¿Puede Panamá fiscalizar la mina? Manuel José Paredes analiza la capacidad real del Estado

Exviceministro Manuel José Paredes explica si la fiscalizacion mina panama capacidad existe. Analiza tecnología, controles ambientales y la voluntad política necesaria para supervisar operaciones mineras.
¿Puede Panamá fiscalizar la mina? Manuel José Paredes analiza la capacidad real del Estado

REDACCIÓN | Panamá en Directo

Panamá | septiembre 14, 2026 06:58 UTC-5
PANAMA EN DIRECTO - ¿Puede Panamá fiscalizar la mina? Manuel José Paredes analiza la capacidad real del Estado

La pregunta que atraviesa el debate sobre la mina de Donoso no es si Panamá puede fiscalizar, sino si quiere hacerlo. Esa es la conclusión que emerge de la conversación entre Manuel José Paredes, exviceministro de Comercio e Industrias, y los conductores del programa, después de casi una hora diseccionando la capacidad estatal para supervisar operaciones mineras.

Paredes, quien pasó por el sector público en la dirección de Recursos Minerales durante la administración Torrijos, trae consigo dos décadas de experiencia en fiscalización mina Panamá. Y su mensaje es claro: las herramientas tecnológicas existen. Los mecanismos legales están en la legislación. Lo que falta es voluntad política.

El agua y el aire: los dos indicadores que importan

Cuando Paredes trabajaba en el Ministerio de Comercio, la supervisión de los trabajos de exploración en el sitio donde hoy opera la mina era manual y laboriosa. Cada 15 días, un equipo de funcionarios viajaba al campamento de Colina, dormía allá, y pasaba tres días caminando por los ríos recogiendo muestras de agua. Medían partículas suspendidas, llevaban un control semanal, y si los números empeoraban, imponían multas.

Jaime Roquebert, entonces director de la Oficina de Recursos Mineros —un nombre que Paredes menciona varias veces con admiración—, estableció un principio que sigue siendo válido: si la mina abre, hay dos cosas críticas que verificar: la calidad del agua y la calidad del aire. Esos son los triggers que dirán si las operaciones se hacen bien o mal.

«Hace 20 años, él vio un esquema de supervisión para los trabajos que se estaban haciendo en la mina y me decía que si la mina arranca a trabajar, las dos cosas más importantes de verificar es el agua y el aire. Tú tienes que verificar la calidad del agua alrededor de la mina y la calidad del aire alrededor del sitio.»

Hoy, esa supervisión puede ser infinitamente más sofisticada. Existen sensores remotos que funcionan 24 horas al día. Pueden medir cambios en el pH del agua, la temperatura, las partículas suspendidas. Todo sin que un funcionario tenga que caminar bajo la lluvia en Colina.

De hecho, cuando Minera Panamá operaba la mina, ya hacía exactamente eso. No porque Panamá lo exigiera, sino porque sus prestamistas en Nueva York lo exigían. Cada seis meses, la empresa enviaba auditorías ambientales realizadas por terceros al New York Stock Exchange. Era obligatorio para ser sujeto de crédito.

La información pública como herramienta de fiscalización

Aquí es donde Paredes plantea algo radical: si la decisión es abrir la mina, el gobierno debe obligar a que toda la información ambiental que la empresa recolecte sea de acceso público. No como favor. Como obligación.

«Yo hace rato hubiera obligado a la minera a hacer de esa información, una información pública accesible a todo el mundo. Para que todo el panameño preocupado e interesado que quiere saber de eso, pudiera entrar en un sitio de internet y ver cuál ha sido el comportamiento de los controles.»

El ejemplo que usa es simple: así como cualquier panameño puede entrar a ver el nivel de los lagos Alajuela y Gatún en tiempo real, o el precio del petróleo a través de indicadores públicos, debería poder revisar los datos de calidad de agua y aire de la mina. Si el 28 de septiembre hay un aumento en partículas por millón en el río, el ciudadano entra, revisa, y ve si fue culpa de la mina o si llovió mucho en la montaña y vino «porquería» de arriba.

Eso no es fiscalización estatal únicamente. Es fiscalización ciudadana. Y eso, dice Paredes, es lo que realmente obliga al gobierno a hacer su trabajo.

El riesgo de la presa artificial que quita el sueño

Pero hay algo que preocupa más a Paredes que los números y los sensores. El material que se sacó del tajo abierto fue depositado en una presa artificial, creada simplemente amontonando tierra. No es una estructura de concreto con bases. Es material que se ha ido aglomerando y pegando.

«Mi principal terror es que Dios no lo quiera, algún día, por no tener materia prima para ir amontonando en el área, la presa se rompa. Ese es un riesgo que existe. Es un terror que yo le tengo todos los días.»

Si eso sucede, dice, lo que pasó en Nepal sería parecido a lo que pasaría aquí. Una autopista de deforestación desde la mina hasta el mar. Y ese riesgo aumenta cada día que pasa sin tomar una decisión. Si el riesgo estaba en 1%, ahora podría estar en 10%. Es una proyección geométrica, no lineal.

Por eso, para Paredes, el gobierno está tarde. No solo en decidir si abre o cierra. En decidir qué hace con esa presa.

La educación y la inteligencia artificial: el trasfondo

La conversación comienza, sin embargo, en otro lugar: en la inteligencia artificial y cómo los empresarios panameños están cometiendo el error de pensar que pueden reemplazar el factor humano con tecnología.

Paredes cuenta una anécdota sobre una junta directiva en Centroamérica donde un miembro fanático de IA le pidió a ChatGPT que describiera cómo debería ser el negocio de seguros en Nicaragua. El sistema devolvió un informe de 3 o 4 páginas que, cuando lo presentaron, resultó ser imposible de implementar. «Esto suena muy bonito, pero esto aquí es imposible. Esto aquí es inalcanzable. Esto aquí va en contra de la ley.»

