Consejo de Gabinete aprueba medidas para fortalecer la disciplina fiscal y enfrentar retos económicos

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 8 de octubre de 2024 una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (Ley No. 34 del 5 de junio de 2008), mediante el proyecto de ley No. 39-24. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el control del déficit fiscal y reducir la relación de la deuda pública con el Producto Interno Bruto (PIB), a fin de garantizar una mayor sostenibilidad económica a largo plazo. La reforma fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y está alineada con el presupuesto general del Estado para el año 2025, que asciende a 26,084 millones de dólares.

Reforma fiscal con visión clara y simplificada

El ministro Chapman explicó que esta reforma busca, principalmente, simplificar y hacer más comprensible la regla fiscal del país. Con ello, se pretende dotar al gobierno de herramientas más prácticas para aplicar una disciplina fiscal más estricta, evitando ambigüedades y adoptando un enfoque más prudente en el manejo de los recursos públicos. La reforma también contempla la mejora en los mecanismos de transparencia, lo que permitirá a los ciudadanos y actores económicos tener un mejor acceso a la información sobre la gestión de los gastos e ingresos del Estado.

Reducción progresiva del déficit fiscal

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la intención de lograr una consolidación fiscal progresiva. Esto significa que el gobierno se compromete a reducir de manera gradual el déficit fiscal del país, que en los últimos años ha mostrado una tendencia creciente. Actualmente, el déficit fiscal ha superado el límite del 2% fijado por la ley original, y se espera que cierre este año en más del 4.5%. Chapman aseguró que la meta es bajar estos niveles, generando un superávit primario (saldo positivo antes de pagar los intereses de la deuda) en los próximos años.

Respuesta a desafíos históricos y recientes

La reforma responde también a la necesidad de enfrentar los desafíos económicos que han afectado a Panamá en los últimos años, como la pandemia de COVID-19, que generó un impacto fiscal devastador, elevando el déficit a cerca del 10%. Además, eventos como la sequía prolongada que afectó las operaciones del Canal de Panamá han demostrado que la ley de 2008 no estaba preparada para prever este tipo de circunstancias. Por ello, uno de los pilares de la reforma es incorporar disposiciones que permitan al gobierno actuar de manera más efectiva ante futuras crisis, sin comprometer la estabilidad fiscal.

Límite a la relación deuda-PIB

Otro elemento central de la reforma es la reducción de la deuda pública en relación al PIB. Actualmente, la ley establece un tope del 40% para esta relación, pero en la actualidad el nivel de endeudamiento se aproxima al 60%, una cifra que preocupa tanto a los analistas financieros como a los organismos internacionales. Chapman indicó que con esta reforma se trazará una hoja de ruta para reducir progresivamente esta relación, lo que permitirá que el país alcance un nivel de deuda más manejable y acorde al crecimiento de su economía.

Evitar modificaciones frecuentes a la ley

Chapman también subrayó que una de las motivaciones para esta reforma es evitar la frecuente modificación de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal por parte de los gobiernos. En los últimos 15 años, esta ley ha sido enmendada en más de cinco ocasiones, principalmente para solicitar dispensas ante la Asamblea Nacional que permiten sobrepasar los límites fiscales establecidos. La nueva normativa busca establecer un marco más rígido y menos susceptible a cambios, lo que contribuirá a una mayor confianza por parte de los acreedores, agencias calificadoras y otros actores económicos clave.

Próxima discusión en la Asamblea Nacional

El proyecto de ley que reforma la Ley de Responsabilidad Social Fiscal será presentado en los próximos días ante la Asamblea Nacional, donde se espera que sea discutido y aprobado para su implementación en 2025. Esta reforma es vista como un paso crucial para consolidar la disciplina fiscal del país y asegurar un manejo más eficiente y responsable de los recursos públicos, en beneficio de las futuras generaciones.