El pronunciamiento, dado a conocer mediante el Edicto 560 este 22 de abril, resuelve tres demandas de inconstitucionalidad que buscaban invalidar tanto la orden de indagatoria como el fallo condenatorio. El magistrado Olmedo Arrocha fue el encargado de sustentar la decisión como ponente.

Dos de los recursos fueron promovidos por el abogado Ángel Álvarez, uno de ellos en representación de la exprimera dama Marta Linares de Martinelli, mientras que la tercera acción fue presentada por la abogada Nadia Castillo. Las impugnaciones pretendían dejar sin efecto actuaciones clave del proceso penal.

La investigación contra el exmandatario se formalizó con una orden de indagatoria emitida el 30 de junio de 2020 por el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez. Posteriormente, el 17 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales —instancia que ya no está en funcionamiento— dictó la sentencia condenatoria bajo la dirección de la jueza Baloisa Marquínez.

Ese fallo estableció una pena de 128 meses de prisión, una multa de 19.2 millones de dólares y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. En el mismo expediente también fueron condenadas otras cuatro personas: Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Valentín Martínez e Iván Arrocha.

Con esta decisión, el máximo tribunal cierra la vía constitucional intentada por la defensa para revertir la condena, al confirmar la validez de las actuaciones cuestionadas dentro del proceso.

El exgobernante permanece fuera del país desde mayo de 2025, cuando viajó a Colombia tras abandonar la embajada de Panamá en Nicaragua, donde se había mantenido desde febrero de 2024.

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El equipo permitía intervenir llamadas telefónicas y monitorear conversaciones digitales, incluidos chats, sin autorización judicial, afectando a múltiples personas vinculadas a la vida política y social del país, durante el periodo presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal.

El juicio, que se desarrolla en el Juzgado Primero Liquidador, está relacionado con el presunto delito de peculado por la pérdida de estos dispositivos, valorados en 13.4 millones de dólares, que habrían sido utilizados para realizar escuchas ilegales.

Sobre ambos acusados pesaba una orden de captura emitida en diciembre de 2014 por el Ministerio Público. No fue sino hasta el pasado 26 de marzo cuando se entregaron a las autoridades y formalizaron su disposición a enfrentar el proceso judicial.

Como parte del trámite, el juzgado emitió el edicto No. 278 el pasado 26 de marzo, mediante el cual se notificó a las personas que figuran como víctimas dentro del proceso, con el fin de que participen en la audiencia y presenten las pruebas correspondientes junto a sus abogados.

Entre quienes han sido reconocidos en el expediente figuran el expresidente Ernesto Pérez Balladares; el dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens; el asesor presidencial Miguel Antonio Bernal; la dirigente magisterial Yadira Pino; el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro; el diputado panameñista José Luis Varela; la exdiputada Zulay Rodríguez junto a su esposo Álvaro Testa; la secretaria general del PRD, Balbina Herrera; el también perredista Francisco Sánchez Cárdenas; el exdirector del CSN, Rolando López; el abogado Rosendo Rivera; Bernabé Pérez y el periodista Rubén Polanco, entre otros.

La investigación señala que los equipos fueron adquiridos a la empresa MLM Protección con fondos del extinto Fondo de Inversión Social (FIS), entidad que en ese momento dirigía Giacomo Tamburelli (q.e.p.d), quien posteriormente fue condenado a 10 años de prisión por este caso.

Según las pesquisas del Ministerio Público, los dispositivos eran operados por Rodríguez y Pittí en un área del edificio 150 del CSN, ubicado en Quarry Heights. Sin embargo, tras iniciarse las investigaciones, los equipos desaparecieron y nunca han sido recuperados.

En el expediente, un testigo protegido afirmó que los acusados habrían recibido instrucciones para eliminar los equipos utilizados en la vigilancia de aproximadamente 150 personas consideradas adversarias del gobierno de la época.

Asimismo, los agentes Júbilo Graell y Javier Quiroz relataron que participaron en el traslado del equipo desde la sede del CSN en Ancón hasta oficinas del supermercado Super 99 en Monte Oscuro, siendo esta la última ubicación conocida de los dispositivos.

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La audiencia se desarrolló ante la jueza Baloisa Marquínez, luego de que la Fiscalía Especial Anticorrupción solicitara condena para 16 personas y la absolución de 5 acusados por el delito de blanqueo de capitales.

Defensa de Martinelli insiste en nulidad

La jornada comenzó con la intervención de Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, quien reiteró que a su cliente se le ha vulnerado el principio de especialidad contemplado en el tratado bilateral de extradición entre Panamá y Estados Unidos. Con base en ese argumento, pidió que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso relacionado con los sobornos que Odebrecht habría distribuido durante la administración 2009-2014.

Como sustento, Carrillo presentó una nota firmada por Fernando Gómez Arbeláez, director de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el 11 de julio de 2024, en la que se indica que en ese despacho no consta ninguna solicitud para levantar el principio de especialidad. Esa comunicación fue emitida 11 días después de la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino y de la designación de Javier Martínez Acha como canciller, ambos identificados como cercanos a Martinelli.

