentan como defensores del ambiente, del agua o de la gente, pero mañana aparecerán pidiendo votos, cargos y espacios de poder.
Ese es el problema de los “anti todo”. Son anti mina, anti empresa, anti inversión, anti empleo y anti decisión. Se oponen a todo, pero no explican cómo van a reemplazar los empleos perdidos, cómo van a pagar las cuentas del Estado, cómo van a generar oportunidades en el interior ni cómo van a sostener una economía que necesita producir. Gritar es fácil. Gobernar, generar empleo y asumir consecuencias es otra cosa.
Panamá no puede seguir tomando decisiones nacionales por miedo al ruido. El país necesita información, auditorías, estudios serios y debates responsables. Por eso considero importante que el presidente José Raúl Mulino haya designado a tres ministros para analizar el futuro de la minería: Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente. Ese es el camino correcto: sentar en la misma mesa lo técnico, lo económico, lo jurídico y lo ambiental.
Esto no significa abrir una mina a cualquier costo. Tampoco significa ignorar a las comunidades. Significa algo más serio: evaluar, corregir, exigir, fiscalizar y decidir con base en la realidad, no en consignas. Un país maduro no se gobierna por presión de calle ni por miedo a titulares. Se gobierna con carácter, responsabilidad y visión de futuro.
La protesta tiene valor cuando viene acompañada de propuesta. Pero cuando solo busca cerrar, bloquear, asustar o destruir reputaciones, deja de ser defensa del pueblo y se convierte en negocio político. Panamá ya conoce ese libreto. Lo hemos visto demasiadas veces: primero se agita la calle, después se culpa al gobierno, luego se paraliza la economía y finalmente algunos de los mismos voceros terminan buscando una curul, una alcaldía o una candidatura.
El pueblo panameño merece algo mejor que eso. Merece empleo, educación, salud, seguridad, agua, oportunidades y desarrollo regional. Merece dirigentes que construyan, no figuras que vivan de incendiar problemas para luego venderse como bomberos.
Panamá debe escuchar a todos, pero no puede obedecer a quienes no proponen nada. El futuro no se defiende diciendo no a todo. Se defiende haciendo las cosas bien, con controles, transparencia y valentía.
* El autor es empresario | CEO GRUPO CAMSA Panamá | Especialista en Proyectos de Desarrollo de Alto Impacto y Sostenibilidad Empresarial | Expresidente de Cámara Minera de Panamá




