Protestan alcaldes y representantes por recortes en fondos de inversión local

Cerca de 500 representantes y 100 alcaldes de distintas regiones del país protestaron en la Asamblea Nacional, en defensa de los fondos destinados a proyectos de inversión local. En un clima de creciente tensión, los manifestantes clamaban por la importancia de estos recursos, fundamentales para el desarrollo de sus comunidades.

El diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, habló en un tono firme, Herrera subrayando que no se puede culpar a todas las juntas comunales por las irregularidades cometidas según dijo, por unas pocas, durante el proceso de descentralización en el gobierno anterior, en el que se transfirieron $320 millones sin los debidos controles. “Para eso están los tribunales de justicia”, enfatizó, mientras recibía el apoyo de la multitud.

El centro del conflicto gira en torno a los fondos que recibirán las 701 juntas comunales y 81 municipios el próximo año. Según la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto asignado para la Autoridad Nacional de Descentralización será de $140.4 millones, lo que representa una reducción de $57.1 millones en comparación con el monto asignado en 2024.

Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, calificó la medida como un «retroceso» en el proceso de descentralización. Explicó que las juntas comunales y los gobiernos locales son los únicos que realizan consultas ciudadanas para decidir sobre el uso de estos fondos. «El 80% de los gobiernos locales son nuevos y estamos comprometidos con la transparencia», añadió.

Por otro lado, Miguel Batista, presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, advirtió que si no se revierte el recorte, muchas alcaldías no podrán cumplir con las necesidades de sus comunidades el próximo año. A su vez, la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, reiteró que la descentralización es clave para mejorar la calidad de vida en las comunidades y aseguró que se buscará una solución junto con el Ejecutivo para evitar que las alcaldías queden sin recursos.

Con la fecha límite del 31 de octubre para la aprobación del presupuesto, las autoridades locales esperan que sus demandas sean escuchadas para garantizar el desarrollo continuo de los proyectos en sus respectivas comunidades.