No es la primera vez que la defensa plantea este argumento. Ya lo había hecho en la audiencia preliminar, pero la jueza Marquínez rechazó la solicitud, recordando que el tema fue decidido en 2022 y que esa determinación fue revisada por instancias superiores.

Desde Estados Unidos, país que extraditó a Martinelli en 2018, tanto la embajada como el Departamento de Estado han sostenido que el exmandatario perdió el beneficio del principio de especialidad cuando en 2019 se le levantaron medidas cautelares de impedimento de salida y viajó fuera del país.

Carrillo también cuestionó la idoneidad de Marquínez para juzgar a su cliente, señalando que está designada como jueza adjunta ad honorem. Además, objetó el uso de pruebas provenientes de Brasil, alegando que en 2024 el magistrado brasileño José Dias Toffoli anuló evidencias aportadas por delatores del caso Lava Jato. Esa decisión ha sido polémica en Brasil y ha sido invocada tanto por Martinelli como por el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), quien también figura como acusado, aunque su proceso deberá ventilarse ante la Corte Suprema de Justicia debido a su condición actual de parlamentario centroamericano.

Martinelli sigue las audiencias por Zoom desde Colombia, donde se encuentra asilado para evitar cumplir una condena de prisión por blanqueo de capitales en el caso conocido como “New Business”, relacionado con la compra de acciones de Epasa con fondos públicos.

Rodrigo Díaz plantea prescripción

Pedro Meilán, defensor de Rodrigo Díaz, presentó un incidente de prescripción de la acción penal. Argumentó que la pena máxima aplicable es de 12 años y que la última transacción vinculada a su cliente ocurrió en 2008, mientras que el llamamiento a juicio se produjo después de vencido el plazo legal.

Díaz fue uno de los principales ejecutivos de Mundial de Valores, firma que recibió fondos de la denominada Caja 2 de Odebrecht. Según el auto de llamamiento a juicio, los recursos fueron dirigidos a cuentas de inversión de Inversora Villa Loly y Logaro, S.A., ambas controladas por Díaz, por un total de 11.7 millones de dólares que, según la Fiscalía, provendrían de dinero ilícito.

Meilán sostuvo que los fondos correspondían al pago de un servicio prestado por Hugo Torrijos Richa (q.e.p.d.) a Odebrecht, cuando ninguno de los involucrados ejercía cargo público. Añadió que su cliente operaba un negocio de equipo pesado mediante la sociedad Río Fuente y que los recursos eran legítimos. También cuestionó el uso de pruebas enviadas desde Estados Unidos que, según afirmó, habrían sido anuladas.

Cambio de defensa de Navin Bhatka

Durante la audiencia se informó que Navin Bhatka cambió de representación legal. Aunque había sido defendido por Guillermina McDonald, el alegato final fue presentado por el exmagistrado Jerónimo Mejía, tras una sustitución formal del poder.

De acuerdo con la acusación, Bhatka habría integrado una estructura societaria empleada por los hermanos Martinelli Linares para adquirir un helicóptero matrícula N1626L. Se le señala como propietario de MTI Corporation, empresa que emitió un cheque por 814 mil dólares para la compra de un Eurocopter, operación completada con fondos de Aeon Group. La aeronave fue inscrita a nombre de Silver Wing Corporation, cuya totalidad de acciones pertenece a Importadora Ricamar.

Además, Bhatka es socio del expresidente y sus hijos en Corporación Energía del Istmo, empresa que utilizó fondos de la Caja 2 como garantía para un préstamo de 10 millones de dólares en Global Bank.

Mejía sostuvo que su cliente desarrollaba inversiones hidroeléctricas en los proyectos Las Cruces y San Bartolo, en Veraguas, y que una fusión con el proyecto La Laguna —vinculado al grupo Martinelli— explica las relaciones comerciales. Afirmó que ningún ejecutivo de Odebrecht ha mencionado a Bhatka y que el aporte de 814 mil dólares para el helicóptero no guarda relación con actos ilícitos.

Aunque la Fiscalía pidió la absolución de Bhatka, lo incluyó entre quienes deberían responder civilmente. La defensa solicitó que tampoco se le imponga esa responsabilidad.

Defensa de Duboy y otros acusados

Basilio González, abogado del exministro de Vivienda Carlos Duboy, argumentó que se pretende sancionar a su cliente por una donación política recibida en 2008, cuando era tesorero del Partido Panameñista. Alegó prescripción y presentó un incidente de nulidad, señalando que cualquier irregularidad correspondería al ámbito electoral. También indicó que el expresidente Juan Carlos Varela tenía conocimiento del manejo de los fondos por parte del comité de finanzas del partido.

Por su parte, Alejandro González, defensor de Michelle Lasso, destacó que la Fiscalía pidió su absolución y afirmó que su clienta actuó bajo instrucciones de su padre, Jaime Lasso, también acusado en la causa.

Finalmente, Fernando Peñuelas solicitó la absolución para los peruanos María Carmona y Fernando Monteverde. Cuestionó el testimonio del perito Antonio Lin, quien mencionó a las empresas Izagon, Cementerio Central, Deltora y Construmat —vinculadas a sus defendidos— como receptoras de fondos de Odebrecht, pero admitió no haber revisado sus cuentas ni actividad financiera. Según la defensa, ambos desconocían que estaban siendo investigados en Panamá y se enteraron durante la audiencia preliminar celebrada en 2022.

