Roxana Méndez: cómo la descentralización pública llega a cada rincón de Panamá

Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, explica los avances en descentralización pública y transparencia en Panamá. Conoce cómo se transfieren recursos y se fiscalizan proyectos.
Roxana Méndez: cómo la descentralización pública llega a cada rincón de Panamá

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | octubre 2, 2026 13:43 UTC-5
PANAMA EN DIRECTO - Roxana Méndez: cómo la descentralización pública llega a cada rincón de Panamá

La descentralización pública en Panamá no es un concepto abstracto ni una promesa electoral olvidada en un cajón. Es, según explica Roxana Méndez, directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), un mecanismo concreto de transferencia de poder, recursos y competencias hacia los gobiernos locales. Y, sobre todo, una herramienta para acabar con esa frase que resuena en tantos corregimientos del país: «esto es un pueblo olvidado».

En una conversación en vivo, Méndez desgranó cómo funciona este engranaje de la descentralización pública y transparencia que, según los números que maneja la AND, ya ha tocado a 653 comunidades con acceso a agua, 274 con energía nueva, y ha construido 1.500 caminos que conectan poblaciones antes aisladas. Son cifras que hablan de un cambio tangible, aunque también revelan tensiones políticas y desafíos administrativos que aún persisten.

El proceso: de la comunidad al Estado, y viceversa

La descentralización pública funciona en Panamá a través de un proceso que comienza en la base: las juntas comunales y los corregimientos. Pero no es un flujo unidireccional de dinero. Es un ciclo que requiere participación ciudadana, aprobación municipal, revisión técnica y, finalmente, fiscalización.

Primero, cada distrito debe tener un plan estratégico donde alcaldes y representantes acuerdan las prioridades. Luego, el Estado transfiere recursos: algunos para inversión, otros para funcionamiento. Las juntas comunales convocan audiencias públicas —con mínimo 30 días de anticipación— donde la comunidad discute y aprueba qué proyectos ejecutar. Si no hay aprobación, el dinero no se ejecuta.

Una vez aprobado en la audiencia pública, el proyecto va al consejo municipal. Después, llega a la AND con especificaciones técnicas detalladas: materiales, medidas, costos, documentación legal del terreno. Ahí es donde la autoridad revisa si el costo es razonable, si las especificaciones son claras, si el terreno es realmente propiedad municipal.

«La descentralización es para acabar con el pueblo olvidado porque el Estado llega a cada punto, transfiriéndole recursos, transfiriéndole atribuciones», explicó Méndez.

Una vez aprobado por la AND, el proyecto entra en ejecución. Y aquí es donde la descentralización pública y transparencia se vuelven inseparables: todo está en línea, en la página web de la AND, donde cualquier ciudadano puede ver dónde está cada proyecto, cuánto cuesta, en qué estado de avance se encuentra.

Los números: 225 millones transferidos, 70% ejecutado

Desde que la AND comenzó sus operaciones, ha transferido 225 millones de dólares en fondos de inversión. De esos, 201 millones ya tienen viabilidad aprobada. Y lo más relevante: el 70% ya está finalizado.

Eso significa 1.500 caminos construidos, 653 comunidades con acceso a agua potable por primera vez, 274 con energía eléctrica nueva. Hay 7.580 proyectos en ejecución o completados. No son megaobras que tarden años. Son intervenciones puntuales que resuelven problemas cotidianos: un techo de escuela reparado, una calle pavimentada, un acueducto comunitario.

«Las megaobras tardan mucho tiempo. Estas obras pequeñas le resuelven la vida en la cotidianidad y el bienestar que están exigiendo y demandando», señaló Méndez.

La fiscalización: más allá de transferir dinero

Pero transferir dinero no es suficiente. La AND hace giras semanales en sus 13 regionales del país. Revisan proyectos en ejecución, toman fotos, verifican que lo aprobado sea lo que realmente se está construyendo. Todo queda documentado.

Además, la autoridad cuenta con ingenieros, arquitectos y técnicos que evalúan costos usando catálogos estandarizados de la Contraloría. Si un proyecto está presupuestado por debajo de lo que realmente cuesta, la AND lo rechaza. Si está sobrecostado, también. La idea es evitar que una obra quede a mitad de camino o que un contratista no quiera asumir un proyecto porque el presupuesto es irreal.

Para facilitar esto, la AND ha puesto en línea más de 200 croquis con mediciones y especificaciones de obras comunes en comunidades: caminos, acueductos, salones de clase, canchas deportivas. Las juntas comunales pueden descargarlos, adaptarlos a su terreno y calcular costos reales.

La brecha digital: el talón de Aquiles

Pero hay un problema que Méndez reconoce sin rodeos: la brecha digital. Muchas juntas comunales no tienen acceso a Internet. Algunos representantes viajan cuatro días para entregar documentos en persona a la AND. Es, en sus palabras, «imperdonable».

Por eso la AND lanzó un proyecto piloto para dotar a 15 juntas comunales de Starlink, computadoras y paneles solares. También está digitalizando todo el proceso: ahora aceptan documentos vía correo electrónico, hacen reuniones virtuales, y permiten subsanaciones sin que los representantes tengan que viajar.

«Los tiempos de traslado, incluso ya las subsanaciones. Si le faltó algo, se lo comunicamos por correo electrónico y ellos nos los mandan por correo electrónico», explicó.