El punto es que la tecnología genera información, pero el análisis tiene que hacerlo una persona. Y ese análisis tiene que estar enfocado a la realidad del mercado local, no a lo que dice un algoritmo.

Eso conecta con un problema más profundo en Panamá: la educación. Desde 1978 se intenta hacer una reforma educativa y nunca se llega a nada. La gente estudia porque sus papás estudiaban, porque lo vieron en televisión, no porque sepa qué va a hacer con eso en el futuro. Y ahora, cuando la tecnología está transformando los mercados laborales, las universidades siguen produciendo profesionales para empleos que desaparecen.

La Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá es la más grande. Cada año construyen edificios nuevos porque no caben los estudiantes. Pero en 2026, ¿dónde se mete toda esa gente? No hay espacios. Y peor aún: no hay empleos en el sector público para absorber esa cantidad de graduados.

Minería responsable: un oxímoron

Volviendo a la mina, Paredes y los conductores coinciden en algo: la minería sostenible no existe. Es un oxímoron, una contradicción en términos. Como decir «luz oscura» o «carro seguro».

Lo que importa entonces es: ¿cómo hacemos que el impacto sea el menor posible?

Y ahí entra la reforestación. El ministro Navarro dijo que la empresa no ha cumplido con la obligación de reforestar 11,000 hectáreas. Paredes visitó el área de concesión varias veces, incluso en 2022. Vio los laboratorios donde preparaban plantones, donde separaban semillas. No es solo cuestión de sembrar árboles. Si el 25% de los árboles que tumbaste eran mangos, tienes que reponer ese porcentaje con mangos, robles, caobos, nísperos. Tienes que mantener la composición del bosque.

Cuando visitó Molejón, donde operó Petaquilla Minerals, vio que el tajo se había llenado de lechos. Es bonito, evita erosión, pero el lecho no es la planta que necesita ese ecosistema. Es un parche, no una solución.

¿Por qué no hay fundición en Panamá?

Una pregunta recurrente es por qué Panamá no procesa el cobre aquí en lugar de exportar solo el concentrado. Paredes explica que es un tema de economía de escala y costos ambientales.

La fundición (smelting) requiere calentar el concentrado a temperaturas muy altas para separar los metales. Eso genera gases altamente tóxicos. Los controles para mantener esos gases dentro de la estructura son muy costosos. Además, requiere cantidades enormes de energía.

Hace 100 años, la industria de hierro de Estados Unidos y Canadá estaba en auge. Hoy está en decaimiento. ¿Por qué? Porque aunque tienen la materia prima, los costos laborales, ambientales y energéticos hacen imposible competir.

Establecer una fundición en Panamá significaría invertir en infraestructura energética masiva. El concentrado de cobre se vende a $40 la tonelada. El cobre procesado se vende a $65. Esos $25 de diferencia no justifican la inversión si no tienes volumen suficiente o si traes concentrado de otras minas. Y además, la mina está en el Atlántico, pero el mayor cliente de cobre está en el Pacífico. ¿Pones la fundición en el Atlántico y pagas por transportar? ¿O la pones en el Pacífico y pagas por mover la materia prima? Las matemáticas no dan.

El contrato que ya no existe

Un punto que Paredes subraya varias veces: el contrato original fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Eso significa que si el gobierno decide abrir la mina, tiene que negociar nuevas condiciones.

El contrato anterior solo hablaba de cobre. Pero en el área hay oro, molibdenio, plata. Cuando se hizo la exploración, cada 200 metros abrían un hueco profundo y extraían un núcleo. Analizaban qué había a cada profundidad. La «ley» (el porcentaje de mineral por tonelada de tierra) era de alrededor del 9%. Pero ese 9% no era solo cobre. Era material mineral mixto.

En el concentrado que se exporta va cobre, pero también van otros metales. El precio se fija en base al cobre porque es el mayoritario. Pero si el gobierno quiere, puede renegociar para que se paguen regalías también por el oro, el molibdenio, la plata que va en ese concentrado.

La voluntad política: lo que menos tenemos

Al final, Paredes regresa al punto central: la fiscalización mina Panamá capacidad existe. Tecnológicamente, legalmente, humanamente. Lo que no existe es la voluntad de hacerlo.

Cuando él trabajaba en el Ministerio, tenían voluntad. Iban cada 15 días, recogían muestras, ponían multas si era necesario. Jaime Roquebert diseñó un plan de supervisión y lo ejecutaba. Pero ¿qué pasó después? Paredes no sabe. No estuvo en las administraciones siguientes.

Eso es lo que preocupa. Que un gobierno diga «vamos a abrir la mina» y establezca mecanismos de fiscalización, pero que el siguiente gobierno no tenga la misma voluntad. O que la presión política de la empresa sea más fuerte que la del Estado.

Por eso Paredes insiste en que la información debe ser pública. Porque entonces no es solo el gobierno fiscalizando. Es la ciudadanía. Es la prensa. Es cualquiera que tenga acceso a internet y quiera revisar los datos.

«Si el Gobierno, cuando toma la decisión de abrir la mina, toma la decisión de hacer toda esta información pública, la vamos a tener fácilmente. Las herramientas existen. Es un tema de voluntad que a veces es lo que lo que menos tenemos en este país.»

Y luego, con una reflexión que cierra el debate: «Entre más información tú tienes, menos problemas tú tienes.»

El gobierno está tarde en decidir. La presa artificial que contiene los relaves es un riesgo que crece cada día. Pero si decide abrir, tiene las herramientas para hacerlo bien. Solo necesita querer.


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