Con estos alegatos, el proceso entra en su recta final, a la espera de que la jueza emita su decisión sobre uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.

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Durante esta etapa final de su exposición, la Fiscalía Especial Anticorrupción pidió al tribunal una sentencia condenatoria contra 16 personas por el delito de blanqueo de capitales y solicitó la absolución de otros cinco imputados. El juicio se desarrolla en la sala de la jueza Baloisa Marquínez.

En caso de un fallo condenatorio, los acusados enfrentarían penas que parten de un mínimo de cinco años de prisión.

Exfuncionarios y empresarios entre los señalados

Entre las personas para quienes la fiscalía solicitó condena figuran el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y varios exministros de su administración: Demetrio “Jimmy” Papadimitriu (Presidencia), Frank De Lima (Economía y Finanzas), Federico José “Pepe” Suárez (Obras Públicas), Carlos Duboy (Vivienda) y José Domingo Arias (Vivienda).

También se pidió sentencia en contra del exdiputado Jorge Alberto Rosas y su primo Juan Carlos Rosas; el excónsul en Corea del Sur Jaime Lasso y Rodrigo Díaz Paredes, exejecutivo de la empresa Mundial de Valores.

La lista incluye además a los peruanos María Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde; el uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeira; y los ciudadanos andorranos Cristina Lozano Bonet y Francesc Xavier Pérez Giménez.

Por otro lado, el abogado querellante, Carlos Antúnez Morales, solicitó la absolución de Juan Antonio Niño Pulgar, Aurora Muradas, Navin Bhatka, Michelle Lasso, Rosa Mari Molino y Jaumes Pamies, al considerar que no existen pruebas suficientes que demuestren, más allá de toda duda razonable, que conocían el origen ilícito de los fondos recibidos.

Reclamo de resarcimiento al Estado

La fiscalía anunció además que promoverá acciones de responsabilidad civil contra varios imputados para recuperar recursos presuntamente afectados. El argumento central es que el sistema financiero panameño fue utilizado para legitimar capitales de origen ilícito, lo que —según el Ministerio Público— causó un perjuicio reputacional al Estado.

Este reclamo se presenta en representación del Ministerio de Seguridad Pública, que actúa como querellante dentro del proceso, y deberá ser resuelto al momento en que el tribunal emita sentencia.

La solicitud de responsabilidad civil incluye a Martinelli Linares, Díaz Paredes, Duboy, Niño Pulgar, Suárez, Papadimitriu, Arias, De Lima, Jaime Lasso, Michelle Lasso, Muradas y Bhatka. En el caso de los tres últimos, aunque la fiscalía pidió su absolución penal por blanqueo de capitales, mantiene el reclamo civil.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó responsabilidad penal para Riccardo Francolini, pese a que este alcanzó un acuerdo de pena el pasado 21 de enero, cuando el juicio ya se encontraba en curso —iniciado el 12 de enero—.

Señalamientos sobre transferencias y sociedades vinculadas

En la primera parte de la jornada, la fiscal anticorrupción Thalía Palacios cerró los alegatos relativos al exministro José Domingo Arias y a los acusados peruanos María Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde.

Palacios citó la declaración de Hilberto Mascarenhas, exintegrante del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, quien describió la existencia de una red internacional de operadores financieros que gestionaban pagos para la empresa.

Según la fiscal, los operadores bancarios Humberto De León y Eduardo Patrao —exfuncionarios de Credicorp Bank y Global Bank— facilitaron transferencias a favor de las sociedades El Santuario, Cementerio Centrales, Deltora Enterprises Group, Construmaq S.A. e Izagon, vinculadas a Carmona y Monteverde, que habrían recibido fondos de Odebrecht.

Estos recursos, añadió, circularon a través de estructuras como Select Engineering y Constructora Internacional del Sur, bajo el control del Departamento de Operaciones Estructuradas.

Pagos vinculados a la campaña presidencial de 2014

En relación con José Domingo Arias, excandidato presidencial del partido Cambio Democrático (CD) en 2014, la fiscalía sostuvo que recibió aportes canalizados mediante sociedades relacionadas con Odebrecht.

Se citó el testimonio de la publicista brasileña Mónica Moura, quien afirmó que el expresidente Martinelli ofreció 21 millones de dólares para la campaña electoral de CD. Moura indicó que Arias no manejaba directamente los fondos y que la administración de esos recursos recaía en Martinelli.

También se mencionaron las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht Luis Mameri, quien señaló que se realizaron pagos a la candidatura de Arias a través de la sociedad Deltora Enterprises; del estratega João Santana, quien afirmó haber sostenido reuniones con personas responsables de la campaña; y del exoperador Rodrigo Tacla Durán, quien aseguró tener conocimiento de transferencias efectuadas por la empresa a la campaña.

La fiscalía indicó que la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A., cuyo beneficiario final era el entonces candidato, recibió fondos provenientes de estructuras ligadas a Odebrecht. Además, sostuvo que Arias conocía las prohibiciones del Tribunal Electoral sobre aportes extranjeros y que estaba consciente de la ilicitud de los recursos.