Las tensiones políticas: el caso de Vinicius Robinson

No todo es armonía. En la comparecencia de la AND ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado Vinicius Robinson fue, según Méndez, «muy agresivo». Hizo señalizaciones sobre la gestión de la autoridad.

La razón: la AND solicitó investigación al Ministerio Público de más de 300 juntas comunales de la administración anterior que no pudieron sustentar el uso de fondos transferidos. Una mayoría de esas juntas eran del Partido Democrático (PD), el partido del diputado Robinson.

«Data mata cuento», respondió Méndez cuando le preguntaron sobre la reacción del diputado. «Mi gestión, porque hay un gran equipo de trabajo detrás de cada logro, es que el dinero se ejecute y se ejecute correctamente».

La AND insiste en que las investigaciones no son políticas, sino administrativas. Si una junta comunal no puede justificar cómo gastó dinero público, debe investigarse. Punto.

El dilema de los alcaldes y representantes

Hay una tensión estructural en el sistema: los alcaldes administran fondos de inversión del impuesto de bienes inmuebles (que pueden ser 375.000 dólares anuales), mientras que los representantes de corregimiento reciben 110.000 dólares anuales (70% para inversión, 30% para funcionamiento).

Los representantes sienten que no tienen suficiente dinero para responder a todas las demandas de sus comunidades. Los alcaldes, a veces, priorizan obras en ciertos corregimientos sobre otros. Hay negociaciones, conflictos, frustraciones.

Pero la ley es clara: los fondos de los representantes van directamente a la cuenta de la junta comunal a inicio de año. El alcalde no puede bloquearlos. Son dos flujos de dinero independientes.

«No hay forma. Esos fondos van directo a la cuenta de la Junta comunal a inicio de cada año y se le da el monto anual completo», aclaró Méndez.

La reforma de la ley: estancada pero no muerta

La AND propuso una reforma a la Ley de Descentralización que incluye aumentar financiamiento para juntas comunales y mejorar la distribución de recursos. Pero en el segundo debate en la Asamblea Nacional surgieron discrepancias. Algunos diputados cuestionaron cambios de última hora, incluso la eliminación de funciones de la AND de su estructura administrativa.

Faltó consenso. Faltó consulta. Y faltó disposición del Gobierno de asumir la responsabilidad financiera que implicaba la reforma.

Ahora el proyecto está en la Comisión de Asuntos Municipales, en punto de primer debate. La AND está abierta a nuevas discusiones, pero Méndez es clara: si solo se trata de aumentar presupuesto, hay otras vías. Lo importante es fortalecer la capacidad administrativa de las juntas comunales: equipos técnicos, contables, abogados que puedan ejecutar proyectos más grandes.

El problema de la equidad: Ancón vs. San Francisco

Hay una falla estructural que Méndez reconoce: la fórmula actual de distribución de recursos no combate las desigualdades. Corregimientos como Ancón, con población de altos ingresos, reciben el mismo monto que San Francisco, un corregimiento más vulnerable.

La ley establece dos variables: población y recaudación propia del distrito. Hay un mínimo garantizado de 500.000 dólares para todos los distritos, financiado principalmente por Panamá (que tiene mayor recaudación). Pero eso significa que un corregimiento con 100.000 habitantes recibe lo mismo que uno con 150.000.

La AND contrató una consultoría con apoyo de Naciones Unidas para diseñar un nuevo sistema de distribución basado en un índice de vulnerabilidad: población, acceso a servicios básicos, educación, ingresos, ruralidad. Esa propuesta está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

«Queremos que aquí si se va a aumentar dinero sea de una forma más proporcional a las realidades», explicó Méndez.

La transparencia como escudo

Para Méndez, la transparencia no es un lujo. Es un seguro. «No hay mejor seguro para alguien que ocupa un cargo público que la transparencia», dijo durante la entrevista.

Por eso la AND puso todo en línea. Cualquier ciudadano puede entrar a www.and.gob.pa, buscar su corregimiento, y ver qué proyectos se aprobaron, cuánto costaron, en qué estado están. Si ve que un proyecto aprobado por 200.000 dólares aparece con solo 100.000, puede reclamar. Si ve que un proyecto no avanza, puede preguntar.

Eso convierte a los ciudadanos en fiscales. Y eso, para Méndez, es el punto.

«La transparencia llegó para quedarse y el que no quiere entender eso se va a enredar. Data mata cuento. Ahí están los resultados. Ahí están los datos. Sabemos a dónde está cada dólar», afirmó.

El concurso de periodismo: invitación a contar la historia

La AND lanzó un concurso de periodismo hasta el 15 de noviembre para reportajes, entrevistas o análisis sobre el proceso de descentralización en estos 10 años. La idea es que comunicadores y periodistas divulguen cómo funciona el sistema, cuáles son los avances, cuáles son los desafíos.

Porque, al final, la descentralización pública y transparencia no son solo números en una página web. Son historias de comunidades que por primera vez tienen agua, de caminos que conectan pueblos aislados, de representantes trabajando «a tambor batiente» para optimizar recursos, de alcaldes haciendo alianzas con el MOP para que un tractor ponga la mano de obra y la comunidad ponga los materiales.

Son historias de un país que, lentamente, está dejando de ser un país de pueblos olvidados.


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