Según la acusación, parte del dinero habría sido canalizado a través de Allure Consulting and Service, registrada en Antigua y Barbuda y gestionada por José Porta Álvarez, antes de llegar al excandidato.

Defensa alega inocencia y apunta a Martinelli

Concluida la intervención de la fiscalía, inició la etapa de alegatos del querellante y de los abogados defensores. El Ministerio de Seguridad Pública dispone de dos horas para su exposición, mientras que cada uno de los 21 abogados cuenta con una hora.

El primero en intervenir fue Fernando Morales, abogado de José Domingo Arias, quien defendió la inocencia de su cliente y señaló al expresidente Martinelli como el principal negociador con Odebrecht para los fondos destinados a la campaña.

Morales citó nuevamente las declaraciones de Moura y Santana para argumentar que Arias no administraba los recursos. No obstante, reconoció que las transferencias de Odebrecht se dirigieron a sociedades bajo control del excandidato.

Según los publicistas brasileños, la campaña fue diseñada por 21 millones de dólares: 3.5 millones serían cubiertos por CD y el resto por Odebrecht. André Rabello, entonces representante de la empresa en Panamá, confirmó esa versión. Para justificar los pagos, se utilizaron sociedades pantalla y contratos simulados.

Parte de los fondos fue dirigida a la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A., creada y controlada por el candidato. Martinelli siguió la audiencia de manera virtual, a través de la plataforma Zoom.

Posteriormente, el abogado Gustavo Pereira, defensor de Juan Carlos Rosas O’Donnell y Rosa Mari Molino Paz, cuestionó la acusación contra la firma Rosas & Rosas, argumentando que sus clientes prestaron servicios profesionales relacionados con la planilla de Odebrecht y que tales operaciones fueron registradas sin generar alertas bancarias.

Tanto Morales como Pereira solicitaron la absolución de sus representados.

El Ministerio Público, por su parte, mantiene su solicitud de condena para Arias, Martinelli y Rosas por blanqueo de capitales, mientras que para Rosa Mari Molino pidió absolución.

El juicio continuará con la presentación de los alegatos restantes antes de que el tribunal emita su decisión.

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En la apertura de la sesión tomó la palabra la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, quien compareció junto a las fiscales Jenisbeth Malek y Thalía Palacios, además del fiscal Mahmad Daud Hasan, como parte del equipo del Ministerio Público a cargo de la acusación.

Minutos después comenzaron a comparecer los abogados defensores, quienes informaron a quiénes representaban, mientras algunos imputados participaban de forma presencial y otros de manera remota. Entre los asistentes virtuales figuró el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, quien se conectó a la audiencia a las 9:34 a.m. para proporcionar sus datos generales, al igual que otros acusados.

Entre los abogados defensores presentes estuvieron Guillermina McDonald; Carlos Carrillo G., defensor de Martinelli; Alfredo Vallarino, representante de Aurora Mudarás; Juan Antonio Kuan, abogado de Frank De Lima; así como José María Castillo, Pedro Meilán, entre otros. En total, el proceso involucra a 26 imputados.

Durante la jornada, la jueza explicó que el expediente físico del caso cuenta con 2,973 tomos, y precisó que tanto las defensas como los querellantes han tenido acceso al expediente digital desde el inicio del proceso. Ante solicitudes para contar con los tomos físicos en sala, Marquínez advirtió que movilizarlos implicaría un retraso operativo de aproximadamente 6 horas, aunque aclaró que se podría solicitar tomos o folios específicos de ser necesario.

Durante la mañana, la fiscalía solicitó la validación confidencial de dos acuerdos de pena, lo que obligó a evacuar temporalmente la sala para la celebración de audiencias reservadas, una a las 10:20 a.m. y otra que se reanudó pasadas las 11:45 a.m., luego de presentaciones previas de imputados y de algunas fallas técnicas.

Posteriormente, la jueza procedió a formular a cada acusado la pregunta de rigor sobre su culpabilidad en los cargos de blanqueo de capitales. En total, los 24 imputados presentes se declararon no culpables mientras que los dos faltantes fueron declarados en rebeldía.

Hacia las 12:40 p.m., tras varias controversias con abogados defensores —entre ellos Pedro Meilán, quien alegó desventaja procesal por no tener acceso a testigos— la jueza decretó un receso. En ese momento informó que las audiencias se desarrollarán de lunes a jueves, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., con un receso de dos horas, para luego reanudarse de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y que el viernes será el único día de descanso dentro del calendario del juicio.

La audiencia se reanudó pasadas las 2:00 de la tarde con una controversia entre la jueza Marquínez y el abogado Carlos Carrillo, defensor del expresidente Martinelli, quien cuestionó que el juicio continuara pese a que el acceso a testigos en Brasil quedaría para una eventual apelación. Carrillo sostuvo que esta situación colocaba a las defensas en estado de indefensión y advirtió que podría derivar en una nulidad de lo actuado.

La jueza respondió que las diligencias correspondientes ante las autoridades brasileñas sí se realizaron, pero que la respuesta de ese país fue negativa y definitiva. Ante la insistencia del abogado Carrillo, Marquínez solicitó al Ministerio Público detallar las gestiones efectuadas y las respuestas recibidas. El planteamiento fue respaldado por el abogado Pedro Meilán, quien reiteró que la defensa se encontraba en desventaja por esta condición.

Luego de esta discusión, y una vez aclarado el punto, la jueza anunció que, al continuar la audiencia, se procedería con el auto de llamamiento a juicio. Durante este tramo del proceso, las auxiliares judiciales iniciaron la lectura de las diligencias que constan en el expediente del caso en Panamá.

Tras varias horas de lectura y un receso adicional de 15 minutos, la fiscal Morcillo informó que el auto había sido leído hasta la página 100 de un total de 407, y adelantó que la lectura podría concluir el miércoles.

Finalmente, a las 5:58 p.m., la jueza Marquínez declaró el cierre de la sesión, anunciando que el juicio se reanudará este martes 13 de enero a partir de las 9:00 a.m. También comunicó que desde el mediodía del martes estarán disponibles los audios correspondientes a la validación de acuerdos de pena.

El juicio del caso Odebrecht, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en Panamá, contempla la presentación de unas 160 pruebas, más de 60 testigos y 12 asistencias judiciales para sustentar la acusación por blanqueo de capitales mediante sociedades fantasmas. El expediente consta de 2,973 tomos y recoge una investigación que se ha extendido por más de una década, tras varios intentos fallidos de suspender el proceso.

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La Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito Judicial, con sede en Atlanta, desestimó este miércoles la demanda civil presentada por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal contra el procurador general de Estados Unidos, el Secretario de Estado y un exfuncionario del Departamento de Estado, en un intento por reactivar el principio de especialidad del Tratado de Extradición entre EE.UU. y Panamá.

Con este fallo, la corte confirmó la decisión de la jueza Jill Pryor, del Distrito Sur de Florida, quien ya había rechazado la acción legal por razones procesales, al considerar que Martinelli carecía de legitimación para presentar la demanda.

El exmandatario buscaba que la justicia estadounidense reconociera que el principio de especialidad —que prohíbe procesar a un extraditado por delitos distintos a los que motivaron su extradición— aún debía protegerlo. Martinelli fue extraditado en 2018 desde Estados Unidos a Panamá para enfrentar el caso de las interceptaciones ilegales, por el que resultó absuelto en 2019.

Tras esa absolución, el Ministerio Público panameño reactivó dos causas emblemáticas contra él: New Business, por blanqueo de capitales en la compra de un grupo editorial, y Odebrecht, por presuntos sobornos de la constructora brasileña. El 4 de marzo de 2024, quedó firme una condena de 10 años y 8 meses por el caso New Business. El proceso por Odebrecht sigue pendiente.

En su demanda, Martinelli intentaba anular la validez de varias cartas enviadas por el entonces funcionario del Departamento de Estado, Thomas B. Heinemann, al gobierno panameño. En esas comunicaciones, Estados Unidos indicó que ya no consideraba vigente el principio de especialidad en su caso, permitiendo así que Panamá lo investigara por otros delitos.

Los abogados del expresidente alegaban que Heinemann no tenía autoridad para hablar en nombre del gobierno estadounidense, y que el Departamento de Estado violó procedimientos administrativos al adoptar esa postura. Presentaron siete puntos clave que, de ser aceptados, habrían implicado la restauración del principio de especialidad.

Sin embargo, tanto la jueza Pryor como el panel de apelaciones coincidieron en que Martinelli no tiene base legal para demandar a los funcionarios estadounidenses. Según la sentencia, los presuntos daños no provienen de decisiones del gobierno de EE.UU., sino del sistema judicial panameño, que no es parte de la demanda.

La Corte también recordó que Estados Unidos ya había comunicado oficialmente su renuncia al principio de especialidad en este caso, lo cual cierra la puerta a cualquier reclamo en ese sentido.

Este fallo representa un cierre categórico al intento del expresidente Martinelli por utilizar el sistema judicial estadounidense como plataforma para desarticular los procesos legales que aún enfrenta en Panamá.

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La Asamblea Nacional vivió una jornada cargada de tensión este 22 de abril, en la que no se logró discutir el polémico proyecto de ley 235, que propone una amnistía política para los implicados en algunos de los casos más emblemáticos de corrupción en el país, como Blue Apple, New Business y Odebrecht. La propuesta, impulsada por sectores afines al expresidente Ricardo Martinelli, ha encendido el debate político nacional y generado una fractura profunda entre los partidos representados en el hemiciclo.

A pesar de que Martinelli había calificado la fecha como “un día de vital importancia” para el avance del proyecto, el tema no fue incluido en la agenda del pleno, revelando el nivel de incertidumbre y resistencia que existe entre los diputados.

División dentro y fuera de los partidos

La propuesta, presentada por el diputado Jairo “Bolota” Salazar, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), ha sido rechazada incluso por figuras prominentes dentro de su propia bancada. Entre ellos se encuentra Crispiano Adames, quien votó en contra durante el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. La postura de Adames no es aislada: varios legisladores del PRD han preferido mantener silencio, mientras crece la presión desde distintos sectores para frenar la medida.

El diputado Betserai Richards, del bloque opositor Vamos, fue uno de los más contundentes en su rechazo. “No podemos premiar la corrupción”, declaró con firmeza, anticipando su voto negativo una vez que el proyecto llegue al pleno. Su posición representa a un grupo creciente de diputados que consideran que la amnistía sería un paso atrás en la lucha contra la impunidad.

Informe de minoría en espera

Para que el proyecto vuelva a la vida legislativa, debe primero ser aprobado un informe de minoría respaldado por los diputados Luis Eduardo Camacho y Ariel Vallarino, ambos del partido Realizando Metas (RM), cercano a Martinelli. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, la votación del informe sigue pendiente. Las demoras y la falta de consenso sugieren un ambiente de incertidumbre dentro del órgano legislativo.

Silencios estratégicos y presiones internas

La falta de una postura unificada es notoria en bancadas como la del Partido Panameñista. Aunque su presidente, José Isabel Blandón, ha instado públicamente a sus diputados a no apoyar el proyecto —calificándolo como “una aberración” y una “rendición ante la corrupción”—, varios miembros de la bancada han optado por no revelar sus intenciones de voto.

Entre los diputados panameñistas figuran nombres como José Luis “Popi” Varela, Jorge Herrera, Ariana Coba, Ricardo Vigil López, Medin Jiménez Pittí, Francisco Brea, Roberto Archibold y Edwin Vergara. Aunque algunos mantienen una postura crítica hacia la amnistía, el silencio de otros deja abierta la posibilidad de sorpresas en una eventual votación.

Aún más incierta es la situación en Cambio Democrático (CD), partido presidido por Yanibel Ábrego. Esta bancada cuenta con figuras abiertamente alineadas con Martinelli, como Manuel Cohen y Orlando Carrasquilla, quienes incluso lo han visitado durante su asilo en la embajada de Nicaragua. Otros seis diputados de CD —Didiano Pinilla, Carlos “Tito” Afú, Eduardo Vásquez, Gertrudis Rodríguez, Julio De la Guardia y Yessica Romero— son considerados votos indecisos o en disputa.

Choque frontal entre aliados y detractores de Martinelli

En medio del debate, no han faltado los enfrentamientos verbales. El propio Salazar arremetió contra sus colegas: “El miedo de todos ustedes es que Ricardo Martinelli esté en la calle porque no se lo ganan”, lanzó este martes, avivando el fuego político y dejando claro que, más allá de un proyecto de ley, lo que está en juego es el futuro político de una de las figuras más controvertidas del país.

Con el destino del proyecto aún incierto, y las posiciones dentro de la Asamblea Nacional cada vez más polarizadas, lo único claro es que la discusión sobre la amnistía no terminará pronto. Lo que debía ser una propuesta de reconciliación política ha terminado por convertirse en un nuevo frente de batalla en la ya fragmentada política panameña.

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En una jornada marcada por tensiones, discursos encendidos y una alta dosis de expectativa, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó este martes —con cinco votos en contra y apenas dos a favor— el controvertido proyecto de ley que buscaba otorgar una amnistía general a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, implicados en algunos de los casos de corrupción más emblemáticos del país: New Business, Blue Apple y Odebrecht.

Desde que inició la sesión poco antes del mediodía, el ambiente estaba cargado. En el salón se respiraba una mezcla de anticipación y escepticismo. La ciudadanía, pendiente. Los medios, atentos. Los rostros tensos de los diputados anticipaban que no sería una jornada cualquiera.

Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión y miembro del partido Realizando Metas (RM), presidió la sesión con autoridad y tono serio. Su voz rompió el silencio al leer el primer artículo modificado del proyecto: “Artículo número uno, modificado: los que estén a favor, levanten la mano”. Solo él y su compañero de bancada, Ariel Vallarino, alzaron los brazos. Cinco manos se mantuvieron firmemente abajo. Y con ese gesto, el proyecto cayó en picada.

Una votación que habló por sí sola

La votación en contra, breve pero contundente, marcó el destino del proyecto. A los diputados Manuel Cheng y Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos, se unieron José Pérez Barboni, de Otro Camino, y dos diputadas suplentes: Marta de Sandoya, en lugar de Crispiano Adames, y Ana María Poveda, suplente de Didiano Pinilla, del partido Cambio Democrático. Este último voto causó especial sorpresa: apenas una semana antes, Pinilla había estampado su firma como proponente del mismo proyecto que ahora su suplente ayudaba a sepultar.

Al confirmarse la mayoría en contra del primer artículo —el corazón mismo de la propuesta— Camacho explicó que, de acuerdo con el criterio legal de la comisión, todo el texto quedaba desechado. Sin más discusión, dio por cerrada la sesión a la 1:30 p.m., no sin antes prometer que presentaría un informe de minoría ante el pleno de la Asamblea.

Un debate que dejó cicatrices

Más allá de la votación, el debate que antecedió al desenlace reveló profundas fisuras políticas. Diputados que no forman parte de la comisión pidieron la palabra para expresar su indignación ante lo que calificaron como un intento burdo de legalizar la impunidad.

Janine Prado, de Vamos, fue tajante: “Este proyecto no busca justicia, busca blindar a quienes se aprovecharon del poder. Es un traje a la medida para expresidentes, exministros y familiares relacionados”. Recordó que la Constitución prohíbe los privilegios y consagra la igualdad ante la ley. Su discurso, encendido y claro, arrancó aplausos discretos desde el fondo del salón.

Luis Duke, también de Vamos, fue más allá. Denunció que mientras decenas de proyectos anticorrupción llevan meses engavetados, esta iniciativa se discutía “a la velocidad de la luz”. Ironizó: “Le pregunté a mis asesores y hasta a ChatGPT: estos no son delitos políticos”. Y cerró su intervención con una sentencia lapidaria: “No podemos convertir el sistema de justicia en una herramienta para proteger a los poderosos”.

Defensores del proyecto: entre la lealtad y la narrativa de persecución

Por el lado oficialista, las voces fueron menos, pero igual de apasionadas. Jamis Acosta, de RM, defendió la propuesta como una medida de justicia para cualquier ciudadano “perseguido por procesos amañados”, recordando su rol en el equipo legal de Martinelli durante el caso de los “pinchazos”. Denunció una “persecución judicial” que, según él, acumuló 27 carpetas contra el expresidente.

Por su parte, Jairo “Bolota” Salazar, co-proponente del proyecto, admitió sin rodeos que su motivación era personal: “Soy amigo de Ricardo Martinelli. Y él me lo demostró en el quinquenio pasado”. Una frase que, lejos de despejar sospechas, confirmó la dimensión política y emocional de la iniciativa.

Un segundo intento fallido

Este es ya el segundo intento del Legislativo por liberar al expresidente Martinelli de la condena de 128 meses de prisión por el caso New Business, que involucra la compra irregular de la Editora Panamá América mientras aún ocupaba la Presidencia. A este caso se suman los de Odebrecht y Blue Apple, por los que también enfrenta juicios junto a sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.

El anteproyecto, de apenas seis artículos —uno de ellos añadido a mano—, establecía una amnistía general para todos los sentenciados o procesados por estos tres casos. El artículo 1 no dejaba lugar a dudas: se trataba de un “borrón penal” amplio y profundo.

Por hoy, en la Asamblea Nacional, la justicia pareció imponerse a la conveniencia. El intento de amnistía fue frenado en seco. Y, al menos por ahora, el mensaje que se envía es claro: la corrupción no se perdona con votos, se enfrenta con responsabilidad.

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La tarde de este jueves, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional dio inicio a la discusión del anteproyecto de ley No. 235, una iniciativa que propone decretar una amnistía general para delitos políticos. La propuesta, presentada por el diputado Jairo “Bolota” Salazar del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ha provocado una oleada de reacciones por su posible impacto en casos judiciales de alto perfil, incluyendo el del expresidente Ricardo Martinelli.

Durante la sustentación del anteproyecto, el propio Salazar reconoció abiertamente que esta ley sería, en sus palabras, “una camisa” para el exmandatario Martinelli, actualmente condenado a 128 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el conocido caso “New Business”, relacionado con la compra del grupo editorial Epasa mediante fondos públicos triangulados a través de sociedades ficticias.

El texto del anteproyecto no solo contempla la amnistía para condenas ya dictadas, sino también para procesos en curso o futuros, lo que abre la puerta a la extinción de acciones penales en otros casos emblemáticos como los escándalos de Odebrecht y Blue Apple, que involucraron sobornos multimillonarios y contratos amañados durante administraciones pasadas.

Una definición ambigua: ¿qué es un delito político?

La propuesta, firmada por al menos 40 diputados, se ampara en la figura jurídica de la “amnistía por delitos políticos”. Sin embargo, hasta ahora no se ha definido con precisión en el texto qué se considera un “delito político”. La redacción abierta y general ha levantado alertas entre juristas y organizaciones de la sociedad civil, que temen que esta fórmula permita amnistiar delitos comunes de carácter grave, como el blanqueo de capitales, la corrupción administrativa, el peculado y el enriquecimiento ilícito, disfrazándolos de motivaciones políticas.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación, ha sostenido que los delitos cometidos en los casos mencionados no guardan relación con causas políticas ni ideológicas, sino con el aprovechamiento personal del poder para obtener beneficios económicos a través de redes estructuradas de corrupción.

¿Quiénes apoyan esta ley?

La propuesta cuenta con el respaldo de diputados de distintas bancadas, especialmente del PRD, del partido Realizando Metas (RM) —vinculado directamente a Ricardo Martinelli— y de otrosn aliados. Los firmantes conocidos hasta el momento ya hay firmas ilegibles que no se ha podido reconocer son:

1. Jairo “Bolota” Salazar (PRD)
2. Ariel Vallarino (PRD)
3. Sergio “Chello” Gálvez (Cambio Democrático)
4. Flor Brenes (PRD)
5. Lilia Batista (PRD)
6. Luis Eduardo Camacho (RM) – Presidente de la comisión
7. Jaime Vargas (PRD)
8. Arquesio Arias (PRD)
9. Yesica Romero (PRD)
10. Yuzaida Marín (PRD)
11. Didiano Pinilla (PRD)
12. Alaín Cedeño (Cambio Democrático)
13. Marcos Castillero (PRD)
14. Gertrudis Rodríguez (PRD)
15. Tomás Benavides (PRD)
16. Orlando Carrasquilla (PRD)
17. Nelson Jackson (PRD)
18. Shirley Castañeda (PRD)
19. Néstor Guardia (PRD)
20. Johan Guevara (PRD)
21. Edwin Vergara (Cambio Democrático)
22. Juan Díaz (suplente – PRD)
23. Abelardo Antonio (suplente – PRD)
24. Benisio Robinson (hijo) (suplente – PRD)
25. Víctor de Jesús Castillo (PRD)
26. Ronald De Gracia (PRD)
27. Isaac Mosquera (PRD)

La lista sugiere un intento concertado de varios bloques legislativos por impulsar la iniciativa a paso rápido, incluso antes de que inicie formalmente la próxima legislatura.

Críticas y advertencias

El diputado José Pérez Barboni, del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), fue uno de los primeros en alzar la voz en contra del proyecto. Señaló la preocupación de que se convoque a la comisión sin un análisis jurídico profundo y sin considerar el impacto institucional de una ley de esta naturaleza. Afirmó que el objetivo real del anteproyecto es claro: “limpiar el camino judicial de quienes han sido investigados y sancionados por corrupción, incluyendo al expresidente Martinelli”.

Barboni también denunció que esta estrategia política amenaza la independencia del sistema de justicia y la lucha contra la impunidad en Panamá, además de poner en riesgo la credibilidad del país ante la comunidad internacional.

¿Qué sigue?

La sesión de la Comisión de Gobierno fue suspendida tras la sustentación del anteproyecto y se reanudará el lunes 14 de abril por la tarde. Se espera que en esa próxima sesión se escuchen otras voces, se presenten propuestas de modificación y se decida si la propuesta pasa a primer debate.

Por ahora, el país permanece en vilo, con la atención puesta en el futuro de una ley que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Panamá. La gran pregunta es si el sistema legislativo actuará en defensa del interés público o si, como temen muchos, se impondrán los intereses de una élite política que busca blindarse ante la justicia.

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El documento, titulado formalmente “Que decreta amnistía por delitos políticos y dicta otras disposiciones”, fue introducido la noche del 9 de abril en el pleno legislativo. En su intervención, Salazar afirmó contar con el respaldo de 41 diputados. No obstante, al revisar el texto solo figuran 28 firmas, algunas de las cuales son prácticamente ilegibles. Entre los firmantes identificables se encuentran miembros del propio PRD, así como de las bancadas de Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista. Notoriamente ausentes están los representantes de la coalición Vamos y del Movimiento Otro Camino (Moca), así como la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda.

Una amnistía con nombre propio

El artículo 1 del anteproyecto no deja espacio a interpretaciones ambiguas: se otorga amnistía general a las personas condenadas o procesadas en los casos New Business (por la compra del grupo Epasa con fondos de origen ilícito), Blue Apple (una red de sobornos vinculada a contratos estatales) y el escándalo internacional de Odebrecht, en el que Panamá figura como uno de los países más golpeados por la trama de corrupción de la constructora brasileña.

Martinelli está directamente involucrado en los tres casos: ya fue condenado por New Business, enfrenta un juicio por Odebrecht. La amnistía, tal como está redactada, borraría de un plumazo cualquier condena o proceso en curso para él y sus allegados.

El artículo 2 va más allá: ordena a jueces, magistrados y fiscales que dispongan la liberación inmediata de quienes estén detenidos por estos casos y decreten la extinción total de las penas. En otras palabras, el sistema judicial debería dejar sin efecto cualquier sanción, archivo o proceso relacionado con estos expedientes.

Redefiniendo lo político… y lo legal

El anteproyecto también intenta redefinir conceptos clave. Según el artículo 3, el “delito político” incluiría cualquier acción penal emprendida por el Ministerio Público contra miembros del gabinete de Martinelli o funcionarios de su administración, incluso extendiendo el periodo de protección hasta junio de 2015, un año después de que concluyó su mandato.

Esta definición —inusualmente amplia— convierte en “perseguidos políticos” a actores involucrados en procesos por corrupción, desplazando la narrativa judicial hacia una dimensión política.

Por si fuera poco, el proyecto introduce un cambio en el reglamento de la Asamblea Nacional: si el presidente de la República no sanciona u objeta una ley en 30 días hábiles, esta podrá ser firmada y promulgada por la presidencia de la Asamblea y el secretario general, sin pasar por la Corte Suprema de Justicia, incluso en casos de objeción por inconstitucionalidad. Este cambio reduciría significativamente el contrapeso del Ejecutivo y del Poder Judicial en el proceso legislativo.

Una huida en pausa

Martinelli permanece desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua, donde se refugió tras confirmarse su sentencia en el caso New Business. El gobierno de José Raúl Mulino, su aliado político, le otorgó un salvoconducto para abandonar el país con destino a Managua, bajo el argumento de “razones humanitarias”. Sin embargo, Nicaragua —aunque lo reconoció como asilado— nunca respondió formalmente a la solicitud, y el salvoconducto expiró el pasado 3 de abril sin que se concretara su salida.

Si la propuesta avanza en la Asamblea, no solo marcaría un hito jurídico en la historia democrática de Panamá, sino que establecería un precedente peligroso: el borrado legislativo de delitos comunes bajo el velo de lo político.

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